Este artículo fue publicado originalmente en el número de verano 2023 del NACLA Report, nuestra revista trimestral.
La Amazonía colombiana se encuentra en la formación geológica más primitiva del continente americano, en donde algunos autores registran ocupación humana desde hace 24.000 años. En esta región está ubicado el Parque Nacional Natural (PNN) Serranía de Chiribiquete un lugar importante por su ancestralidad para las comunidades indígenas y la biodiversidad. En este bosque hay más de 70.000 representaciones pictóricas milenarias, creadas por diferentes tribus dentro de las cuales se destacan los antiguos Carijona. En el 2018 la UNESCO declaró como patrimonio natural y cultural de la humanidad las 4.268.095 hectáreas, un territorio aproximadamente del tamaño de Holanda, de bosques espesos, rocas y particulares tepuyes, en los departamentos de Caquetá y Guaviare. Pero hoy, cinco años después de su reconocimiento internacional, Chiribiquete, bordeado por un poco más de 2,3 millones de hectáreas de bosques de la Reserva Forestal, es el territorio más vulnerable y visible ante la expansión de la frontera agropecuaria en la Amazonia.
La Amazonia colombiana, que representa aproximadamente el 42,3 porciento del territorio nacional y 6,4 por ciento del total del bioma continental amazónico, está conformada por más de 42 millones de ha de bosques que garantizan entre otras cosas, la regulación del clima y la oferta de agua en la zona central de país en la cordillera de los Andes. Gracias a su ubicación norte y a las transiciones que establece con los Andes y la Orinoquia, también registra la Amazonia colombiana numerosos endemismos y paisajes tan singulares, como las sábanas del Yarí o los afloramientos del Escudo Guayanes.
En los últimos años la Amazonia ha vivido cambios sin precedentes. Entre el 2000 y el 2022, en Colombia, la ganadería extensiva, carreteras ilegales, cultivos de coca, tala de madera, inversiones preliminares de cultivos de palma de aceite en sus fronteras, minería ilegal, entre otras actividades económicas han transformado un promedio de 120 mil hectáreas anuales de bosques amazónicos en espacios sin bosque. Todos estos impulsores de la deforestación son fenómenos en crecimiento, que siguen sin tratarse a profundidad en el escenario político y judicial nacional e internacional.
La Amazonía es una de las selvas más importantes del planeta. Se extiende por Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Surinam, Venezuela y Brasil y tiene un rol importante en las discusiones internacionales sobre el cambio climático. Hoy, aunque se ha avanzado en algunos aspectos, hay que consolidar en la agenda pública para su protección y manejo. El gobierno de Colombia de Gustavo Petro y Francia Márquez ha establecido como una de sus prioridades la protección de la Amazonia, tema que ha sido incluido en el actual Plan Nacional de Desarrollo, así como en la política de Paz Total y la política de seguridad y defensa. No menos importante, en la agenda de relaciones internacionales con los países de la región, así como con los Estados Unidos y la Unión Europea. Como dijo Petro a los países del mundo en las Naciones Unidas el año pasado: “No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Ayúdennos sin hipocresías a salvar la Selva Amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta”. En este contexto, en la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), de la que soy el Director, planteamos los siguientes retos para el Gobierno colombiano.
Avanzar en políticas internacionales por la defensa de la Amazonia
La Amazonia colombiana tiene un proceso de deterioro creciente en sus fronteras, por condiciones de incremento de economías ilícitas, especialmente la presencia de minería de oro, en algunas áreas coltán, y el incremento de áreas de siembra, transformación y transporte de coca. En un sobrevuelo realizado por FCDS en 2022, además de otros 20 realizados en el mismo año con diferentes autoridades nacionales y miembros del cuerpo diplomático en el país, se pudo observar como la casi totalidad de cuencas compartidas con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, tienen una presencia casi ininterrumpida de este tipo de actividades. Estas actividades han generado impactos significativos e irreversibles sobre los ríos, los bosques y los pueblos indígenas.
Para abordar esta problemática, se requiere desarrollar una política común de integración fronteriza, que además de incluir aspectos de seguridad, debe reforzar la participación de comunidades, restauración en bosques y cuerpos de agua, economías alternativas para zonas periféricas, desarrollo de investigaciones, integración de manejo ambiental entre Areas Protegidas y Resguardos Indigenas, y monitoreo común de fronteras.
Si Colombia logra cambiar su enfoque de política internacional en la Amazonía será un actor líder y clave en la región desde la perspectiva ambiental. Para esto, debe tener en cuenta la transición del modelo económico para la Amazonía hacia la conservación y uso de la biodiversidad y la incorporación de saberes indígenas, y de comunidades locales, así como impedir la expansión de los conflictos armados al resto de la región.
En ese sentido, la próxima primera cumbre de presidentes por la Amazonia, previsto para el mes de agosto, será trascendental en la concreción de estas acciones conjuntas, asi como en la posible negociación en bloque para estimular el aumento en los fondos internacionales en su protección, posiblemente asociados a canjes de deuda externa u otros mecanismos no reembolsables.
Fortalecer la gobernabilidad en el contexto del post-acuerdo
En el año 2016, después de firmado el Acuerdo de Paz con las Farc, Colombia registró su pico más alto de deforestación. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), desde 2016 hasta 2020 se han perdido más de 900.000 hectáreas de bosque en todo el país, de las cuales más de 550.000 ha se ubican en el bioma amazónico. El aumento de la deforestación se debe a que al salir la guerrilla de las Farc de esta zona, el Estado no generó mecanismos legítimos de gobernanza integral, presencia institucional y cumplimiento de los Acuerdos de paz.
Además, grupos disidentes de las FARC tomaron control sobre territorios y poblaciones en esta región, que progresivamente, con grupos económicos interesados en apropiarse de las áreas de los bosques amazónicos, ocuparon más de medio millón de hectáreas en los últimos 5 años en las que viven población históricamente vulnerable y sin derechos de acceso a la tierra.
Paralelamente, estas zonas han recibido más de un millón de cabezas de ganado desde 2016, que propician la consolidación de esta apropiación masiva de tierras. Lo anterior ha generado presión especuladora sobre el valor la tierra, en particular sobre áreas de especial protección ambiental y los predios baldíos de la Nación. La especulación por apropiación ilegal de tierras públicas, cuyo valor comercial es cero o muy bajo, hace que la apropiación ilegal se mantenga.
Durante el gobierno del expresidente Iván Duque, el Ministerio de Defensa el Ministerio de Ambiente y la Fiscalía crearon la Campaña Artemisa para fortalecer la aplicación de la ley en materia de deforestación. Esta intervención es básicamente una operación judicial y militar que buscaba frenar la deforestación y judicializar a sus responsables. Sin embargo, en los procesos de judicialización esta campaña no se concentró en los actores que están detrás de la deforestación y por el contrario infortunadamente mayoritariamente afectó a las personas que se ubican en los eslabones más débiles de la cadena de la deforestación, es decir población campesina vulnerable.
Como resultado, la intervención de Artemisa generó un conflicto socioambiental muy fuerte en la región amazónica, especialmente al sur del Meta y en los departamentos de Caquetá y Guaviare. Esto, aunado al incumplimiento del Punto 1 del Acuerdo de Paz sobre la reforma rural, específicamente en el otorgamiento de tierras a población vulnerable, produjo una nueva ola de violencia contra la naturaleza, los habitantes tradicionales de estos territorios y funcionarios públicos encargados de su protección.
El Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) del gobierno del presidente Petro, plantea varias ventanas de acción para los problemas de la Amazonía. Las estrategias de formalización de tierras, el reconocimiento de derechos de uso del bosque y la promoción de los usos sostenibles del bosque en pie, así como la innovación en mecanismos financieros para población campesina, deberán ser tenidas en cuenta en implementación de la política de “Paz Total”, que es la estrategia para llegar a acuerdos de paz con los diferentes grupos armados que tiene presencia en el territorio.
A finales de 2022, una decisión de la Corte Constitucional colombiana abrió un reto enorme para el gobierno. En el 2021, el gobierno de Duque sancionó la Ley 2111, conocida como Ley contra Delitos Ambientales, entre los cuales se destaca la penalización de la desforestación. Pero en diciembre de 2022 la Corte declaró la inexequibilidad (declaración de ilegalidad) de los artículos de la ley que penalizaban la apropiación de tierras baldías y la financiación de ello. En nuevas iniciativas de ley, el gobierno de Petro necesitará enforcar los esfuerzos legales y operativos hacia los grandes determinadores de la deforestación (financiación, organización, y dirección) y a los delitos conexos.
Ademas, el fortalecimiento de las capacidades administrativas y de manejo territorial por parte de comunidades locales es una herramienta poderosa y legitima para contrarrestar la debilidad institucional y el amedrentamiento que los grupos armados ejercen hacia las organizaciones gubernamentales encargadas del tema ambiental y territorial. La Gobernanza, entendida como el pacto social de la población para acordar reglas de convivencia y manejo territorial en el marco legal, es una opción primordial en la disputa territorial y de recursos naturales.
Frenar el avance de la frontera agropecuaria
Una de las mayores presiones que tienen los bosques colombianos, en particular en la Amazonia, es la dificultad del cierre de la frontera agropecuaria, ya que su ampliación implica la deforestación y degradación de los ecosistemas del bosque para su cambio de uso, definitivo e irreversible, sin cobertura forestal. El cierre de frontera requiere un cambio de paradigma económico y implica: ordenamiento territorial, catastro multipropósito, formalización de la tenencia y propiedad de la tierra a comunidades del bosque y habilitación de usos sostenibles del bosque en zonas de conservación que lo permitan. En síntesis, se trata de un cambio mediante una Política de Forestería comunitaria que mantenga bosques en pie, con comunidades manejándolos, y actuando como administradores territoriales.
En áreas por dentro de la frontera, urge la implementación de medidas para asegurar el cumplimiento de las normas europeas. En diciembre de 2022, la Unión Europea aprobó una ley que exige que las compras de productos agrícolas —palma, ganado, café, cacao, madera, soya— deben tener debida diligencia para demostrar que no provienen de zonas deforestadas y asegurar la trazabilidad ambiental, sanitaria y económica de cadenas productivas.
La zonificación productiva y ambiental definida en el Acuerdo de Paz con las FARC, lo cual contempla el cierre de la frontera agrícola, puede ser un principio importante de ordenamiento territorial escalable a nivel nacional. La definición de la frontera agropecuaria es un recurso técnico y legal que debe ser vinculante para todos los sectores económicos.
Controlar el avance de la ganadería y la expansión vial es un paso importante en esa dirección. Definir un área de 40 millones de hectáreas en bosques amazónicos como área forestal permanente para Colombia, será un avance estructural en su modelo de desarrollo y adaptación al cambio climático, así como la garantía de los derechos a la tierra para comunidades indígenas y campesinas.
Cambiar el modelo de desarrollo para la Amazonia
La extracción de recursos naturales renovables y no renovables ha sido la constante a lo largo de la historia económica de la Amazonia desde finales del siglo XIX, pero a mayor escala, desde mediados del siglo XX. De hecho, la minería y la explotación de hidrocarburos ha afectado varias cuencas sedimentarias en Putumayo y Caquetá generando importantes impactos socioambientales. En la Amazonía es urgente imponer un plan de transición perentorio a la actividad extractiva, así como la definición del mapa de zonificación de la actividad minero energética.
A estas economías extractivas legales de grandes impactos y a la expansión de la ganadería también insostenible, se suman las economías ilegales relacionadas con la apropiación de tierras, la extracción de madera, la producción y tráfico de narcóticos y la extracción y comercialización de oro y otros minerales. Como panorama estructural están los grupos armados ilegales o con la ambivalencia y a veces cooptación de las instituciones estatales.
La minería ilegal en la Amazonia ha generado conflictos socioambientales además que un problema de salud pública. Según investigaciones de Parques Nacionales Naturales sobre los impactos del minería ilegal de oro, en los habitantes indígenas de la amazonia colombiana se encuentran altos contenidos de mercurio que superan en más de 40 veces lo establecido por la Organización Mundial de Salud. La aplicación de la ley en estos conglomerados de macro criminalidad, pero de manera conjunta con países fronterizos y compradores, son parte de la estrategia por abordar, sin desmedro de las políticas de desarrollo para vincular las poblaciones vulnerables que trabajan en estas actividades.
En el caso del narcotráfico, desde el cultivo de la hoja de coca, la comercialización de insumos para la producción de base de coca y cocaína deben tratarse diferencialmente, entre pequeños productores y grandes inversionistas. La cifra de cultivos crece aceleradamente en el país y la región y pero al mismo tiempo las economías cocaleras están en crisis, donde desde finales de 2022 no se ha registrado nuevas compras de base de coca en estas zonas. El cambio de política de drogas se debe dar en el contexto internacional en el que ya se está hablando de la legalización de la producción, comercialización y consumo de productos naturales y derivados de la hoja de coca.
Por otro lado, en Colombia, existe la posibilidad de dar este debate como parte de la implementación del acuerdo de paz, y en particular del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), programa que se esta reformando. La inclusión de los temas relativos a las actividades económicas ilegales deberán ser parte integral de la Agenda de Paz y dialogo con otros grupos armados.
Garantizar el derecho al territorio de pueblos indígenas y comunidades locales amazónicas
Entre los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo, Guainía, Vaupés y Amazonas hay 197 resguardos indígenas, que suman cerca de 23 millones de ha tituladas a comunidades de pueblos indígenas, entre originarios de la selva húmeda e inmigrantes.
El seguimiento a las causas y motores de la deforestación y la degradación de bosques, adelantados por el IDEAM y por varias organizaciones de la sociedad civil, dentro de ellas FCDS, muestra que los territorios colectivos de grupos étnicos son los más conservados, gracias al asiento cultural en su manejo. Sin embargo, en las últimas décadas se ha evidenciado que la titulación no es suficiente, porque la guerra ha apartado de la tierra a gran parte de sus protectores. Después de que los pueblos indígenas son forzosamente desplazados, vienen la invasión y uso insostenible de sus tierras y bosques.
FCDS resalta dos casos: los resguardos indígenas Nukak y Llanos del Yarí Yaguara II, los cuales son el epicentro de la reactivación de los grupos armados disidentes de las FARC. En los años tras la firma de la paz, jueces de la República dictaron medidas cautelares para estos resguardos que garantizaran los derechos de sus comunidades al territorio, derechos que hoy día están cada vez más lejos de cumplirse, frente a las invasiones masivas de nuevos ocupantes, el ingreso de ganadería, carretas, cultivos de coca, y acaparamiento de tierras. Estos dos territorios son estratégicos para las funciones ecológicas de la región pues permiten la conectividad entre los ecosistemas Orinoquia- Amazonia, en el primer caso y Andes- Amazonia en el segundo.
La aplicación de justicia efectiva es deficiente: está desfinanciada, las instituciones están desordenadas y el Estado aún no es capaz de garantizar seguridad y protección de la vida de los habitantes de bosques frente a la presencia de grupos armados ilegales. Gestiones como la que desarrolla la Unidad de Restitución de Tierras, creada en el 2012 para responder a las demandas de víctimas del conflicto armado, serán definitivas para la recuperación de estos territorios. De lo contrario, la tendencia a ser invadidos y cooptados está a la vuelta de le esquina.
Igualmente, será definitivo incluir estos territorios en el esquema de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego y Hostilidades acordado con las disidencias de las FARC (llamados Estado mayor Central, EMC), dada su significativa presencia en estos territorios.
Blindar las áreas protegidas y los parques naturales
La amazonia colombiana recoge 17 de las 62 áreas protegidas nacionales, entre las que se destacan 13 parques nacionales naturales, 2 reservas naturales, 1 santuario de flora y plantas medicinales y 1 santuario de fauna y flora, algunas de ellas traslapadas con territorios colectivos de pueblos indígenas.
Los Parques Nacionales Naturales Sierra de La Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos, Serranía de Chiribiquete, La Paya y la Reserva Nacional Natural Nukak reportan desde el año 1990 hasta 2020 un total de 176.821 ha deforestadas por parte de actores externos. Entre ellos se destaca el PNN Tinigua como el más gravemente depredado, que acumula 25.000 ha de bosque perdido en solo los últimos años, le sigue el PNN Sierra de la Macarena que acumuló 12.000 ha y el PNN Serranía de Chiribiquete con más de 6.000 ha, desde su más reciente ampliación de polígono en 2018.
Desde el 2020, todos los jefes de parque y funcionarios de la Amazonia fueron amenazados y tuvieron que salir de la zona para salvaguardar sus vidas. Luego de su salida, la institucionalidad no ha podido hacer presencia en estas zonas quedando a merced de los grupos armados y economías ilegales. Adicionalmente, comunidades indígenas que comparten gobernanza con las áreas protegidas, han sido amenazadas y desplazadas e invadidos sus territorios.
Parques Nacionales, organismo que administra los parques y áreas protegidas, requiere transformar su modelo de gestión y ser incluidos en los procesos de negociación política de paz del actual gobierno, específicamente en la Mesa de Dialogo con el EMC. Adicionalmente, la protección de territorios indígenas debe pasar por un fortalecimiento de las autoridades tradicionales, sus funciones administrativas, financieras y políticas, en el marco de la descentralización.
Controlar la expansión de la malla vial y desarrollar infraestructura verde
En la actualidad, la expansión de la malla vial es uno de los motores más importantes de deforestación. De acuerdo con los análisis realizados por la FCDS, entre marzo de 2018 y marzo de 2021, la red vial terciaria en el Arco Noroccidental Amazónico (Guaviare, Caquetá y sur de Meta), se incrementó en aproximadamente 2.500 km (lo que equivale a 3,42 km construidos diariamente), correspondientes a vías ilegales asociadas en todos los casos, con procesos de deforestación. Además de ocasionar el deterioro o pérdida de los últimos bosques que permiten la conectividad ecológica entre los Andes y la Amazonia, su principal efecto es la facilitación de la entrada de la ganadería en las áreas deforestadas y apropiadas.
Estudios de FCDS también indican que, a inicios del año 2021 se tenían priorizadas un total de 120 vías por parte de los municipios del departamento del Guaviare, 65% de las cuales tenían restricciones ambientales o sociales, ya que pasaban por áreas protegidas, zonas de preservación o resguardos indígenas.
Sin lugar a duda, la construcción de vías no planificadas puede acelerar procesos de pérdida y fragmentación de hábitat. Bajo este panorama, el desarrollo de un plan de transporte para la Amazonia es urgente. Es necesario que esta infraestructura logre su funcionalidad como eje integrador y motor de desarrollo económico y garantice medios de transporte para las comunidades locales, pero garantizando la sostenibilidad ambiental del territorio y la resiliencia frente a eventos asociados al cambio climático. Algunas alternativas son los modelos intermodales (fluvial y aéreo), cuyo desarrollo es incipiente en el país y que necesitan apoyo técnico y financiero para su materialización.
Como respuesta a esta necesidad, en febrero de 2021 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Transporte construyeron los lineamientos de infraestructura verde vial—un documento de buenas prácticas para el sector vial. Existen avances hacia el uso obligatorio de los lineamientos, que representa una oportunidad para disminuir los impactos ambientales y sociales en las zonas de interconexión.
Promover la economía sostenible con el bosque
Colombia es un país netamente forestal, pero sus políticas han estado de espalda a este patrimonio natural. Con la forestería comunitaria, el manejo sostenible del bosque por parte de la comunidad aporta a la protección a largo plazo, deteniendo la deforestación y aportando gobernanza en territorios complejos, así como beneficios económicos a las familias campesinas que los habitan.
En los departamentos de Guaviare, Caqueta y Meta existen varios programas de forestería comunitaria que trabajan de la mano de organizaciones de base interesadas en conservar el bosque y en usarlo sosteniblemente. Estos esfuerzos hacen parte de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el marco de la Declaración Conjunta de Intención firmada en 2015 (con Noruega, Alemania y Reino Unido), en la que Colombia se comprometió a establecer 500 mil hectáreas de bosques para forestería comunitaria.
Implementar la forestería comunitaria requiere clarificar la tenencia, usos y acceso a la tierra especialmente para familias campesinas en condición de vulnerabilidad que, por ejemplo, habitan la reserva forestal de la Amazonía (un Area destinada exclusivamente para el mantenimiento de Bosques y el desarrollo de una economía forestal sostenible) así como a aquellas asentadas en zonas que fueron sustraídas (cambiado su uso del suelo) de dicha reserva hace más de 40 años pero que nunca fueron sujetas de titulación.
En el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno propone el uso de las figuras de Concesiones Forestales Comunitarias, modelo desarrollado en Guatemala en la Reserva de Biosfera Maya que fortalece la economía local y contribuye a redireccionar las bases de la matriz energética y del modelo de producción a nivel nacional. Pero se requiere voluntad política para ponerla en marcha en Colombia, debido a las implicaciones para sectores que desean la expansión agropecuaria y minera sobre estos bosques.
Las concesiones permiten excluir las tierras del mercado para involucrarlas en el desarrollo sostenible, proporcionando líneas de crédito, asistencia técnica, fortalecimiento a la asociatividad para la comercialización y un marco jurídico. Para hacerlo realidad, el gobierno debe crear el Instituto Nacional de Bosques de Colombia (siendo Colombia uno de los pocos países que no tiene esta Agencia) desde donde se impulse el sector forestal colombiano. La creación de un Servicio Nacional Forestal será un paso decisivo en la creación de una economía forestal, que consolide el cambio de paradigma sobre conservación de bosques, incluyendo el manejo sostenible como herramienta de protección, y a su vez generación de condiciones de vida digna para poblaciones vulnerables.
Conservar el agua y los ríos voladores
La Amazonia es más que un tapete verde que captura carbono de la atmósfera. Sus árboles, crean, por evapotranspiración, los impresionantes ‘ríos voladores’ o grandes flujos aéreos de agua que viajan en forma de nube y causan lluvias a más de 3.000 kilómetros de distancia. En su recorrido (de oriente a occidentes, desde el Atlántico a los Andes), por ejemplo, en Colombia, estos ríos voladores llegan hasta los páramos y permiten que los ciudadanos de Bogotá y otras ciudades andinas y zonas densamente pobladas acceder a agua potable.
Los árboles de la Amazonía producen 20.000 millones de toneladas métricas de agua en forma de lluvia, sumada al flujo de agua del río Amazonas, que diariamente lleva 17.000 millones de toneladas de agua hacia el océano Atlántico.
La conservación de los bosques en la última secuencia de lluvia y evapotranspiración, en el piedemonte amazónico, es vital para el mantenimiento de estos “ríos voladores”, y por ello la conectividad entre Chiribiquete, con los Andes y la Orinoquia deben ser una meta prioritaria. El involucramiento del concepto del agua en las cuentas ambientales nacionales podría permitir una relación más estrecha entre las zonas reguladoras de agua como la Amazonia, y las ciudades consumidoras, las cuales pueden generar recursos financieros de gran escala para la conservación, así como una generación de una cultura de responsabilidad ciudadana en áreas periféricas de conflictos socio ambientales.
Retos y oportunidades
En la preocupación global por la Amazonía, convergen las posibilidades que tiene la región para contener, mitigar y adaptarse al cambio climático. Pero la vocación de la Amazonia y el futuro climático del mundo recaen en el uso sostenible de sus bosques, su biodiversidad, las contribuciones o servicios ecosistémicos que el bioma amazónico ofrece y la protección de la diversidad cultural que la habita.
Rodrigo Botero García es fundador y director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).
