Este artículo fue publicado en inglés en la edición de invierno de 2024 de nuestra revista trimestal NACLA Report.
En julio, las Abuelas de Plaza de Mayo difundieron una campaña urgente de apoyo nacional e internacional. La emblemática búsqueda de sus nietos, desaparecidos durante el régimen de terror de Estado, estaba en riesgo ante un "ataque masivo" contra la verdad, la memoria y la justicia. “Lo que está ocurriendo en Argentina", escribieron las Abuelas, “no tiene precedentes en 40 años de democracia”. El presidente de extrema derecha Javier Milei había amenazado con cerrar la oficina dedicada a investigar los casos de niños desaparecidos de la dictadura y, de hecho, en agosto, su Gobierno lo hizo. En declaraciones al diario Página 12, la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, calificó la decisión como otra vejación de Milei contra los derechos humanos. “Esto es totalmente maligno”, dijo.
A medida que avanza el negacionismo de extrema derecha, la memoria colectiva de la violencia dictatorial, así como los activistas comprometidos con la transmisión de estas historias, se ven amenazados tanto en Argentina como en el vecino Chile. En Argentina, donde los negacionistas de la dictadura ocupan ahora los más altos cargos, el gobierno ha amenazado con desmantelar los monumentos y lugares de memoria creados con tanto esfuerzo para promover la verdad, la justicia y el “Nunca Más”. Notoriamente, en la campaña electoral de 2023, la compañera de campaña de Milei y ahora vicepresidenta, Victoria Villarruel, propuso reutilizar la antigua academia naval de la ESMA, otrora el mayor centro clandestino de tortura de la era de la dictadura en el país y ahora un museo de la memoria histórica reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mientras tanto, en Chile, el Partido Republicano de extrema derecha, liderado por el candidato presidencial José Antonio Kast, ha obtenido importantes logros, lo que parece haber propiciado una oleada de actos vandálicos informales y clandestinos contra sitios similares.
Ambos países sufrieron dictaduras militares en las décadas de 1970 y 1980 que exterminaron y desaparecieron a miles de personas: unas 30.000 en Argentina y más de 3.000 en Chile. Y tanto Milei como Kast, han mostrado cierto nivel de apoyo a los legados dictatoriales de sus respectivos países, como parte de su retórica radical. En una audiencia pública celebrada este año en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria advirtió de que en Argentina, Chile y otros países de la región, el auge del discurso negacionista está erosionando el consenso público en torno a la verdad y la memoria, con consecuencias concretas para los defensores de los derechos humanos y su trabajo.
Sin embargo, en ambos países, diferentes grupos de la sociedad civil siguen al frente de las luchas para construir y preservar monumentos y sitios de memoria, basándose en décadas de trabajo para promover una cultura de respeto de los derechos humanos y la no repetición de los crímenes cometidos. Como dijo Taty Almeida, una de las Madres de Plaza de Mayo, al Buenos Aires Herald en respuesta al ataque de Milei a la memoria: “La esperanza es lo último que se pierde”.
Desmantelando la verdad y la justicia en Argentina
Poco después de que Milei asumiera la presidencia, las políticas de protección de la memoria, la verdad y la justicia -iniciadas en gran medida en 2003 bajo la presidencia de Néstor Kirchner- fueron duramente atacadas. "Todo es un desastre", dijo Almeida al Buenos Aires Herald a los seis meses de gobierno de Milei. “Nunca pensamos que tendríamos que volver a demostrar que hubo un genocidio en Argentina”. El gobierno de Kirchner, respondiendo a las demandas de la sociedad civil, priorizó la recuperación y resignificación de sitios de memoria como la ex ESMA, que en 2004 comenzó a transitar un proceso de una década para convertirse en museo. El gobierno de Kirchner también impulsó la derogación de las leyes de amnistía conocidas como “Punto Final” y “Obediencia Debida”, permitiendo la reapertura y el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad y otras medidas de la justicia.
El gobierno de Milei ha atacado simbólica y concretamente estas políticas y los sitios de memoria. La Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria y muchos sitios de memoria han sido vaciados tras recortes de fondos y decenas de despidos injustificados, poniendo en peligro su correcto funcionamiento. Hasta el momento, más de 100 trabajadores se han visto afectados. Aunque los despidos se han concentrado en la capital, el impacto ha golpeado con fuerza en las provincias donde los sitios cuentan con pocos empleados. En estos lugares un solo despido puede poner en riesgo de cierre los sitios. Los proyectos de infraestructuras para espacios de memoria se han suspendido por completo.
En agosto, el gobierno cerró la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños, que formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Esta unidad investigaba y analizaba casos de niños desaparecidos durante la dictadura y aportaba material para los procesos judiciales en curso. Según datos de Abuelas de Plaza de Mayo, más de 300 casos de nietos desaparecidos siguen sin resolverse.
Asimismo, el gobierno también ha desmantelado la oficina que investigaba los crímenes de la época de la dictadura en el Ministerio de Defensa por considerar que esta labor apuntaba injustamente a militares acusados de crímenes de lesa humanidad. Entre otros trabajos notables, esta unidad proporcionó fondos de investigación para los llamados juicios de los Vuelos de la Muerte, un caso histórico que procesó a docenas de ex oficiales por hacer desaparecer los cuerpos de disidentes arrojándolos al océano. En palabras de uno de los investigadores despedidos, Hernán López, la oficina realizó un trabajo “tedioso y riguroso”. “Nos echaron no por no hacer [nuestro trabajo]”, dijo a Clarín, “sino porque lo hicimos”.
Estas acciones, llevadas a cabo por un gobierno que dice no tener una agenda con respecto a la dictadura pero que tiene en sus filas defensores acérrimos de los perpetradores del genocidio, desafían verdades y consensos sociales de la sociedad argentina que hasta hace poco, se daban por sentados, como el principio del “Nunca Más”, así como la idea de que el Estado es responsable de encontrar a los bebés robados durante la dictadura. En definitiva, las decisiones del actual gobierno ponen en riesgo la forma en que Argentina ha gestionado su relación con el pasado durante más de 20 años, a la vez que obstruyen el poder judicial desarticulando distintas unidades de investigación.
Vandalismo como ataque a la memoria en Chile
El 30 de septiembre, unos vídeos captaron a dos personas destrozando la Casa de la Memoria José Domingo Cañas, un antiguo centro de tortura y exterminio en la ciudad de Santiago que ahora alberga un memorial y un museo. La pareja, vestida con chaquetas del ultraderechista Partido Republicano, reía y grababa vídeos mientras pisoteaban las fotos que adornaban el memorial de las víctimas que allí fueron asesinadas. Fue al menos el quinto acto vandálico contra el lugar, en medio de una creciente ola de ataques de este tipo en los últimos años.
Ya en 2018, el Instituto Nacional de Derechos Humanos advirtió sobre los riesgos que enfrentan los memoriales y sitios de memoria chilenos. Desde entonces, la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio ha registrado 166 ataques a memoriales, sitios de memoria, monumentos y tumbas relacionados con la violencia estatal de la época de la dictadura. Aunque ningún candidato de extrema derecha ha accedido al poder ejecutivo como en Argentina, la extrema derecha ha logrado avances significativos en el Congreso Nacional de Chile, obteniendo 14 escaños en las primeras elecciones parlamentarias del nuevo partido en 2021. En 2022, las reacciones conservadoras contribuyeron en gran medida a torpedear la propuesta de una nueva constitución progresista que sustituyera a la carta magna de la dictadura. Después de que los chilenos rechazaran ese proyecto en un plebiscito, las fuerzas de extrema derecha se aseguraron la mayoría en un nuevo consejo formado para supervisar un segundo proceso de redacción constitucional. La segunda propuesta de constitución, aún más conservadora que la vigente, fue finalmente rechazada tambien en un plebiscito.
Como puso de manifiesto el proceso constitucional, la expansión electoral de la extrema derecha ha ido acompañada de avances culturales. Ahora, figuras públicas participan abiertamente en discursos y acciones que alaban e incluso exaltan las iniciativas. El año pasado, parlamentarios de extrema derecha cuestionaron la financiación de varios sitios de memoria y acabaron bloqueando las asignaciones presupuestarias para cuatro de ellos.
Esta expansión cultural se ha traducido en ataques concretos a memoriales y sitios de memoria, que van desde el vandalismo hasta la destrucción. En marzo, por ejemplo, la tumba del cantante y activista Víctor Jara, asesinado por la dictadura militar en 1973, fue vandalizada con rayados ofensivos como “Viva Pinochet” y “Vivan las Fuerzas Armadas”. En respuesta al ataque, la Fundación Víctor Jara dijo: “la nuestra es una memoria que trae dignidad y compromiso que aporta en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria”. Del mismo modo, el año pasado en Valdivia, la Casa de la Memoria y los Derechos Humanos, ubicada en el sitio de un centro de detención de la época de la dictadura y base de operaciones de la policía secreta, fue profanada con bolsas de excrementos.
Estos ataques, que han crecido en paralelo al aumento de la retórica que minimiza o glorifica la violencia de la dictadura, “son expresiones de odio y negacionismo”, según la Comisión Chilena de Derechos Humanos. La tendencia va en aumento: en agosto, la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos informó que, sólo en los ocho primeros meses de 2024, se habían producido 24 ataques de este tipo, superando los registros de 2023 y 2022. Hasta la fecha, nadie ha sido procesado por estos actos.
Activistas de memoria movilizados
En ambos países, los trabajadores de la memoria vuelven a movilizarse ante el ascenso de la extrema derecha y su retórica negacionista. En Argentina, los trabajadores de la memoria, sindicalizados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), están oponiendo una fuerte resistencia en defensa de sus puestos de trabajo, protestando en los sitios de memoria y frente al Ministerio de Justicia para exigir la reincorporación del personal despedido. En una declaración de junio, afirmaron: “Entendemos estos despidos, por las áreas que afectan, como el comienzo del desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos y de las políticas de derechos humanos que este pueblo consensuó hace muchos años”.
Evidentemente envalentonada por los negacionistas de la Casa Rosada, la extrema derecha ha sido descarada en su ofensiva contra la memoria histórica. En julio, legisladores del partido de Milei, La Libertad Avanza, visitaron en prisión a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, algo de esperanza generó el rechazo transversal que se manifestó por parte de la sociedad, ante esta visita -supuestamente destinada a elaborar una legislación que permita la liberación de estos genocidas-. El incidente demostró claramente que no existe un apoyo mayoritario a la política de indultos, sino una fuerte oposición. Quien creyera que el 56 por ciento de los argentinos que votaron a Milei estaban de acuerdo con su discurso negacionista, se equivocaba.
En Chile, las organizaciones comprometidas con la memoria y los derechos humanos no sólo han tenido que lidiar con la carga emocional y moral que supone responder al vandalismo y los ataques, sino que también han tenido que asumir la denuncia de estos actos, aunque con escasos resultados. Estas agresiones suelen producirse de noche, y los autores rara vez asumen su responsabilidad, lo que dificulta la búsqueda de justicia. Estas organizaciones también deben superar difíciles procesos de búsqueda de apoyo institucional y financiero para reparar los lugares dañados, una tarea a menudo retrasada por la burocracia estatal.
En muchos sentidos, la experiencia de Argentina ofrece una dura advertencia para Chile: las instituciones responsables de mantener las políticas de memoria deben seguir de cerca el accionar del gobierno de Milei y utilizar adecuadamente todas las herramientas disponibles para proteger los memoriales y sitios de memoria de Chile. En agosto, en una conferencia inaugural de la Red de Sitios de Memoria, los asistentes discutieron la necesidad de una ley que regule dichos lugares, así como la forma de enfrentar colectivamente los futuros desafíos que enfrentan las iniciativas de memoria. Como mínimo, la situación actual en Chile exige desbloquear todos los medios posibles de reparación financiera, simbólica y material para apoyar los espacios vandalizados y a las comunidades a las que estos sitios se deben.
A medida que la extrema derecha gana terreno en el Cono Sur y más allá, las amenazas a las políticas de memoria -ya sea mediante el desmantelamiento abierto o vía el aumento de actos de vandalismo- se dirigen a los lugares creados para preservar y transmitir la memoria del terrorismo y la violencia de Estado. Al mismo tiempo, estos ataques ponen en peligro a los activistas de la memoria, sus proyectos, su bienestar mental y físico y su dignidad. Estas acciones además, van en detrimento de las garantías de no repetición de las atrocidades cometidas contra los derechos humanos para la sociedad en su conjunto, con un impacto especialmente profundo en las comunidades vulnerables y en las generaciones futuras.
En julio, mientras protestaban contra las medidas del gobierno de Milei para desmantelar las políticas de memoria, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo tomaron su lugar histórico de resistencia, la Plaza de Mayo. Allí, a finales de la década de 1970, estas mujeres que buscaban a sus seres queridos desaparecidos inauguraron una forma creativa de protesta: caminar en círculos alrededor de la plaza para eludir la prohibición de las reuniones públicas impuesta por la dictadura.
“Hoy volvemos aquí”, señalaron ellas en un comunicado, “a nuestro lugar de protesta, donde nos ayudamos entre nosotras, con la lucha de casi 50 años a cuestas por nuestros desaparecidos, por nuestros bebés robados, con el corazón abierto, sin violencia, porque el Gobierno nacional está destruyendo todo lo que hemos construido para esta búsqueda".
Manuela Badilla Rajevic es profesora asistente de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Violencia y Democracia, y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).
Elisa Muñoz Elgueta es doctoranda de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tiene una maestría en gestión cultural y es miembro de la Asociación de Estudios de la Memoria y del grupo de investigación sobre Fotografía Contemporánea, Arte y Política (FoCo) del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA.
