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Este artículo fue traducido por Teresa Velázquez y Viviana Herrera.
Los demandantes en el caso—la comunidad de Escaleras, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas (FOA) y la Junta Administradora de Agua Potable de Victoria del Portete Tarqui (JAAPE)—celebraron la decisión. "Este es un triunfo de nuestros 30 años de lucha que han sostenido nuestras compañeras y compañeros de Tarqui y Victoria del Portete", dijo la activista Ana Hernández en una rueda de prensa el 28 de agosto, día en que se dio a conocer el fallo. "Hoy se declara que nuestra lucha no ha sido en vano".
La Corte Provincial de Azuay dictaminó que el demandado en el caso, el Ministerio de Medioambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), no consultó a las comunidades indígenas durante la fase de exploración avanzada. El fallo amplía una sentencia de primera instancia al ordenar una consulta ambiental adicional para los ciudadanos no indígenas, y concluye además que el MAATE violó el derecho al agua y los derechos de la naturaleza protegidos por la Constitución.
“Una bomba de tiempo”
Conocido como Kimsacocha, el sitio del proyecto está ubicado en un páramo al suroeste de la ciudad de Cuenca que almacena, capta y regula el suministro de agua potable para miles de campesinos y residentes de los centros urbanos aguas abajo. Los páramos, que se encuentran en varios países andinos, actúan como sumideros de carbono y son importantes para contrarrestar las emisiones de carbono que contribuyen a la actual emergencia climática. Al mismo tiempo, sustentan la vida de una serie de especies vegetales y animales, como el cóndor andino y el oso anteojos. Al momento del fallo, DPM solicitaba una licencia ambiental para iniciar la explotación del proyecto minero Loma Larga, situado en la cabecera del río Irquis, del que se abastecen directamente los miembros de la JAAPE y Comunidad Escaleras. La sentencia prohíbe al MAATE emitir una licencia ambiental en el corto plazo.
El fallo es importante para los defensores de todo el país que luchan contra la expansión del petróleo y la minería en sus cuencas hidrográficas y territorios. Ruth Pugo, defensora que pertenece a la Comunidad Escaleras, expresó su alegría al conocer el fallo: "Creo que la Corte tomó una buena decisión porque hemos estado luchando en defensa del agua y tenemos razón. Hemos pasado mucho tiempo en las calles [protestando] y nos tomaron en cuenta".
El proyecto minero propone explotar 2,2 millones de onzas de oro, con extracción adicional de cobre y plata, a través de una mina subterránea que removería aproximadamente 3.000 toneladas de tierra al día en el frágil ecosistema y dejaría 5,5 millones de toneladas de residuos tóxicos a lo largo de los 12 años de operación. Un informe de TERRAE, una organización sin ánimos de lucro especializada en estudios de impacto ambientales, entre otros, calificó el proyecto de "bomba de tiempo" por su probabilidad de contaminar permanentemente las reservas de agua. El arsénico y otros metales pesados presentes en la roca mineralizada quedarían expuestos, causando una contaminación significativa y generalizada a través de la interacción de las aguas superficiales y subterráneas; un punto que DPM ha minimizado en su Evaluación de Impacto Ambiental. En 2019, la empresa municipal de agua de Cuenca ETAPA informó que la actividad minera podría contaminar el suministro de agua de más de 660.000 residentes en 2030 y de más de un millón en 2050.
Activistas contra la minería a gran escala llevan décadas organizando marchas y paros nacionales para proteger las cuencas hidrográficas y los territorios frente a las industrias extractivas, por lo que sufrieron detenciones, violencia policial y una campaña de desprestigio pública durante la administración del expresidente Rafael Correa. La criminalización de los activistas continuó bajo los siguientes gobiernos neoliberales conservadores. Un informe de 2021 de la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador describe la violación sistemática de derechos de 449 defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en 22 casos.
La suspensión del controvertido proyecto minero Loma Larga se produjo poco después de la victoria electoral del 20 de agosto para prohibir la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní, y de una consulta en el Distrito Municipal de Quito para prohibir la minería metálica a gran escala en el Chocó Andino, una reserva de la biósfera.
Lauro Sigcha, presidente de la FOA, declaró: "Nuestro sueño ha sido erradicar el extractivismo del páramo. El fallo abriga la esperanza de que haya justicia". La integridad del sistema judicial puede ser sorprendente en medio de una crisis política y de seguridad que ha sacudido las instituciones políticas del país; una crisis que el presidente saliente, Guillermo Lasso, ha aprovechado para acelerar proyectos mineros paralizados.
Los defensores del medio ambiente entienden la resistencia como un proceso continuo. Lizardo Zhagui, presidente de la JAAPE, advirtió que la decisión no garantiza que Kimsacocha quede libre de la minería. "La resistencia va a continuar. Mientras haya oro en la tierra, habrá alguien que quiera sacarlo".
Kimsacocha libre de minería—una lucha larga
La exploración en el páramo de Kimsacocha comenzó con la llegada de la multinacional Newmont en la década de 1990. Newmont vendió el proyecto a IAMGOLD Corporation, con sede en Toronto, a finales de los 90, en un momento en que un préstamo del Banco Mundial pretendía transformar el país de productor de minerales principalmente artesanal y de pequeña escala a un exportador a gran escala. En 2000, Ecuador aprobó reformas para atraer inversores extranjeros al sector minero. En 2005, posibles impactos al río Irquis por causa de los trabajos de exploración de IAMGOLD provocaron una defensa entre los campesinos, que empezaron a organizarse contra la empresa. Establecieron un amplio movimiento para defender Kimsacocha como emblema de la Pachamama que sustenta la vida y los medios de subsistencia.
La elección de Rafael Correa en 2006 transformó el panorama político y agudizó los conflictos por la extracción en el páramo de Kimsacocha. Una Asamblea Constituyente convocada en 2007 estableció una nueva Constitución Nacional en 2008. Actuando como órgano legislativo, la Asamblea Constituyente también emitió el Mandato Minero que anularía las concesiones mineras otorgadas sin consulta comunitaria y en zonas ambientalmente sensibles. En nombre de una agenda socialista, el gobierno de Correa llevó a cabo reformas legislativas que permitieron que proyectos de supuesto interés nacional, como el de Loma Larga, siguieran adelante a pesar de la oposición. Si bien la Constitución Nacional tuvo avances significativos para los derechos de la naturaleza y de las comunidades, también estableció el marco legal para la centralización de los recursos naturales.
Tras organizar protestas todos los años entre 2005 y 2010, los campesinos indígenas recurrieron a consultas ciudadanas para expresar su oposición a la minería. En 2011, JAAPE organizó una consulta comunitaria en la que el 92,3 por ciento de los hogares votaron a favor de prohibir la minería en Kimsacocha. Esto sentó la base para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) llevará a cabo consultas ciudadanas vinculantes. En 2019, el 86,5 por ciento de los habitantes del cantón Girón votó a favor de prohibir la minería en Kimsacocha, y en 2021, los y las cuencanos votaron a favor de prohibir la minería metálica a gran escala en las zonas de recarga de los ríos Tarqui (Irquis), Tomebamba, Yanuncay y Machangara, y la minería a mediana escala en el río Norcay.
Consulta indígena
El derecho a una consulta indígena fue una victoria duramente ganada en este caso. El reconocimiento de la Comunidad Escaleras como comunidad Kichwa-Kañari fue impugnado por los demandados en el caso. El MAATE, junto con Dundee Precious Metals, que se unió a la defensa como tercero interesado, alegó que los demandantes eran mestizos sin derechos legales a una consulta libre, previa e informada, tal como se articula en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En una audiencia celebrada en un tribunal provincial el 14 de octubre de 2022, los abogados argumentaron que los campesinos eran mestizos basándose en una serie de criterios "subjetivos" y "objetivos": no se habla kichwa, no hay vestimento tradicional, su organización comunitaria es moderna y no tienen conexión ancestral con el territorio en cuestión. Los demandados presentaron testimonios de residentes que participan en programas de responsabilidad social corporativa para dar fe de que se autoidentifican como mestizos.
Los jueces del tribunal provincial afirmaron la autodeterminación indígena, incluido el derecho a autoidentificarse como indígenas. El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas (CODENPE), una entidad gubernamental, reconoció a Escaleras como una Comunidad Indígena en 2009 basándose en la autoidentificación. Además, las reivindicaciones de los demandantes sobre Kimsacocha como territorio comunal ancestral fueron corroboradas por la Evaluación de Impacto Ambiental de Newmont, en la que se observaba que las tierras de pastoreo comunales tradicionales estaban siendo usurpadas por personas con títulos dudosos en origen. El reconocimiento legal como comunidad indígena desafía años de la arraigada ideología del mestizaje en la región, que configura formas de racismo cotidianas e institucionalizadas contra los campesinos de ascendencia indígena en la región. También funciona para incorporar a los campesinos a un estado plurinacional esquelético que hace difícil predecir si los resultados de la consulta indígena serán suficientes para detener definitivamente el proyecto.
Ecuador carece de una ley que regule la consulta indígena y, en su ausencia, las decisiones suelen ser favorables a las actividades extractivas. En 2022, la Corte Constitucional otorgó a las autoridades la capacidad de aprobar actividades mineras incluso cuando la consulta indígena resulta en una oposición mayoritaria. Además, el decreto 754 del presidente Guillermo Lasso, emitido el 31 de mayo para agilizar las inversiones mineras, debilitó el código medioambiental relativo a los procesos de consulta indígena y medioambiental. Su constitucionalidad ha sido impugnada por la organización indígena nacional, CONAIE, en una acción de protección, pendiente de resolverse, que probablemente influirá en futuros procesos de consulta indígena.
Seguridad jurídica
Aunque los tribunales ecuatorianos han emitido algunas sentencias que respaldan la democracia de base, estas decisiones no siempre cuestionan la primacía del desarrollo extractivista.
El sistema judicial ecuatoriano ha defendido en gran medida los derechos de las empresas mineras a mantener los títulos legales de sus concesiones, lo que se engloba en el término seguridad jurídica. En el pasado, los jueces del Tribunal Constitucional dictaminaron que "la seguridad jurídica de las actividades económicas en general—y por tanto también [de] la actividad minera—no puede ser entendida como contraria o excluyente de la participación y objetivos ambientales establecidos en la propia Constitución." Aunque la consulta popular de Cuenca de 2021, que prohibió la minería metálica a gran escala, fue aprobada por el Tribunal Constitucional, su sentencia incluyó una frase sobre los efectos hacia el futuro.
Activistas argumentaron que la consulta popular de Cuenca prohíbe que el proyecto de Loma Larga avance hasta la fase de explotación, mientras que el ex-viceministro de Minas Fernando Benalcázar argumentó que los resultados de la consulta no podían aplicarse retroactivamente al proyecto de Loma Larga, sino sólo a futuros proyectos mineros. Un año después de los resultados de la consulta, la presencia de trabajadores en el páramo de Kimsacocha dio lugar a una acción de protección en un tribunal de primera instancia que finalmente dio forma a la sentencia de la Corte Provincial de Azuay el mes pasado.
Más recientemente, Lasso garantizó protecciones legales para Dundee Precious Metals. Una semana antes de que se emitiera el fallo de la Corte Provincial del Azuay, Lasso firmó un acuerdo de protección de inversiones por $400 millones de dólares con Dundee Precious Metals. El acuerdo contiene disposiciones relacionados a bajar o eliminar los impuestos, protecciones legales y resolución de disputas a través de arbitraje internacional en Nueva York. Un informe del Institute for Policy Studies documenta la manera en que las empresas mineras y petroleras utilizan el arbitraje internacional para eludir la resistencia de las comunidades. Las empresas demandan a los gobiernos para obtener compensaciones por la pérdida del valor de una inversión, independientemente de que estos proyectos estén o no en funcionamiento. Ecuador ha sido demandado por empresas petroleras y mineras a través de este mecanismo, que puede ser incluido si se negocian mecanismos de resolución de disputas inversionista-Estado como parte de las actuales conversaciones de libre comercio con el gobierno de Canadá.
El futuro de la resistencia
Aunque los resultados de las consultas ciudadanas y las sentencias judiciales son victorias importantes para las y los defensores de agua, también son sentencias complejas que pueden interpretarse para adaptarse a agendas específicas. El comunicado de prensa de Dundee Precious Metals señaló que la decisión del tribunal "reafirmó las concesiones mineras de DPM para el proyecto de Loma Larga", lo que sugiere que el proyecto de Loma Larga todavía puede ser viable. El fallo de la corte provincial traza un camino para obtener una licencia ambiental, aunque sea difícil, siempre y cuando el MAATE cumpla con sus obligaciones, incluyendo dos procesos de consulta, informes técnicos sobre el estado de la flora y la fauna en las áreas de influencia del proyecto, y planes coordinados para garantizar la sostenibilidad de las cuencas hidrográficas y el cumplimiento del derecho humano al agua. Desde la perspectiva actual, ni siquiera la consulta del Yasuní parece tan segura: en una grabación filtrada, Lasso dijo que no es posible aplicar los resultados.
Un formidable movimiento de resistencia liderado por pueblos indígenas y no indígenas, campesinos y urbanos, será fundamental para mantener la defensa del territorio, especialmente cuando ambos candidatos presidenciales favorecen la extracción minera en nombre de proporcionar beneficios a los ciudadanos. Los activistas siguen comprometidos a continuar su resistencia. Como dijo Fanny, una veterana defensora del agua, en una rueda de prensa, "nosotros seguiremos al frente, defendiendo nuestra agüita y dando ejemplo para nuestros hijos, nuestros nietos”.
Teresa A. Velásquez es Profesora de Antropología en la Universidad Estatal de California, San Bernardino. Es autora de Pachamama Politics: Campesino Water Defenders and the Anti-Mining Movement in Andean Ecuador (University of Arizona Press, 2022).
