Una intensa fiesta, cívica y democrática, se vive en Venezuela. El 28 de julio los venezolanos acudirán a las urnas para elegir el presidente para el periodo de los próximos seis años. Hasta los actores más radicalizados de ambos bandos en histórica pugna, el chavismo y la oposición, han aceptado las vías electorales y democráticas para dirimir sus conflictos políticos y se han abalanzado a lo largo y ancho del país a impulsar sus candidaturas.
Todos los partidos y sectores, sin excepción, apuestan por la salida electoral, lo que no ocurría desde que la oposición aceleró la salida insurreccional de desconocimiento al gobierno y demandó una intervención extranjera en 2017. Esta postura opositora catalizó el llamado a la abstención en las presidenciales de 2018 y la conformación de un gobierno interino paralelo en 2019, reconocido por Washington y sus aliados, que “despachó” desde la misma Caracas hasta su extinción el año pasado.
Por su parte, el oficialismo, desde 2017 hasta el 2023, inhabilitó varios líderes e intervino, por la vía del Tribunal Supremo de Justicia, a los principales partidos opositores, como los históricos Acción Democrática y Copei, junto a los otros partidos grandes de la oposición: Primero Justicia y Voluntad Popular; además del Partido Comunista de Venezuela (PCV) que, aunque es chavista, lleva una línea contraria al actual gobierno. También apresó decenas de militantes opositores.
En los últimos siete años en el país caribeño, si bien los hechos violentos fueron acotados y nunca transcendió a la violencia generalizada como la que se ha vivido en Colombia los últimos 60 años, o la de Centroamérica o el Cono Sur del siglo pasado, con miles de muertos y desaparecidos, la cascada de trastazos que provocaron ambos bandos políticos venezolanos puede catalogarse de una disputa radical y agónica, amplificada por la mediática internacional. Pero en este ciclo electoral de 2024, esta situación parece estarse superando.
Desde que culminaron las inscripciones de candidatos a finales de marzo, ha venido ocurriendo una gran celebración ciudadana que aun no desvanece la gran incógnita: ¿estamos en presencia de un ambiente democrático duradero, o más bien, en un escenario pasajero que pronto cederá ante las amenazas internas y externas?
La campaña va acompañada de un resurgimiento económico del país que según el Fondo Monetario Internacional será el de mayor crecimiento de la región durante este año con un 4 por ciento. En paralelo, se experimenta una sensación de seguridad pública que no se había sentido en el país en los últimos 50 años. Pero también se vive un recrudecimiento de la crisis eléctrica y un desvanecimiento general del Estado de bienestar, especialmente de los sectores educación, salud y empleo.
Lo comprometedor es que, más allá de la actual mejoría socio-económica, este escenario cívico está sobrevolado por una inmensa nube cargada, que amenaza con deslavar todo a su paso. Y es que cualquier cosa podría ocurrir desde aquí hasta el 28 de julio, el nuevo día D para los venezolanos.
La sombra del 5N y la incógnita
Mientras resolvemos la incógnita, los diferentes bandos políticos, representados por un total de 10 candidaturas, se desplazan por las calles y pueblos de Venezuela, incluso por algunos feudos de sus adversarios políticos, sin actos violentos que lamentar.
Hasta la agresión verbal ha venido cediendo: insultos como “narcogenocida” muy usado entre el liderazgo opositor o “terrorista” desde el lado oficialista, por los momentos no se revelan, aunque la contienda se va calentando en la medida que las fuerzas pugnan por las calles.
El candidato nombrado por la Plataforma Unitaria (PU), conglomerado que reúne a las principales partidos y corrientes opositoras, desde las moderadas hasta las de extrema derecha, es Edmundo González. Un diplomático de 74 años que ha contado con el consenso de todos los sectores de la oposición institucional, González asiste a mítines y a programas de televisión, como cualquier otro candidato, a pesar de que muchos pronosticaron que el oficialismo no le permitiría la postulación a ningún candidato del PU.
Con un candidato más moderado, representado en la figura de González, el lenguaje opositor hoy es mucho menos revanchista, y el del oficialismo también.
Mientras marcha la campaña, la sanción y el pedido de captura al candidato y Presidente Nicolás Maduro del Partido Socialista Unido de Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos, igual que a un conjunto de funcionarios, sigue vigente y ensombrece la carrera democrática. El poco avance en el cumplimiento de los acuerdos firmados en las mesas de diálogo, tanto entre oficialismo y oposición (como las de Barbados y México) o entre Washington y Caracas (como la de Doha) para desactivar este esquema de sanciones, podría producir nuevas decisiones del Estado venezolano de cara a la votación, como inhabilitaciones a última hora, traslado remoto de algunos centros electorales donde haya ocurrido violencia (como sucedió en 2017), o anulación de tarjetas electorales de partidos que apoyan a González.
La última decisión del 29 de mayo del Consejo Nacional Electoral (CNE) de revocar la invitación a observadores de la Unión Europea (UE), ha ocurrido una vez Bruselas confirmara, el 13 de mayo, el esquema sancionatorio. Aunque la UE excluyó al actual presidente del CNE Elvis Amoroso, de la lista de sancionados, el ente comicial consideró que el mantenimiento del régimen de sanciones es un impedimento para que una comisión europea participe como veedor en el evento. En cambio, el Centro Carter se mantiene en la lista de observadores aprobados por el CNE y ha confirmado su participación.
Pero además, en la medida que avanza la campaña en Estados Unidos, y se acerca la posibilidad de que el ex presidente Donald Trump vuelva a la Casa Blanca, las expectativas de un “final feliz” en Venezuela quedan en vilo por el probable accionar que tengan los lobbies de derecha: una vuelta de Trump, el 5 de noviembre, podría significar la vuelta de un ambiente de revanchismo opositor como el ocurrido durante los levantamientos de 2017 y 2019 y de acciones violentas, como el golpe militar del 30 de abril de 2019, dirigido públicamente por el representante de asuntos sobre Venezuela de la Casa Blanca, Elliott Abrams, y alabado por la mediática mundial.
Trump fue quien diseñó, junto al funcionariado republicano, el férreo esquema sancionatorio sobre Venezuela, pero además dio luz verde a un impulso rupturista, poniendo sobre la mesa la posibilidad de una invasión militar estadounidense. Las células y partidos de ultraderecha venezolanos comprendieron que con Trump en la silla presidencial, era el momento de hacer tabula rasa con el chavismo, lo que llegó al paroxismo en 2017 con el linchamiento e incineración de personas solo por pertenecer al gobierno o a algún movimiento chavista.
La actuación de estos grupos ultraderechas se repite en cada nueva convocatoria insurreccional. Lo más grave de estos eventos violentos es que el liderazgo opositor lejos de rechazarlos, prefiere contemplarlos pasivamente o desde un tono amenazador ya que objetarlos implicaría ser virtualmente vejado e injuriado por el enorme poder financiero y mediático de estos grupos, muchos de los cuales están localizados en Miami y el exterior y han catalogado como “entreguistas” y “colaboracionistas” a cualquier líder opositor moderado que se oponga al accionar de la derecha radical.
Entonces, pensar en un triunfo opositor en Venezuela con estos sectores impulsando la persecución y la vendetta y, en paralelo, un triunfo de Trump en Estados Unidos, podría producir un cortocircuito que abre escenarios, incluso de guerra civil.
Por otro lado, ante la firme participación de la oposición en estas presidenciales, el gobierno se enfrenta a un escenario que no había experimentado desde su derrota legislativa de 2015, última fecha en la que participó en pleno la oposición. Un resultado adverso, con el alto precio de salida que implica —como la entrega de las actuales autoridades del Estado al gobierno estadounidense o la persecución a sus familiares— puede provocar un desconocimiento electoral del partido oficial y una respuesta represiva del Estado.
Resulta obvio pensar, que bajo estos riesgos que suponen las sanciones, es muy difícil que el actual gobierno, de perder, entregue el poder político sin condiciones que garanticen su vida y la de sus familiares, así como la posibilidad de seguir participando libremente en la política nacional. Desde esta perspectiva, un triunfo opositor, dirigido por Machado, la líder opositora, ganadora de las primarias que no pudo presentarse debido a su inhabilitación, podría significar el comienzo de un conflicto de mucha mayor envergadura, tomando en cuenta que las Fuerzas Armadas son de los actores más criminalizados y señalados por la oposición radical y varios funcionarios de sus filas se encuentran en las listas de los sancionados por Washington y Bruselas.
A pesar de su inhabilitación política, Machado ha seguido haciendo campaña para apoyar a González, y ha logrado permear su accionar en sectores sociales y territoriales que eran feudos del chavismo.
La carrera electoral
Más allá de los hipotéticos escenarios extra institucionales, la carrera electoral prospera y los contendores luchan cada voto y es que realmente la disputa luce pareja.
Por un lado, una estrategia opositora que desprecie las fuerzas electorales del chavismo sería ingenua. Primero, porque a este movimiento le beneficia el padrón electoral “realmente existente” que se impone después de la masiva oleada migratoria. Segundo, porque cuenta con un fuerte poder territorial y maquinaria electoral y, tercero, porque la oposición podría atravesar varios problemas de endoso.
Aunque, por otro lado, en líneas generales, parece no ser un buen momento para el chavismo.
Maduro ganó en las presidenciales de 2018 con 6,24 millones de votos, pero con una abstención de 54 por ciento, y desde entonces mucho camino se ha andado. En las regionales de 2021, la coalición de gobierno bajó a 3,59 millones de votos de los 5,81millones de votos que había sacado en las regionales de 2017, cerca de un 40 por ciento menos en eventos similares.
Sin embargo, esta caída del 2021 todavía es muy superior a los 2,25 millones conseguidos por Machado en las primarias opositoras de noviembre de 2023.
Aunque estos eventos comparados son disímiles entre sí, sus guarismos nos permite pensar que pueden ser probables escenarios de resultado cerrado y que nada está pre determinado en este momento.
La oposición ensancha el escenario del triunfo
Por su parte, la oposición ha logrado sortear muchos de los obstáculos. El primero es uno que ella mismo forjó: el abstencionismo. Después de varios años convocando a no asistir a las urnas, ahora tendrán que animar a sus partidarios en una competición compleja.
A su favor, las encuestas, tanto cercanas al gobierno como a la oposición, pronostican una alta intención de voto. Según Datanálisis, una encuestadora históricamente cercana a la oposición, los últimos estudios dan cuenta que entre 70 y 75 por ciento asistirá a votar, mientras que su competencia, Hintelaces, cercana al gobierno, sitúa la participación en 81 por ciento, creciendo 3 por ciento mensual. Este escenario, de alta participación, podría perjudicar al gobierno en tanto las últimas elecciones ha podido ganar movilizando a su nicho sólido que se han mantenido fiel pero ha sido incapaz de crecer o atraer nuevos públicos como los jóvenes.
Otro de los obstáculos superados por la oposición ha sido el de las divisiones en su seno, en tanto todos los sectores políticos que hacen vida en la PU se han unificado en torno a la candidatura de Edmundo González. Además, el resto de los candidatos (ocho), virtualmente opositores, pero señalados de atender a la estrategia oficial, no terminan de evidenciar sus fortalezas en las encuestas, por lo tanto, el evento electoral parece estar signado, si no hay sorpresas, por la polarización, así como ha ocurrido en los eventos electorales clásicos del país, en los que no hay alternativas viables.
El mayor riesgo actual de la candidatura de González es el endoso de los votos “anti maduristas”. El diplomático es muy desconocido en el ambiente político puesto que no ha tenido figuración pública en ningún área. Aunque hace significativos mítines, por su edad y sus condiciones no está produciendo mucha actividad en la cruzada. Además, esta campaña es inusualmente corta en tanto a lo habitual, ya que las presidenciales se hacen generalmente en diciembre y se realiza pre campaña desde el propio mes de enero, mientras que en 2024 se realizarán a finales de julio y el candidato opositor se escogió a finales de marzo.
Pero su máximo problema a vencer es que, el resto de los liderazgos opositores, especialmente el de la derechista radical, María Corina Machado, que está generando entusiastas eventos a lo largo del país, no generan un trasvase automático de votos. Esta es una variable que se va a poner a prueba el propio día del evento.
Las encuestadoras ofrecen datos un tanto dispares a la hora de establecer quien va en la delantera. Datanálisis dice que González tiene entre 40 por ciento y 50 por ciento de intención de voto e Hintelaces afirma que el 59 por ciento de los encuestados considera que Maduro ganará las elecciones.
Hablamos de dos preguntas diferentes según cada firma encuestadora, la que trata de indagar por quién va a votar el encuestado y la que le pregunta quién cree que ganará. Ambas producen dos respuestas diferentes: gana ampliamente la intención de votar por González, más, sin embargo, también gana ampliamente que los encuestados crean que va a terminar ganando Maduro. Estas respuestas disímiles sirven para entender, por un lado, el grosor del poder político que sustenta al chavismo —los encuestados no creen que Maduro salga del poder— y, por el otro, el grado de adhesión que está teniendo el candidato opositor, aunque sea desconocido.
Más importante, entonces, que lo que suceda el 28 de julio, día de las presidenciales, es lo que sucederá el día siguiente. Ese día se sellará el futuro de Venezuela. Si los actores comienzan a verse como adversarios y ya no como enemigos, lo que significa cumplir los acuerdos de Barbados firmados en octubre de 2023, en el que se establecieron las pautas generales para el evento presidencial, y así avanzar en los mecanismos de diálogo en el que se ha invertido tanto tiempo, estaremos entrando a una etapa de estabilidad.
Que alguno de los dos bandos no reconozca el resultado, o que las cuentas de los comicios sean comprobadamente forjadas, puede significar el comienzo de un conflicto prolongado que puede terminar en un escenario mucho peor de los de la historia reciente venezolana y más cercanos a los de Colombia, Centroamérica o el Cono Sur.
Ociel Alí López es sociólogo, ganador de los premios Clacso/Sida para jóvenes investigadores y del premio municipal de literatura de Caracas. Es profesor de la Universidad Central de Venezuela y escribe sobre América Latina.
