Este artículo fue publicado en inglés en la edición de invierno de 2024 de nuestra revista trimestal NACLA Report.
Tras cinco meses de la guerra de Israel contra el pueblo palestino luego del 7 de octubre de 2023, el Ministerio de Defensa de Chile anunció la exclusión de empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), la más grande de América Latina. Días antes, el presidente de Colombia Gustavo Petro decidió suspender la compra de armamentos israelí argumentando que “esto se llama genocidio y recuerda al Holocausto”.
Consistente con las posturas de estos y otros países de América Latina a favor de un cese de fuego, ambas acciones profundizaron las críticas del Estado de Israel y su creciente genocidio en Gaza. Sin embargo, más allá de las declaraciones diplomáticas, la influencia de Israel en América Latina es más profunda y extensa de lo que aparenta, porque está focalizada en instituciones poderosas como las fuerzas armadas y policiales, y en el sector empresarial. Por esa razón, parece necesario ir más allá de las declaraciones diplomáticas —valiosas siempre— para asumir que se deben romper relaciones con Israel y suspender los vínculos económicos y comerciales.
Como destaca el periodista Emilio Marin, “Numerosa documentación prueba el nexo de Israel con el terrorismo de Estado en Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, El Salvador y los recientes golpistas de Honduras”. Este apoyo de Israel a las dictaduras latinoamericanas le abrió una grieta enorme con las izquierdas y los movimientos sociales que nunca consiguió cerrarse. Los judíos de izquierda, por su parte, se han solidarizado con las víctimas de persecuciones.
Una característica de la presencia israelí en América Latina en el pasado y el presente consiste en que “va acoplada a los intereses anglosajones, principalmente de Estados Unidos”, y se concreta en su apoyo “al neoliberalismo y el capitalismo salvaje”, como señala el historiador argentino Martín Martinelli, autor del libro Entre intifadas, revoluciones y resistencias publicado en 2022. En su opinión, el pequeño complejo industrial militar de Israel es una copia del de Estados Unidos y “se construye con las políticas represivas durante las dictaduras latinoamericanas”.
De hecho, Israel posee menos del 3 por ciento del mercado de armas a nivel global y sus compañías no figuran entre las primeras 30 empresas de armas del mundo, según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), pero los especialistas apuntan que la clave está en su valor cualitativo. Sus principales “aportes” a las fuerzas armadas latinoamericanas hoy día consisten en fusiles, aeronaves, tecnología satelital, y un importante desarrollo de los aviones no tripulados tácticos Hermes.
En paralelo, según Martinelli, el soft power israelí se apoya por fuertes vínculos sionistas en América Latina. En Argentina, país de origen de Martinelli, esto se evidencia en el hecho de que existen defensores de la política de Israel “en lugares claves de las universidades, de los medios de comunicación y de los grandes aparatos de mayor difusión”. Por otro lado, en las últimas décadas el evangelismo —que conoce una fuerte expansión en la región— “funciona como un puente férreo con el sionismo”, como lo enseñan los movimientos alrededor de Jair Bolsonaro y Javier Milei en Brasil y Argentina.
Antony Loewenstein, autor del libro The Palestine Laboratory, señala que la industria militar israelí se apoya en tres cuestiones: la ciberseguridad, el contraterrorismo y la seguridad fronteriza. “Palestina es el taller de Israel”, escribe Loewenstein, citando al libro del historiador Greg Grandin, Empire’s Workshop, que detalle como América Latina ha servido como un campo de prueba para el imperio estadounidense. Para Israel, Palestina es “una nación ocupada a sus puertas” que “provee millones de personas subyugadas como un laboratorio por los métodos más precisos y exitosos de dominación” para luego venderlos al mejor postor a nivel global. Pero esa industria no podría existir sin la enorme ayuda militar dispensada por Estados Unidos: 230 billones de dólares (suma ajustada por la inflación) desde la fundación del Estado israelí en 1948.
Los territorios ocupados funcionan también como laboratorio en el manejo del agua, a través de la empresa estatal israelí Mekorot. Esta empresa ejerce una suerte de “apartheid del agua” limitando el acceso de la población palestina en Gaza y Cisjordania a fuentes seguras. Lo grave es que Mekorot se apoya en esa historia para posicionarse en América Latina, llegando a acuerdos con gobiernos locales y nacionales para encargarse del manejo de los servicios de agua potable.
Las dictaduras apoyadas por Israel. El caso de Chile
Aunque las dictaduras latinoamericanas fueron una pesadilla para sus poblaciones y para las izquierdas, el Estado de Israel vio en ellas una oportunidad para expandir su influencia en la región. El caso de Guatemala con el apoyo a la política de “tierra arrasada” de la dictadura del general Efraín Ríos Montt ha sido ampliamente documentada y difundida. En otros casos ha sido menos evidente pero no menos profunda, como es el caso de Chile.
El espectro de la presencia israelí es muy amplio y va desde la dictadura de Pinochet (1973-1990) hasta el apoyo a la militarización de Wallmapu, territorio histórico del pueblo mapuche. En un informe en Le Monde Diplomatique sobre el 50 aniversario del golpe de Estado de Pinochet, Rodrigo Karmy localiza el origen de la colaboración israelí-chilena en 1975, cuando “llegó a Santiago de Chile una delegación israelí liderada por Nahum Admony, en ese entonces, director del Mossad para entrevistarse con Manuel Contreras [jefe de la policía secreta chilena] e intercambiar una cabeza de [misil] exocet por entrenamiento israelí a los servicios de seguridad del régimen (DINA)”.
Pero la consolidación de la relación entre Israel y la dictadura se dio en 1976, luego de que el Congreso de los Estados Unidos votara la “enmienda Kennedy” que suspendía la ayuda militar a Chile por la violación constante de los derechos humanos. A partir de ese momento, Israel sustituyó a Estados Unidos como proveedor de armamento y de entrenamiento. La conclusión de Karmy es que “cada vez que los Estados Unidos se ve complicado al apoyar a un determinado régimen para proveer de armas, se suple o complementa con la industria israelí que constituye un conglomerado muy profundamente imbricado, sin embargo, con la propia industria estadounidense”.
Las principales empresas que venden armas a Chile desde la década de 1970 son Elbit Systems, Israel Aerospace Industries (IAI) y Rafael. Según el exjefe del Estado Mayor del Ejército chileno y jefe de Estudios de Seguridad de la empresa miliar AthenaLab, John Griffiths, “la industria israelí tiene con Chile una relación estratégica, porque es uno de nuestros proveedores históricos”. Este ex militar, ahora empresario, considera que la industria militar israelí es pequeña, pero tiene alto impacto: “Si hay una empresa que se distingue por tener una innovación disruptiva, por sacar al mercado cosas que generan desbalance, esa empresa es Israel”.
Más recientemente, el gobierno de Sebastián Piñera fue uno de los gobiernos que más dinero invirtió en la compra de armas a Israel desde la dictadura. Además, en 2018 un general del ejército israelí visitó Chile, recorrió la unidad de élite Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, entre otras, y firmó un memorándum con el ejército de Chile para colaboración en educación militar, capacitación y doctrina. Según un artículo de Karmy comentando el libro de Loewenstein: “Los dispositivos que usa la policía y las diversas ramas de las Fuerzas Armadas chilenas son israelíes, es decir, se prueban en el laboratorio palestino de los territorios ocupados para luego utilizarse contra la población chilena (revuelta de 2019) y sobre todo, contra Wallmapu que, trágicamente, funciona como nuestra verdadera Gaza chilena”.
Israel interviene, de hecho, en el principal conflicto interno de Chile: el que mantiene el Estado con el pueblo mapuche, algo más del 10 por ciento de la población, que reside mayoritariamente en el sur, el territorio de Wallmapu. Según Francisca Quiroga, las fuerzas armadas que operan en esa región “han recibido entrenamiento, tecnología y armamento militar israelí” por lo menos desde octubre de 2013 cuando el ejército de Chile comenzó la compra de “drones de espionaje”.
Según una investigación del Centro de Investigación Periodística (Ciper), de Chile, “los drones se han transformado en una de las nuevas herramientas de vigilancia favoritas para los uniformados. Son más baratos que los aviones y permiten el monitoreo a distancia sin que sean percibidos”. La investigación de Ciper cita al medio especializado FlightGlobal, que sostiene que en 2013 “la empresa israelí BlueBird Aero System se adjudicó un contrato por 3 millones de dólares con el Ejército chileno para proveerse de naves no tripuladas”. Los drones de BlueBird han sido probados exitosamente en territorio mapuche, según el mismo medio, pero ese tipo de vigilancia es permanente desde que la intervención militar en Wallmapu es una respuesta estructural del Estado de Chile al llamado “conflicto mapuche”.
La presencia del espionaje militar: Pegasus
La especialización de Israel en tecnología militar y de control y vigilancia de poblaciones se cristaliza, además del armamento, en programas como Pegasus que están siendo incorporados por gobiernos latinoamericanas para ser utilizados por las fuerzas armadas y policiales.
Una amplia investigación de The New York Times, publicada en 2023, reveló que México “se convirtió en el usuario más prolífico” de Pegasus, considerado “el programa espía más avanzado del mundo”. México fue el primer país en comprar y utilizar el programa en 2011, bajo el gobierno de Felipe Calderón, responsable de haber iniciado la “guerra contra el narcotráfico” en diciembre de 2006, que le ha costado al país alrededor de 300 mil muertos y 100 mil desaparecidos.
México tuvo amplia experiencia de las capacidades y los peligros de Pegasus. Lo más grave es que el gobierno mexicano no sólo lo utiliza para espiar a civiles que se enfrentan al Estado sino también para “espiar a personas que defienden los derechos humanos”, tarea que se continuó por lo menos hasta la difusión del reportaje en abril de 2023 bajo el gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador.
Pegasus es un software de espionaje producido por la empresa israelí NSO Group que sólo puede ser vendido a gobiernos. “El malware aprovecha vulnerabilidades inéditas ─es decir, no conocidas por el fabricante del dispositivo atacado─ para atacar, infectar y obtener control de un equipo”, sostiene el portal ejercitoespia.r3d.mx. En las versiones más recientes del programa, “no es necesario que el objetivo interactúe de ninguna manera ─como hacer clic en un enlace o abrir un archivo─ para lograr una infección del dispositivo”.
En 2021, una investigación realizada por Frontline Defenders, con el apoyo técnico de Amnistía Internacional y Citizen Lab, comprobó el uso de Pegasus para comprometer los teléfonos de seis defensores de derechos palestinos, personas empleadas de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los territorios ocupados. Como sucede con la industria armamentística israelí, antes de ser exportado el sistema de espionaje ha sido probado con la población palestina que sirve como laboratorio.
El informe del Times destaca la potencia de Pegasus, ya que “puede grabar todas las pulsaciones del teclado, incluso cuando se utilizan aplicaciones cifradas, y vigilar a través de la cámara del teléfono o escuchar a través de su micrófono, incluso si el dispositivo parece estar apagado”.
En México, aunque el programa se ha usado para a desarticular redes de abusos a menores y detener a criminales célebres, como el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, adscrito a la Secretaría de Gobernación, lo utilizó también para espiar a periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos.
En 2021 el gobierno de Joe Biden incluyó en su lista negra a la empresa israelí NSO Group que fabrica el programa espía, pero el gobierno de López Obrador no frenó el uso de Pegasus pese a que, interpelado por los medios a raíz del escándalo, había calificado como “ilegales” esas prácticas.
La colaboración entre Israel y el Ejército de México es muy grave, ya que es la institución que tiene más denuncias de violaciones de derechos humanos, asesinatos de civiles inocentes, violaciones y desapariciones como es el conocido caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014. Sin embargo, en otros países de la región se han destapado escándalos vinculados a Pegasus. En República Dominicana, la periodista Nuria Piera denunció que su teléfono había sido “infectado con Pegasus” entre 2020 y 2021, según recoge Amnistía Internacional. En El Salvador, 35 periodistas y miembros de la sociedad civil fueron atacados con Pegasus en el mismo periodo, según una investigación de Citizen Lab y Access Now.
El poder económico: Mekorot
El caso de la empresa de manejo de aguas Mekorot es muy similar al de la industria de las armas: se prueba primero en territorio palestino y luego se exporta.
Mekorot (“fuente” en hebreo) es la compañía nacional de agua de Israel y la principal responsable de la planificación y gestión de los recursos hídricos. Desde 1982 asumió también la administración de la infraestructura de suministro de agua en los territorios ocupados palestinos en la orilla occidental del río Jordán. Para el Estado de Israel el agua es un elemento de control y sometimiento del pueblo palestino. Así lo reconoció el presidente de Mekorot, Yitzhak Aharonovich, en declaraciones a la prensa argentina el año pasado: “Hay dos pilares muy firmes en Israel, uno es la seguridad, y el otro, el manejo del agua”.
La empresa ha sido denunciada por practicar el “apartheid del agua”, ya que restringe la cantidad del líquido que recibe la población palestina: mientras cada colono israelí en los territorios ocupados recibe alrededor de 369 litros diarios por persona, los palestinos apenas reciben 70 litros, por debajo de los 100 litros que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En Gaza, este apartheid del agua se empeorado mucho en el contexto del genocidio, con acceso a menos de 2 litros por persona al día. Incluso antes de las últimas agresiones israelís, en Gaza entre el 90 por ciento y el 95 por ciento del suministro de agua está contaminado y no es apto para el consumo humano.
Desde hace algunos años Mekorot se está expandiendo por el mundo; consiguió aterrizar en Argentina con acuerdos con siete gobiernos provinciales y tiene planes avanzados en Chile, Uruguay y México. La expansión de la empresa se produce tanto bajo gobiernos conservadores como progresistas, y en ambas situaciones cosecha rechazos e impugnaciones que la obligan a caminar más despacio de lo que desearía.
En 2011, el entonces gobernador progresista de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, anunció la firma de un contrato por 170 millones de dólares con esta compañía para construir una planta potabilizadora en la ciudad de La Plata, que en 2013 tuvo que ser suspendido debido al rechazo social que suscitó. En Uruguay, la empresa estatal de agua OSE firmó en marzo de 2022 un acuerdo con Mekorot, durante un periodo prolongado de sequía, por el que técnicos de la empresa ofrecen reducir las pérdidas en la red de agua, pero sobre todo para el desarrollo del controvertido proyecto Neptuno. Se trata de una iniciativa privada para crear una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata, que le será encargada a la empresa israelí.
En Chile Mekorot también avanzó acuerdos con la región Bio Bio en mayo de 2023, así como en República Dominicana, pero este acuerdo fue revocado en junio de 2024.
Resistencias latinoamericanas
Las resistencias las encontramos en todos los niveles y espacios de las sociedades: desde las instituciones hasta los movimientos sociales. La campaña BDS, movimiento que utiliza el boicot, desinversión y sanciones para presionar al estado Israeli, ha jugado un papel destacado en algunas decisiones, pero también la llegada a los gobiernos de fuerzas progresistas y de izquierda que suelen rechazar el militarismo israelí. Esta actitud era importante antes del 7 de octubre de 2023, pero desde ese momento la solidaridad con Palestina ha crecido notablemente.
El presidente de Bolivia, Evo Morales llamó a “boicot, desinversión y sanciones” y se solidarizó con Palestina en 2014, según el libro El militarismo israelí en América Latina. Brasil en 2016 se distanció de la compañía de seguridad ISDS de Israel. En diciembre de 2014 Rio Grande do Sul canceló un programa satelital importante con Elbit Systems por denuncias de BDS. En 2016, nuevamente como respuesta a la presión social, las dos compañías públicas de agua de Bahía (Brasil), Embasa y CERB, anunciaron el fin del acuerdo firmado con Mekorot en 2013.
Mas reciente, en Chile, en marzo de 2024, la agrupación “Abogados por Palestina” presentó ante la Controlaría General de la República de Chile un documento señalando que el acuerdo entre Mekorot y el gobierno regional de Bio Bio para recibir asesoría en la realización del Plan Regional de Gestión de los Recursos Hídricos, “carece de transparencia en el proceso de contratación, garantías adecuadas de cumplimiento, y presenta cláusulas injustificadas que limitan la responsabilidad de la empresa”.
El periódico Infobae reconoce que “la denuncia se produce en plena polémica por la decisión del Gobierno chileno de suspender la participación de empresas israelíes en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), la más importante del sector en Suramérica”. En términos más amplios, los chilenos se han movilizado contra la guerra y el gobierno ha presentado demandas tanto en la Corte Internacional de Justicia de la ONU como en la Corte Penal Internacional, en gran medida por la importancia de la comunidad palestina en el país.
La importante solidaridad que se registra en Chile con el pueblo palestino y la movilización social contra los acuerdos armamentísticos con Israel, están ligados a la gran cantidad de personas de ascendencia palestina que viven en el país, algo más de 500 mil personas. Pero existen profundas divisiones en la diáspora. Tanto en Chile como en Honduras empresarios de origen palestino apoyaron el golpe de Estado de Pinochet (1973) y el golpe contra Mel Zelaya (2009), como forma de proteger sus privilegios.
Sin embargo, en general, los países de América Latina se han apoyado a la causa palestina. Tampoco debemos olvidar que Panamá es el único país de la región que no reconoce a Palestina y que los países latinoamericanos figuran entre los más críticos con la ofensiva de Israel en Gaza, al punto que tres de ellos rompieron relaciones en respuesta al genocidio. A principios de mayo, el presidente Gustavo Petro anunció la ruptura de relaciones. “Colombia no puede ser indiferente ante el enorme e indescriptible sufrimiento humano”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado sobre la decisión.
Meses antes lo había hecho Bolivia y poco después Belice hizo lo mismo. Venezuela había dado ese paso ya en 2009, también en relación al ataque militar israelí a Gaza. Además, varios países latinoamericanos han llamado a consulta sus embajadores en Israel, como Chile, Brasil y Honduras, medida que se considera previa a la ruptura de relaciones diplomáticas. En total, son por lo menos once los países de la región que han pronunciado en contra de las agresiones de Israel en Gaza. Además, en marzo de 2024, 24 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) denunciaron las acciones de Israel y expresaran su “fuerte” apoyo por la resolución de las Naciones Unidas a favor un cese al fuego humanitario inmediato.
El panorama que presenta la región es el de voces críticas y prestigiosas muy potentes, como la del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que no dejan de fustigar a Israel por su negativa a un alto el fuego. “Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y con el pueblo palestino no existe en ningún otro momento histórico. De hecho, existió: cuando Hitler decidió matar a los judíos”, dijo Lula en Etiopía en febrero, en la cumbre de la Unión Africana.
En muchos países existen comités de solidaridad permanentes con Palestina, que han convocado multitud de manifestaciones, concentraciones y plantones desde el 7 de octubre. Se han creado amplias coordinaciones de apoyo a Palestina, como la Coordinadora por Palestina de Chile, un colectivo compuesto por unas 70 agrupaciones de larga trayectoria en la colaboración con la causa palestina. O las recientes manifestaciones en Montevideo, en las que confluyen decenas de agrupaciones sociales y políticas.
Los académicos de la región, por su parte, enviaron dos mensajes públicos en enero de este año: la “Carta a las Autoridades Universitarias” y la “Carta de académicxs por Palestina a los gobiernos progresistas”, solicitando una postura más firme y concertada a nivel regional. Entre los destinatarios están los presidentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México, Honduras y Venezuela.
La segunda carta exige a los gobiernos, entre otros cuatro puntos, una demanda clave, que sigue resonando por las calles: “la revisión de las relaciones comerciales y la revocación de cualquier acuerdo de cooperación militar de nuestros países con el Estado de Israel”.
Raúl Zibechi es escritor, educador popular y periodista. Ha publicado 20 libros sobre los movimientos sociales y escribe para varios medios latinoamericanos que incluyen entre otros La Jornada, Desinformémonos, Rebelión y Correo da Cidadania.
