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A finales de enero del 2023, el Congreso de Chile eligió los expertos de un Comité de Expertos, encargados de escribir el primer borrador de la nueva constitucional nacional. Hernán Larraín, cuya extensa familia se convirtió en uno de los clanes más ricos en Chile, en gran parte debido a su relación cercana con el exdictador Augusto Pinochet, presidirá el Consejo. ¿Como fue que el intento de Chile de reemplazar la Constitución del dictador de 1980, por una democrática, terminó liderado por un Senador con profundos vínculos al pasado dictatorial del país?
En un plebiscito el 4 de septiembre del 2022, el 62 por ciento de los chilenos rechazó un proyecto de nueva constitución. El documento fue el resultado de movilizaciones masivas en 2019 contra desigualdades históricas y estructurales, un referéndum de 2020 en el que el 78 por ciento de los chilenos aprobó reescribir la constitución, y un proceso de un año por una asamblea constituyente elegida popularmente, inicialmente liderada por una profesora Mapuche. Lo más sorprendente fue que el rechazo al borrador tuvo las cifras más altas en las áreas más pobres, con los 10 distritos más pobres del país votando el 77 por ciento en contra de la constitución. En una encuesta que ocurrió después del plebiscito, 40 por ciento dijo que votó en contra de la constitución porque no confiaban en los miembros de la asamblea que llevaron el proceso.
A pesar de este rechazo, el apoyo popular a una nueva constitución se mantuvo alto, en un 67 por ciento, en las encuestas de diciembre. El 11 de enero, después de cuatro meses intensas de negociaciones, el Congreso aprobó un nuevo proceso expedito en dos etapas, que concluirá con otro plebiscito el 17 de diciembre de 2023. Durante la primera etapa del proceso, el Comité de Expertos, seleccionado por el Congreso—no por el electorado—en bloques de derecha e izquierda, redactará una nueva constitución. En la segunda etapa, una asamblea elegida en un voto popular revisará el borrador inicial.
Sin embargo, después de que el Comité de Expertos se anunció, la aprobación de una nueva constitución se redujo al 49 por ciento. El péndulo ha oscilado de izquierda a derecha en el proceso constitucional de Chile, sin confrontar el tema más profundo de la representación. Los líderes de los partidos de derecha argumentaron que el rechazo de septiembre se debió a la falta de representación de la derecha política en el proceso; sin embargo, el tema de la representación va más allá de la ideología. Ahora, el nuevo proceso sub-representa a la izquierda e incluye figuras con profundos vínculos a la dictadura, mientras que carece de un mecanismo para incluir las voces de todo el pueblo chileno en el proceso.
Representación en el primer proceso constituyente
La Constitución de 1980 fue diseñada para erradicar a la izquierda chilena. Incluía medidas autoritarias manifiestas, como un artículo que autorizaba la supervisión militar del gobierno civil en caso de que Pinochet perdiera el plebiscito de 1988 sobre la continuación de su gobierno. Prohibió a los partidos marxistas y llevó a Chile de un sistema de representación proporcional que alentaba la movilización de votantes de clase trabajadora a un sistema electoral binomial que permitía a la derecha, con solo el 30 por ciento de los votos, a controlar el 50 por ciento de los escaños del Congreso. También reservó nueve escaños senatoriales designados para los militares, y nombró a Pinochet senador de por vida. A través del tiempo, la mayoría de estas medidas autoritarias extremas fueron eliminadas. Pero estas reformas no contrarrestaron la debilitación de los partidos políticos de la Constitución de 1980, ni los severos límites a la capacidad del gobierno para regular el sector privado o enfrentar las privatizaciones masivas de servicios básicos, como pensiones, matrículas y servicios médicos. Una población que anteriormente se identificaba profundamente con sus partidos políticos terminó viéndolos como un obstáculo al cambio social.
La primera asamblea elegida para redactar una nueva constitución estuvo formada por miembros populares de barrios chilenos. El requisito de afiliación a un partido fue desechado; de hecho, fue desalentado. Como las personas que postularon no pertenecían a organismos programáticos, los votantes se encontraron obligados a evaluar nombres desconocidos. De los 155 representantes electos, 103 carecían de afiliación partidaria.
La coalición de centroderecha componía menos de un tercio del total de escaños de la asamblea, lo que les impedía a ejercer el poder de veto. La centroizquierda, que representa a los partidos tradicionales de la ex-Concertación, que mantuvo políticas neoliberales durante el retorno a la democracia, obtuvo una proporción aún menor de escaños en la asamblea. Sin embargo, los bloques de izquierda, incluidos los que comprenden el Frente Amplio y la Lista del Pueblo, fueron fuertemente representados. Estos dos bloques por sí solos compusieron casi el 35 por ciento de la asamblea, creando juntos una pluralidad poderosa.
La antipatía generalizada hacia las élites políticas significó que, por primera vez, los candidatos no tradicionales estuvieran representados en la política nacional, compensado directamente por la falta de representación histórica de varios grupos. Sin embargo, no había mecanismos para asegurar que estos individuos representaran un colectivo más amplio. Candidatos con poca experiencia política, como Giovanna Grandón, una profesora y activista santiaguina que se hizo conocida como “Tía Pikachú” después de que se vistió con un disfraz inflable de Pokémon durante el levantamiento social de 2019, desató rumores de populismo creciente entre los votantes chilenos. La reputación de la Lista del Pueblo fue gravemente dañada por una serie de escándalos, como el de representante constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien mintió sobre un diagnóstico de cáncer para obtener el apoyo del público.
Representación en el segundo proceso constitucional
El segundo proceso constituyente incluirá dos asambleas que participarán en el proceso de redacción: el Comité de Expertos y el Consejo Constitucional. Una encuesta de diciembre de Cadem encontró que el 59 por ciento de los chilenos apoyaba una convención mixta, compuesta de expertos y representantes electos. A diferencia del primer proceso, en el que una sola asamblea de 155 representantes popularmente elegidos se encargó de redactar el documento, esta vez solo el Consejo será elegido popularmente, el 7 de mayo. Con un número reducido de 50 miembros, el consejo discutirá y aprobará el texto propuesto antes del referéndum nacional. Si bien la paridad de género sigue siendo un requisito para ambas asambleas, solo en el Consejo Constitucional se requiere reservar escaños para representantes de grupos Indígenas.
Un Comité Técnico de Admisibilidad, que también fue elegido por el Congreso, supervisará ambos el Comité de Expertos y el Consejo Constitucional. Este órgano se asegurará que los artículos que incorporen ambas asambleas cumplan con los 12 artículos de base del nuevo documento, según lo acordado por el Congreso en diciembre. Estos artículos tomaron una posición más centrista que el primer intento, notablemente eliminando el artículo que designaba a Chile como un estado plurinacional.
El Senado y la Cámara de Diputados eligieron el Comité de Expertos el 25 de enero. Cada uno emitió votos por 12 miembros, respectivamente, para un total de 24. Entre los Expertos, 22 tienen formación en derecho, y uno en economía, uno en periodismo y uno en sociología. De los abogados, solo dos participaron en el proceso Constitucional anterior, y solo unos pocos tienen una formación concreta en derecho constitucional, lo que pone en duda lo que designa a un “experto” en el comité.
Se esperaba que los representantes del Comité de Expertos serían, en gran medida, representantes de partidos moderados y de derecha, dada la composición actual tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. La coalición de izquierda pudo asegurar cinco de los 12 expertos, mientras que la coalición de derecha ganó seis. El experto restante para ambas cámaras fue delegado al voto del centrista Partido Demócrata Cristiano (DC). Estos representantes del DC pueden darle una mayoría a la coalición de derecha sin la necesidad de apelar a la izquierda. En contraste, los miembros de izquierda tendrán que apelar no solo a la DC, sino también a la extrema derecha, que consiste en miembros de partidos que apoyaron a la dictadura, o a los ministros conservadores del gobierno de Sebastián Piñera, cuyas políticas neoliberales y corrupción incitó a las protestas de 2019.
Además, los expertos de derecha incluyen miembro de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Carlos Frontaura, asesor de la Fundación Jaime Guzmán, que lleva el nombre del principal autor de la Constitución de 1980. Sin embargo, lo más alarmante es el nombramiento de otro representante de la UDI, Hernán Larraín, quien fue elegido para encabezar la asamblea como su miembro más mayor. Larraín fue ministro de Piñera y miembro del gabinete de Pinochet. En la década de 1980, ayudó a su amigo Paul Schäfer, ex-Nazi y líder de Colonia Dignidad, a bloquear una investigación sobre su colonia, que fue usado como un centro de tortura y desaparición durante la dictadura de Pinochet. Schäfer luego fue encarcelado por violación infantil. La Red de Sobrevivientes de Abuso en Entornos Institucionales de Chile, junto con la Asociación para la Memoria y Derechos Humanos Colonia Dignidad, compuesto de víctimas de la colonia de Schäfer, peticionaron al gobierno para revocar el nombramiento de Larraín.
La decisión de eliminar el requisito de escaños reservados para los pueblos Indígenas en el Comité de Expertos también comunica una actitud prevalente que las comunidades Indígenas carecen de expertos, sin mencionar el silenciamiento de las voces y demandas Indígenas en el proceso de redacción. Solo Antonia Rivas, candidata del Frente Amplio y especialista en derecha indígena, aunque ella misma no es Indígena, representará los interesas de las comunidades Indígenas de Chile en el proceso.
El nuevo proceso constitucional continúa asegurando, no solo la posición de la élite derechista en Chile, sino también el anclaje de la política chilena en su pasado. Socava el objetivo principal de escribir una nueva constitución; el de marcar el comienzo de una democracia chilena verdaderamente representativa.
Haciendo que la representación sea una prioridad en la política chilena
El nuevo proceso constitucional en Chile presenta un riesgo considerable: esta nueva carta magna podría acabar siendo más autoritaria que la que se reformó durante un periodo de 30 años. Un proceso de dos etapas que considera la “pericia” superior a la representación coloca a la asamblea popularmente elegida en la posición poco enviable de rechazar la apariencia de competencia para proteger a la democracia.
El problema de no abordar la representación es un problema para la nueva constitución en sí. La Constitución de 1980 fue diseñada para erradicar a los partidos marxistas, profundamente arraigados en Chile, pero el documento votado en septiembre evitó la mención de sistemas electorales o partidos. La constitución de la era de la dictadura había logrado convencer a los chilenos de que los partidos eran tan irremediablemente corruptos que obstaculizaban el proceso democrático. Sin embargo, los autores del primer borrador no pudieron imaginar otro vehículo para la representación democrática. Para Antonio Gramsci, fue solo el partido de masas el que permitió “una intrusión continua de elementos que emergen de las profundidades de las masas en el marco sólido del aparato de gobierno”. En otras palabras, los partidos son el único mecanismo capaz de canalizar efectivamente las demandas de los trabajadores comunes en la gobernabilidad.
Hasta ahora, ambos procesos constitucionales han carecido de mecanismos para conectar a las comunidades locales con el liderazgo político. El primero defendió a las bases en oposición a los líderes políticos, mientras que el actual cosifica a los líderes políticos actuales para imponer el orden en las bases. Ni el neoliberalismo ni las revueltas populistas han creado pautas para el gobierno realmente democrático. Si los chilenos no logran transformar el actual Comité de Expertos, esta tarea hercúlea recaerá en la asamblea popular, que ha sido deliberadamente debilitada, y que se elegirá el 7 de mayo.
Cathy Schneider es profesora de Estudios Internacionales en American University, autora de Shantytown Protest in Pinochet's Chile (1995) y Police Power and Race Riots: Urban Unrest in Paris and New York (2014), entre otros escritos. Es coeditora con Ernesto Castaneda de Charles Tilly: sobre violencia colectiva, política contenciosa y cambio social: Antología selecta (2022).
Sofía Williamson-García es licenciada en Estudios Internacionales con especialización en el Hemisferio Occidental por American University. Ha realizado una investigación de campo en Santiago de Chile sobre las percepciones de los jóvenes de izquierdas hacia los partidos políticos institucionalizados.
