“Los empresarios no les pidieron tanto”. Así definió el ex viceministro de economía argentino Emmanuel Álvarez Agis al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el presidente Javier Milei, aprobado el 12 de junio por el Senado argentino. El RIGI es el tramo más significativo de la llamada Ley Bases, que el gobierno considera fundamental para llevar adelante su proyecto libertario. La ley pasó a la cámara de diputados donde se descuenta que tendrá sanción definitiva antes del finales de junio.
El esquema de incentivos para inversiones es tan controvertida como radical. En una entrevista televisiva, Álvarez Agis contó que las empresas inversoras incluyeron en el proyecto una cláusula que permite dejar en el exterior el 100 por ciento de las divisas provenientes de las exportaciones, con la intención de negociar y bajar hasta un 25 por ciento. Sin embargo el gobierno mantuvo el porcentaje del 100 por ciento, algo que difícilmente ocurra en otro país del mundo.
“Además les baja los impuestos y les da la posibilidad de hacer juicios en el CIADI”, explico Álvarez Agis. CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversion, es una institutición de arbitraje del Banco Mundial que permite que las corporaciones globales presenten demandas contra gobiernos ante una pérdida de ganancias. “Esto es para una economía de enclave. Conozco solo dos países, Angola y Nigeria, con regímenes muy parecidos al RIGI”, concluyó.
El RIGI implica una entrega directa de recursos económicos, profundiza la inserción económica argentina en el mundo como proveedor de bienes primarios y es extremadamente peligroso para el medio ambiente. En sintesis, representa una nueva forma de colonialismo extractivista.
El senador Oscar Parrilli, de la coalición peronista Unión por la Patria, sostiene que el “régimen de incentivos a las grandes inversiones es de anarco colonialismo”. Su bloque votó en contra del proyecto de ley. “No genera ningún beneficio para la gran mayoría de los argentinos. Son medidas extractivas de nuestros recursos naturales, sin producir valor agregado, y con el agravante de que las divisas que obtengan las empresas no ingresarán al país, pudiendo ser depositadas en guaridas fiscales”.
Parrilli detalló los puntos principales del RIGI. Además de permitir dejar el 100 por ciento de las divisas en el exterior, habilita proyectos en actividades que atraen inversiones por las ventajas comparativas naturales del país; reduce impuestos y derechos de exportación e importación, generando desequilibrios con otras empresas nacionales; garantiza estabilidad tributaria, cambiaria y aduanera por 30 años; desincentiva la incorporación de producción nacional; permite importar cualquier bien, sin control de origen ni de contenido; no exige cuidados del ambiente.
Asimismo, no se garantiza la provisión al consumo dentro del país antes de exportar esos bienes. Así Argentina podría exportar recursos energéticos, producidos a menor costo que en el resto del planeta, e importarlo a precio internacional, mucho mayor. La diferencia entre el costo local y el precio internacional será pagada por todos los argentinos en beneficio de los inversores.
El nuevo colonialismo y el medio ambiente
“El RIGI es un régimen de privilegios jurídicos que atenta contra derechos ambientales de la población”, afirmó Ariel Slipak, coordinador del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. “Una provincia que adhiera al régimen no podrá anteponer ninguna norma que los beneficiarios consideren contraproducentes para su proyecto. Cualquier normativa ambiental o laboral puede ser considerada nula si una empresa asegura que es contraria a su proyecto de inversión”. Estos privilegios son considerados inconstitucionales, ya que la constitución argentina reserva para las provincias la explotación de los recursos naturales.
Los especialistas y políticos consultados resaltaron que el RIGI va a modificar por décadas el modo de inserción de Argentina en la economía global. Los senadores Parrilli y Martín Losteau, de la Unión Cívica Radical, tanto como Álvarez Agis se refieren a un modelo de enclave. El abogado Carlos de la Vega, especializado en tecnología y relaciones internacionales, sugiere que el RIGI “plantea un régimen similar al que reinó en el Potosí altoperuano del imperio español entre los siglos XVI y XVII”.
De la Vega explicó esta definición con una serie de analogías. “La primera se da con la minería, una explotación del territorio signada por su no renovabilidad”. La segunda corresponde a que está organizada en función de los intereses de grupos extranjeros, para el usufructo directo de ese recurso tal como es extraído, sin agregado de valor local. Una tercera analogía es que la inversión se hace en el contexto de una competencia global entre macro poderes, que pelean por obtener estos recursos al menor costo posible. Finalmente es análogo al rol de las élites políticas y económicas locales, que funcionan de mera correa de transmisión de los intereses de los factores de poder externos, desinteresados en inversiones que impacten en el desarrollo económico del país. La libre disponibilidad de los bienes y las divisas que habilita el RIGI profundiza esa analogía, ya que como hacían las antiguas metrópolis, los grupos inversores no deben dejar recursos en el país.
Entre estos recursos están el litio y el gas, de los cuales Argentina tiene grandes reservas por explotar. Esto atrae a los fabricantes de vehículos eléctricos, que podrán exportar a sus fábricas fuera del país la sal de litio para producir las baterías. Localmente no se agregará valor, no ingresarán las divisas productos de esa exportación y no habrá ni protección ni remediación del daño ambiental.
“La matriz productiva en un determinado territorio es un aspecto definitorio sobre el uso del espacio público y privado, la calidad del aire, el uso del agua”, explica Slipak. “La minería del litio emplea altos volúmenes de uso de agua en regiones usualmente áridas, cambiando el estilo de vida de la población local”.
En el caso del fracking o la extracción de minerales a cielo abierto, si hubiera escasez de agua, la empresa va a tener prioridad de acceso al recurso por sobre la población. Para la abogada y docente universitaria Natalia Salvo “esto es contrario al principio constitucional de preeminencia de las personas por sobre las cosas”.
Para el abogado ambientalista Enrique Viale el RIGI “acentuará la primarización de la economía argentina. En términos ambientales es dramático, porque será muy difícil en los territorios enfrentarlo, ya que hay una prórroga de jurisdicción, y podrán intervenir tribunales extranjeros”. Según un análisis publicado por el Centro de Política Económica Argentina “el único objetivo es la entrada de dólares frescos en un corto plazo, con la intención de liberar el mercado cambiario, más que sentar las bases de un nuevo patrón de desarrollo o agenda de desarrollo para el país”.
Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales, dijo que “el punto principal” del RIGI es “la falta absoluta de cualquier consideración de lo ambiental”. Continuó: “No se exige la realización de informes de impacto ambiental. Tampoco hay ninguna obligación de realizar consulta a las comunidades indígenas, campesinas o que viven en los territorios donde se desarrollen las actividades. Las comunidades indígenas estarán en un situación de mayor vulnerabilidad para la protección de sus territorios”.
Además, los plazos de aprobación de los proyectos son muy cortos, en 45 días el gobierno debe contestar, por lo cual Morales asegura será “imposible realizar una consulta o producir la información necesaria para analizar los impactos ambientales de los proyectos”.
El palacio y la calle
Mientras los senadores debatían el proyecto de Ley Bases, miles de personas se movilizaron pacíficamente para rechazar su sanción. Como ocurre habitualmente en las manifestaciones desde que asumió el presidente Milei, la zona amaneció vallada y poblada por cientos de miembros de fuerzas de seguridad. El primer hecho de violencia institucional fue el ataque a un grupo de diputados nacionales opositores. Estando en la calle conversando con policías, y sin mediar palabra, fueron rocíados con un gas que ataca la visión y produce quemaduras en la piel. Algunos de ellos tuvieron que ser trasladados de emergencia para ser atendidos por lesiones graves.
Por la tarde, cuando los manifestantes se estaban retirando, las fuerzas policiales comenzaron a detener personas, muy lejos del congreso y sin que estuvieran participando de ninguna acción colectiva. Un total de 33 personas fueron arbitrariamente detenidas, sin participar de incidentes y sin pruebas en su contra. Fueron acusados de “incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones”, “organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor” y “delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional”. El ministro de justicia, días después, cuando la mayoría había sido liberada por falta de pruebas, los consideró “terroristas”. Para la ministra de seguridad de la nación intentaron cometer un "golpe de Estado moderno".
Entre las personas detenidas había un vendedor callejero de comida, su hija y su nieta; un conocido músico que salía del metro; estudiantes universitarios que estaban regresando a sus casas; una mujer adulta que se había acercado sola a la manifestación. Aún sin pruebas, la mayoría de los detenidos fueron trasladados durante la madrugada a prisiones federales, sin dar aviso a sus familiares ni sus abogados.
Gonzalo Duro, artista visual y trabajador del Poder Judicial, contó cómo se produjo su detención. “Eran aproximadamente las 6 de la tarde, ya estaba comenzando la desconcentración. A unas 6 o 7 cuadras del Congreso había un cordón policial y una persona convulsionando. Me acerqué para ayudarla y la policía comenzó a hacer comentarios sobre mi aspecto físico y cuando me acerqué un poco a hablar con ellos, me tomaron de las manos, me atraparon y me pegaron con mucha violencia. Estuve esposado hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Fuimos un grupo de 15 personas que estuvimos un día y medio tirados en el patio de una alcaidía, sin donde sentarnos siquiera, hasta el día viernes nos llevaron al juzgado”. Un grupo de mujeres estuvo 25 horas esposada y en ese tiempo no les dieron ni de comer ni de beber.
Dos semanaa después de la sesión legislativa 28 personas recuperaron la libertad, mientras 5 permanecen detenidas. El fiscal de la causa apeló la liberación, reclamando que todos sean nuevamente enviados a prisión.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, llamó al gobierno de Milei "a que coloquen los derechos humanos en el centro de su formulación de políticas, para construir una sociedad más cohesiva e inclusiva", y agregó "esto también significa pleno respeto del derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión".
El RIGI y la política internacional de Milei
El RIGI puede ser tomado como una expresión del modo en que el presidente Milei se relaciona con el mundo. Desplegando una política de enfrentamiento con gobernantes y estados con los que Argentina tiene una importante relación comercial y cultural, como Brasil, China, España y México, él prioriza la relación con dueños de corporaciones, a partir de lo cual se considera a sí mismo el segundo líder mundial. Un ejemplo es su relación con Elon Musk, a quien Milei busca acercarse en pos de legitimarse en el mundo económico global. Sin embargo mientras el presidente argentino demuestra una suerte de admiración rayana en el fanatismo, el magnate busca obtener una posición de privilegio para la extracción de litio.
De este modo de ver el mundo que tiene Javier Milei, más cercano al de los tiempos de la guerra fría que al de un complejo mundo multipolar, está dependiendo el futuro del desarrollo económico argentino y de la vida de sus habitantes. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones es una política que en sintonía con esa mirada binaria, promueve que el país retroceda a comienzos del siglo XX, tiempo en que el presidente Milei afirma, ilusoriamente, que Argentina fue la primera potencia mundial. El futuro del país se construye mirando un espejo que atrasa 100 años.
Daniel Cholakian es sociólogo y periodista especializado en América Latina.
