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El pleito legal sobre el oro venezolano en custodia en el Banco de Inglaterra ha llegado a su etapa final. El 19 de julio el Tribunal Supremo británico se disponía a escuchar a los abogados de las partes y se concentra en tomar una decisión inminente.
Como muchos otros países, unos 30, Venezuela ha resguardado parte de sus reservas internacionales de oro en el nombrado banco.
Hablamos de 31 toneladas, calculadas en más de mil millones de dólares, casi el 15 por ciento de las reservas internacionales del país suramericano.
En 2018, cuando finalizaba el primer mandato de Nicolás Maduro, el Banco Central de Venezuela pidió la devolución de dichas reservas pero el Banco de Inglaterra se negó a ello, alegando que dudaba de la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro.
El ente venezolano abrió la diatriba jurídica en los tribunales británicos donde ha habido decisiones y contra decisiones que deben zanjarse prontamente de manera definitiva.
En 2019 el gobierno inglés no reconoció, como otros 50 países, el nuevo gobierno de Maduro que se instaló en enero de ese año, sino que más bien hizo lo propio con el auto juramentado y entonces diputado Juan Guaidó, bajo el modelo de una presidencia interina.
A partir de ese momento el gobierno venezolano ha reclamado la devolución del oro en los tribunales ingleses.
Avanzada la pandemia, el gobierno venezolano anunció que sería el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el que gestionaría los mencionados recursos para la compra de material sanitario, y pidió que el banco vendiera una parte de sus reservas a esta entidad internacional. Es decir, el ente que depositó el oro, permitiría que por cuestiones humanitarias un tercero administre su depósito para comprar y distribuir medicinas y suministros sanitarios.
Pero el banco se negó nuevamente a devolverlo.
En julio de 2020 el Tribunal Superior le otorgó la administración de los lingotes al interinato de Juan Guaidó, pero en octubre del mismo año, un tribunal de apelaciones anuló dicho veredicto reconociendo dudas sobre la autoridad última del recurso, ya que si bien Reino Unido había reconocido a Juan Guaidó, las gestiones corrientes las estaba transando con el gobierno de Maduro, con lo cual pedía al Tribunal Superior dictaminar de manera concluyente a quien reconocía el Gobierno de Reino Unido, y por ende, quien estaría “legitimado” para administrar el recurso.
Ahora, se enfrentan en el caso la junta de gobierno del Banco Central de Venezuela nombrado por Maduro, y otra junta designada por Guaidó.
Una vez pasado por el tribunal de apelaciones, el dictamen del Tribunal Superior deberá ser considerado jurisprudencia y servirá para que los entes del Estado inglés decidan ante nuevos casos similares.
Mientras Tanto, Guaidó.
Mientras el tribunal decidía la suerte del oro venezolano, el interinato de Guaidó se iba disolviendo de facto: la Unión Europea y otros países de América latina como México y Argentina dejaban de reconocerlo. Además nunca tuvo control sobre territorio o población ni un ente financiero que le permitiese administrar fondos, mucho menos una bóveda para resguardar el preciado metal.
Avanzaba el gobierno de Joe Biden y Estados Unidos bajaba el grado de presión sobre Venezuela.
Retener el oro más tiempo podría generar dudas sobre el interés real del gobierno británico para mantener su “custodia.”
A mediados de julio, la semana en la que el tribunal se disponía a escuchar a las partes para tomar una determinación final, el abogado de la cancillería inglesa para confrontar el pleito, desempolvó nuevamente el tema de Venezuela y recordó el reconocimiento “clara e inequívocamente” que ofrece el gobierno inglés a Guaidó como presidente, lo que a todas luces es una clara señal a las instancias jurídicas.
“Él es el único individuo al que se reconoce la autoridad para actuar en nombre de Venezuela como jefe del Estado,” dijo el abogado, James Eadie, en referencia a Guaidó. “Está claro que solo un presidente y únicamente uno es reconocido.”
En un comunicado, Leigh Crestohl, abogada de la junta del Banco Central designada por Maduro, dijo, “Los observadores internacionales en este caso podrían quedar sorprendidos ante la posibilidad de que una declaración unilateral de reconocimiento político por parte del gobierno del Reino Unido pueda despojar a una soberanía extranjera de los activos depositados en Londres sin recurso alguno en la corte inglesa”.
Días después, Maduro calificó la situación de "piratería del siglo XXI."
“Nos están robando las reservas de oro de Venezuela, que le pertenecen al Banco Central de Venezuela,” dijo. “Inventan un gobierno de la Narnia, de la fantasía para robarnos las empresas, el dinero, las cuentas y para robarle a Venezuela el oro."
El en pasado, Guaidó ha hablado de la “protección” de las reservas venezolanas en el Banco de Inglaterra. Dice que de devolvérselas a Maduro, los lingotes “podrían servir para reprimir al pueblo o llenar los bolsillos de un régimen cleptócrata.”
De perpetrarse la no devolución del oro al ente depositante, el Banco Central de Venezuela (BCV), se estaría cohibiendo al país suramericano de buena parte de sus ahorros.
No sería la primera vez que ocurre.
En el año 2011, la invasión a Libia permitió que se perdieran las reservas internacionales libias que el entonces ministro de planificación y finanzas, Abdulhafid Zlitni dijo que valoraban 120 mil millones. Hugo Chávez habló de unos 200 mil millones.
Una Posible Jurisprudencia
La gravedad del asunto actual con Venezuela no es cuestión de montos solamente.
Es que la decisión del Alto Tribunal británico generaría una jurisprudencia según la cual todos aquellos países que tengan sus reservas internacionales en los bancos ingleses podrían perderlo si, en algún momento, el gobierno inglés no reconoce la presidencia de alguno de ellos y por contrario decide alentar, como en el caso de Guaidó, un gobierno paralelo.
Es decir, una decisión de este tipo es un aliciente para la generación de gobiernos paralelos que tendrían una buena cantidad de dinero bajo un hipotético gobierno paralelo o en el exilio.
Además, serviría al gobierno inglés como un formidable mecanismo de presión sobre cualquier país que tenga reservas en sus bancos, coaccionándolo en una dirección u otra, so pena de quitarles reconocimiento y también sus ahorros como país.
El resultado es inequívoco: el desfalco de los países y sus poblaciones.
En ese caso, como el del interinato de Guaidó, el Banco de Inglaterra se convertiría en un resguardo permanente, por un tiempo de libre determinación según las políticas internacionales de su gobierno.
Podría pasar, solo para ilustrar de manera hipotética aunque no del todo improbable, que actores políticos decidan erigirse como presidentes en el exilio y para quedarse con las reservas que su país tiene en los bancos ingleses solo necesiten el reconocimiento del gobierno inglés.
Todo esto puede parecer muy hipotético, pero la sentencia estará en firme y servirá a los actores políticos de estos países para hacer sus propios cálculos, en conjunción con el gobierno de turno inglés y sus intereses.
Claro, habría que advertir que este pleito y su posible solución, puede conminar a la treintena de países que guardan su oro en Inglaterra a repatriar sus recursos o en todo caso moverlos a otro lugar jurídicamente más seguro, o que al menos no tenga una jurisprudencia que pone en riesgo sus ahorros.
Hablamos de que el Tribunal Supremo inglés podría producir una jurisprudencia que alienta gobiernos virtuales y consecuentes desfalcos, no ya de facto como en el caso libio, sino jurídicamente sustentados.
En pocos días podríamos tener una sentencia propia de los neocolonialismos.
Ociel Alí López es analista político, profesor de la Universidad Central de Venezuela y colaborador en diversos medios de Venezuela, América latina y Europa. Con su libro Dale más Gasolina fue ganador del premio municipal de literatura mención investigación social.
