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En la última década, las protestas nacionales en Guatemala han simbolizado una creciente ira y desconfianza hacia un gobierno históricamente corrupto y genocida que ha velado por los intereses de los oligarcas, criollos, gringos, empresas extranjeras y terratenientes. El 4 de octubre de 2012, las autoridades indígenas de los 48 cantones de Totonicapán organizaron a miles de personas para bloquear la Carretera Panamericana para pedir reformas constitucionales y denunciar los altos precios de la electricidad, entre otras demandas. El ejército y la policía, enviados para poner fin brutalmente a las protestas, dispararon contra personas desarmadas en la Cumbre de Alaska, matando a seis e hiriendo a más de 40. Fue la primera masacre patrocinada por el estado desde el fin de la guerra en 1996.
Nueve años después de la masacre de Alaska, los responsables continúan viviendo en la impunidad. Después de unos estancamientos reiterados, el caso se avanzó un poco el 3 de septiembre cuando una jueza anunció que un coronel y ocho soldados enfrentarán juicio por ejecuciones extrajudiciales. El lento avance del caso es un recordatorio de que a pesar de que la guerra terminó, la violencia continúa, y mientras se declaró la paz, no hay justicia para las víctimas ni responsabilidad para los perpetradores de crímenes de derechos humanos, quienes continúan teniendo un poder considerable en Guatemala. El fin de la guerra también marcó una creciente invasión de las industrias extractivistas, con el apoyo de los oligarcas, y un mayor desplazamiento de los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales.
A pesar de la amenaza de violencia, las comunidades de Totonicapán y otras comunidades indígenas y campesinas continúan resistiendo. Hoy, las comunidades Mayas, Xincas y Garífunas y autoridades ancestrales de toda Guatemala, y organizaciones nacionales como CODECA (Comité de Desarrollo Campesino), están al frente de las protestas que buscan desafiar las estructuras coloniales y dominantes que han existido en Guatemala en los últimos 500 años.
#ParoPlurinacional
El 29 de julio, miles de personas tomaron las calles y bloquearon carreteras en todo Guatemala para pedir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei; una de las mayores concentraciones tuvo lugar en Totonicapán. Varias protestas y bloqueos posteriores liderados por autoridades ancestrales y CODECA continuaron en agosto.
La reciente ola de protestas y paros nacionales continúa con las que comenzaron hace años. En 2015, las protestas masivas por el escándalo de corrupción de La Línea llevaron a la renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina, quien actualmente está siendo juzgado, junto con otros ex funcionarios gubernamentales de alto nivel, por crimen organizado, fraude y enriquecimiento ilícito. La unidad anticorrupción de las Naciones Unidas, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), encabezó las investigaciones. A pesar de los logros de la CICIG en la lucha contra la impunidad, no se logró un cambio estructural y hubo una rápida reacción del estado guatemalteco. Luego de una serie de movimientos para debilitar a la CICIG, el presidente Jimmy Morales, flanqueado por 68 militares uniformados, anunció en agosto de 2018 que no renovaría el mandato del organismo. Luego, durante las elecciones de 2019, a la exfiscal general Thelma Aldana, quien trabajó en estrecha colaboración con la CICIG, se le impidió postularse para la presidencia, se le acusó de delitos inventados y se la obligó a exiliarse. Obtuvo asilo político en los Estados Unidos en 2020.
En noviembre de 2020, el Congreso guatemalteco votó para reducir la financiación de programas de salud y derechos humanos, como la lucha contra la desnutrición, y aumentar los viáticos de los diputados. La medida, que se produjo en medio de la pandemia de Covid-19 y tras dos huracanes destructivos, desencadenó nuevas protestas contra el gobierno. Durante las manifestaciones, se prendió fuego al edificio del Congreso en la ciudad de Guatemala mientras miles salían a las calles. Conocidas en las redes sociales como #NoNosPela, las protestas expresaron indignación por el mal manejo de los esfuerzos de ayuda para la pandemia y el huracán, problemas que continúan afectando a las personas en la actualidad. Las manifestaciones fueron vistas como una continuación del movimiento de 2015.
En abril de 2021, el Congreso impidió que Gloria Porras, una jueza conocida por combatir la corrupción, asumiera su cargo dentro de la Corte de Constitucionalidad. Los grupos de derechos humanos expresaron su preocupación de que la exclusión de Porras debilitaría aún más un sistema de justicia ya débil y que muchos casos legales, incluidos los relacionados con las luchas contra los megaproyectos y el enjuiciamiento de los criminales de guerra, se verían seriamente obstaculizados. Luego, el 23 de julio, la procuradora general María Consuelo Porras despidió al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Sandoval. La FECI trabajó junto con la CICIG en la investigación de funcionarios gubernamentales y la corrupción, y ha continuado haciendo este trabajo desde la expulsión de la CICIG. El despido ilegal y arbitrario de Sandoval tuvo lugar poco después de que la FECI comenzara las investigaciones sobre el presidente Giammattei, incluso por acusaciones de que aceptaba sobornos de una empresa minera que contaba con apoyo extranjero. Sandoval se vio obligado a exiliarse, lo que se suma a una larga lista de personas obligadas a huir de Guatemala por su labor de denuncia de la corrupción y la impunidad. En el exilio, Sandoval afirmó que “el sistema de justicia guatemalteco ha sido superado por las mafias en el poder” y que Porras era una “amiga” del presidente que obstruyó las investigaciones de la FECI sobre Giammattei y otros funcionarios del gobierno. El 3 de septiembre, autoridades guatemaltecos emitieron una orden de captura en contra de Sandoval, y el Corte Constitucional delcaró que los condenados por corrupción pueden evitar penas de prisión.
El despido de Sandoval desencadenó protestas nacionales y un paro nacional que ha vuelto a colocar a Guatemala en una coyuntura política y social. Pero las protestas, algunas de las más grandes desde el levantamiento anticorrupción de 2015, no son solo por el despido de Sandoval. Más bien, representan una trayectoria histórica más amplia que busca hacer retroceder a los poderes dominantes en Guatemala que han causado daño al tratar al país como su finca privada. Estos poderes dominantes incluyen intereses comerciales capitalistas, representados por CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), funcionarios gubernamentales, militares y empresas extranjeras, entre otros. Estos poderes dominantes y represivos han llegado a conocerse como el “Pacto de Corruptos.” El CACIF, en particular, ejerce un poder considerable. Los oligarcas poseen los negocios más grandes de Guatemala, como la cadena de comida rápida Pollo Campero (propiedad de la familia Gutiérrez) y la marca de cerveza Gallo (propiedad de la familia Castillo). El CACIF ha calificado los bloqueos de “ilegales” y criminaliza a los manifestantes. Como resultado, hay llamados en Guatemala para imaginar un “Futuro sin CACIF” (#UnFuturoSinCACIF).
Las comunidades indígenas, las autoridades ancestrales y los campesinos que históricamente han resistido la violencia estatal han vuelto y estado al frente de estas manifestaciones, ya que han sido las principales fuerzas organizadoras de los paros y bloqueos en todo el país. Sus demandas van desde llamados a la renuncia de Giammattei y Porras hasta cambios estructurales que incluyen una asamblea constituyente plurinacional. Thelma Cabrera, miembro de CODECA, que ha liderado los llamados a un estado plurinacional, explica que las renuncias por sí solas no son suficientes. “Como pueblo hemos sido excluidos, discriminados, explotados, empobrecidos,” dice. “Planteamos un proceso de Asamblea Constituyente, que los pueblos seamos representados a través de un Estado Plurinacional, con autonomía y representación de todos los pueblos que habitamos Guatemala.” A través de las protestas, dice, “los pueblos nos levantamos frente a un sistema que nos oprime y que nos excluye, nos explota, asesina y encarcela.”
Si bien la cobertura mediática global de las protestas en Guatemala a menudo se centra en la Ciudad de Guatemala, las comunidades indígenas y rurales a menudo han estado en resistencia activa. En respuesta a las protestas, Giammattei ha militarizado el país al declarar múltiples estados de prevención y estados de calamidades, que restringen las reuniones públicas y las libertades civiles, a menudo utilizando la pandemia como justificación y excusa.
Covid-19, Desastres Naturales, y Desplazamiento
La grave mal manejo de la pandemia Covid-19 y la respuesta a los huracanes Eta e Iota de 2020 demuestra la ineptitud, incompetencia, incapacidad y falta de voluntad del Estado guatemalteco para proteger y promover el bienestar de la población. Por ejemplo, se ha politizado la ayuda a las víctimas de los huracanes, con un informe de 1,000 sacos de arroz enviados a la sede del partido político Vamos del presidente en Cotzal. En agosto de 2020, con la necesidad de médicos más urgente que nunca en medio de la pandemia, un miembro del Congreso abogó por la expulsión de los médicos cubanos de Guatemala. También durante la pandemia, el hambre llevó a muchos a mendigar en las calles y ondear banderas blancas para pedir ayuda. Las comunidades que enfrentan los efectos a largo plazo de los huracanes, que dañaron carreteras y destruyeron cultivos, corren un mayor riesgo de padecer hambre.
Mientras tanto, la respuesta del gobierno al Covid-19 ha levantado sospechas de corrupción. La administración de Giammattei compró 16 millones de vacunas por $80 millones de dólares, pero las dosis nunca aparecieron. En cambio, Guatemala ha dependido de las vacunas donadas, pero no han sido suficientes, ya que solo el 4.5 por ciento de la población (principalmente concentrada en centros urbanos) ha sido completamente vacunada. De los 340 municipios de Guatemala, 289 (85 por ciento) están en alerta roja, la categoría de mayor riesgo dentro del sistema de alerta Covid-19 de cuatro niveles del país; 32 (9.4 por ciento) en la segunda categoría de mayor riesgo; 19 (5.5 por ciento) en el tercer mayor riesgo; y ninguno en la categoría más segura (verde). Con más de 11,000 personas muertas por Covid-19 y una de las tasas de vacunación más bajas del hemisferio occidental, la gente se ha preguntado: ¿dónde están las vacunas? (#DondeEstaLasVacunas) y ¿dónde está el dinero? (#DondeEstaElDinero).
Incluso el consulado de Guatemala en Los Ángeles ha estado implicado en actos de corrupción; el cónsul general Tekandi Paniagua fue destituido en junio de 2021 por mala gestión de la ayuda para las víctimas de los huracanes y por lucrarse con la venta de pruebas de Covid-19. Un informe de Los Angeles Times encontró que “más de $100 mil en mascarillas, alimentos, insumos médicos y artículos de higiene personal recolectados en Los Ángeles, en noviembre de 2020, para ayudar a los damnificados por los huracanes Iota y Eta no salieron hacia las comunidades afectadas en Guatemala; en cambio, habían comenzado a ser distribuidas por el cónsul Paniagua a entidades locales.” El consulado en Los Ángeles también estuvo implicado en un esquema que vio a los inmigrantes guatemaltecos pagar $175 para tomar una prueba Covid-19 (que son gratis en el consulado) y no se les proporcionó un recibo.
Las desigualdades estructurales y la violencia en Guatemala han sido los principales factores que han obligado a miles de personas a emigrar y vivir en el exilio en el extranjero desde la década de 1970. Estas condiciones continúan hoy. Al mismo tiempo, la militarización de la frontera y la deshumanización y criminalización de los migrantes también impacta negativamente a los pueblos indígenas y guatemaltecos que enfrentan violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios gubernamentales de Estados Unidos y México. Por ejemplo, el secuestro de niños sancionado por el estado de EE.UU. continúa bajo la administración de Biden. Cientos de menores no acompañados y niños han sido colocados en duras condiciones de vida sin sus padres, ya que las separaciones familiares se utilizan como una forma cruel de disuasión. Esto incluye a niños encarcelados en bases militares como Fort Bliss en El Paso, Texas, donde se creó una ciudad de carpas en marzo de 2021 para albergar hasta 4,000 niños y adolescentes. En julio, los denunciantes denunciaron una “mala gestión grave” y un “caos organizativo,” como la falta de ropa para los menores, así como las condiciones sucias, las medidas inadecuadas del Covid-19, los servicios mentales pésimos y la falta de supervisión y rendición de cuentas en el sitio. La negativa de la administración Biden a eliminar el Título 42, una disposición que utiliza el riesgo de contagio para justificar la rápida “expulsión” de migrantes de los Estados Unidos, colocando a los migrantes en una posición vulnerable en México, a pesar del conocimiento de sus efectos peligrosos demuestra su posición cruel hacia los migrantes que huyen de Guatemala y otros lugares.
Lucha Intergeneracional Hacia el Futuro
En 1820, las comunidades de Totonicapán se rebelaron contra los abusos de los españoles. Crearon su propio gobierno que duró casi un mes bajo el liderazgo de Atanasio Tzul, quien fue nombrado gobernador. Posteriormente, las fuerzas armadas coloniales fueron enviadas para acabar con el movimiento, las comunidades fueron reprimidas y Tzul fue encarcelado. Su legado a menudo se borra dentro de las narrativas históricas oficiales que centran las historias eurocéntricas y no indígenas. Al año siguiente, la élite criolla declaró su independencia de los españoles y finalmente formaron el estado de Guatemala, que excluiría a las comunidades indígenas y negras.
Dos semanas antes del despido de Sandoval, los representantes de Totonicapán viajaron al Palacio Nacional de la Cultura en la Ciudad de Guatemala para recuperar la silla de Tzul, que había sido confiscada y guardada por el gobierno en un museo. Durante la ceremonia, Martin Toc Sic, presidente de los 48 Cantones declaró:
El sueño de Atanasio Tzul era tener un país justo, con oportunidades…Después de 201 [años], los 48 cantones seguimos fuertes, más convencidos que nunca que este país merece una oportunidad; una oportunidad donde todos nos sintamos libres, orgullosos de nuestras autoridades…Los 48 cantones siempre van a exigir oportunidades y no solo para Totonicapán, sino para todo este país. [El regreso de la] silla era una obligación de Estado que hoy lo llevamos con el compromiso de seguir haciendo bien nuestro trabajo, ad honorem, porque así nos enseñaron nuestros padres a trabajar sin recibir nada a cambio y así seguirá siempre.
Guatemala se encuentra hoy en otra coyuntura política en una larga trayectoria que ha visto a los poderes represivos explotar, desplazar y perseguir a los pueblos indígenas y oprimidos. Las demandas históricas de los movimientos sociales y los llamamientos a una asamblea constitucional plurinacional subrayan cómo el cambio real y efectivo debe ser estructural para que el Estado respete la dignidad y el bienestar de su pueblo.
Giovanni Batz tiene un doctorado en Antropología Social de la Universidad de Texas en Austin, y actualmente es becario postdoctoral del presidente en el Departamento de Estudios Nativos Americanos de la Universidad de California, Davis. Sus publicaciones se pueden encontrar aquí.
