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Esta entrevista es la segunda de una serie de conversaciones divididas en tres partes con activistas en Guatemala.
Apenas diez años separan dos eventos históricos en los que ha participado activamente la Asociación por la Justicia y Reconciliación (AJR). En 2013, la AJR fue querellante en el caso que sentenció al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio. Éste fue un hecho histórico, reconocido a nivel internacional por ser la primera vez que un ex-dictador fuera sentenciado por genocidio en las cortes de su mismo país. Diez años después, en 2023, la AJR se encontraba en las calles junto a miles de Guatemaltecos, respondiendo al llamado de los 48 Cantones de Totonicapán y otras autoridades indígenas a un paro nacional indefinido en defensa de la democracia. Diez años es menos de la mitad de lo que duró el conflicto armado interno de Guatemala, cuando el Estado de Guatemala cometió genocidio contra el pueblo Maya Ixil, entre otros, bajo el comando de Ríos Montt.
AJR se crea como respuesta al largo y sangriento conflicto armado interno de Guatemala. El conflicto se dio de 1960 a 1996 entre el Estado de Guatemala, con el apoyo principal de Estados Unidos de América, aunque también en su momento del Estado de Israel, y una variedad de sectores y movimientos sociales y políticos buscando la transformación de las condiciones de miseria en el país. Sin embargo, la doctrina Estatal del “enemigo interno” justificó el exterminio de comunidades indígenas enteras, incluyendo adultos que no estaban involucrados en los enfrentamientos militares, al igual que niños, tierras, animales e infraestructura. En los 36 años que duró, aproximadamente 200,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas, e incontables personas sufrieron violencia sexual. Según el informe de la Comisión por el Esclarecimiento Histórico, publicado en 1999 y patrocinado por las Naciones Unidas, “83 por ciento de las víctimas fueron del Pueblo Maya, y 93 por ciento de las violaciones a los derechos humanos fueron por parte de fuerzas estatales”. Gran parte de las atrocidades por parte del Estado se ejecutaron en las regiones de Huehuetenango, Chimaltenango, Ixil, Ixcán, Rabinal y Baja Verapaz. Sobrevivientes de comunidades indígenas Mayas en estas regiones crean la AJR.
Sale a la luz en el año 2000, pero la AJR comenzaba a organizarse desde años antes. Algunos se organizaban desde el exilio, en México, a donde tuvieron que huir para sobrevivir la violencia del Estado. Otros se organizan desde las Comunidades de Población en Resistencia en las montañas. Ahí y entre las comunidades donde hubo masacres, violencias sexuales, y desapariciones, empiezan reuniones de sobrevivientes y familiares de víctimas. Eventualmente las comunidades decidieron que querían formalizar su organización para buscar justicia y para que nunca más volvieran a vivirse tales atrocidades. Así nace la AJR, organizada para identificar donde están enterrados los seres queridos, realizar ceremonia Maya y exhumaciones, crear reportajes fotográficos y documentaciones escritas, y así en su momento integrarse como querellantes en casos clave de la justicia transicional en Guatemala.
Actualmente la AJR lleva casos importantes como el caso genocidio Ixil en contra de Benedicto Lucas García, ex-jefe del ejército de Guatemala, y Manuel Antonio Callejas y Callejas, ex-jefe de inteligencia militar. Sin embargo, desde que se logró la exitosa sentencia por genocidio contra el ex-dictador Ríos Montt, se desencadenan esfuerzos por el Pacto de Corruptos para obstruir la justicia y consolidar la impunidad. Por dar solo dos ejemplos: En diciembre de 2022, el ex-juez Miguel Ángel Gálvez, quien presidió la fase de instrucción del caso genocidio Ixil, entre otros casos por crímenes de guerra y corrupción, sale al exilio por amenazas a su vida y de su familia. En septiembre de 2023, en medio de la crisis política en torno a Semilla, el partido del nuevo presidente Bernardo Arévalo, el Congreso de Guatemala propuso una ley de amnistía para ex-militares que cometieron delitos durante el conflicto armado. En este contexto de corrupción, impunidad, y obstrucción a la justicia, es que la AJR sale a las calles con el paro nacional indefinido convocado por las autoridades indígenas, apoyando bloqueos pacíficos en las regiones de Chimaltenango, Huehuetenango y las Verapaces, al igual que en el plantón frente al Ministerio Público en la ciudad capital.
Romelia, cuyo apellido ha sido excluido por razones de seguridad, es una mujer Maya Achí, sobreviviente de masacres ejecutadas por el Estado en la región de Baja Verapaz durante el conflicto armado interno. Ella es presidenta de la Junta Directiva y representante legal de la Asociación por la Justicia y Reconciliación (AJR) por un período de dos años, de acuerdo con la rotación democrática de liderazgo en la AJR. En su rol, Romelia es parte procesal de los casos en que la AJR es querellante, lo cual significa que su asistencia en las audiencias es necesaria para que éstos se desarrollen.
Hablamos con Romelia en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, el 8 de noviembre de 2023, día número 38 del paro nacional. Nuestra conversación ha sido editada para una menor extensión y mayor claridad.
NISGUA: AJR ha priorizado el trabajo de la memoria histórica y la justicia transicional tras el conflicto armado. ¿Cuáles han sido los mayores logros de AJR desde su fundación, y sus mayores desafíos?
Romelia: AJR nació de los sobrevivientes del conflicto interno. Somos los registros de las regiones que sufrieron el conflicto. A la comunidad indígena la quisieron acabar, pero no lo lograron. Nosotros nos levantamos para buscar justicia. Esa es la misión de AJR. Para la memoria histórica hemos logrado exhumaciones, fotos de las víctimas y la ceremonia Maya. Ósea que buscamos justicia [por la] memoria que tenemos. Esa memoria no la inventamos. Nosotros la vivimos. Entonces, esa memoria histórica nadie la puede quitar. En Rabinal, Baja Verapaz, por ejemplo, se lograron exhumaciones y [la instalación de] monumentos que tienen los nombres de las personas fallecidas ahí durante el conflicto. En cuanto a dignificación, no hemos logrado. Pero sí [hemos logrado] justicia. Logramos que en Guatemala [se sentenciara que] si hubo genocidio.
NISGUA: Esa sentencia en 2013, contra el ex-dictador General Efraín Ríos Montt, es reconocida a nivel internacional por ser la primera vez que se pronunció que si hubo genocidio [en el sistema judicial propio de un país]. Comprobar que en Guatemala si hubo genocidio es uno de los grandes aportes de la lucha de AJR. Y como decía [usted], esa sentencia está más allá de los procesos penales, pues forma parte de la memoria histórica. ¿Nos puede explicar más cómo se vivió ese momento tan exitoso para AJR?
Romelia: Nosotros contentos, porque siempre hemos seguido luchando. Nunca nos amargamos ni caímos, sino que resistimos, así como resistimos en las montañas y cuando sufrimos la violencia [durante el conflicto armado]. Entonces así hemos resistido ahorita. No tenemos miedo a decir la verdad. Ese es un logro. Se nos quitó el miedo. Decimos la verdad y buscamos la justicia que ahorita están atrasando.
[En el Pacto de Corruptos] ya no quieren que se busque la justicia [por genocidios y crímenes de lesa humanidad durante el conflicto], pero nosotros no nos quedamos callados. Siempre tenemos que seguir. Ahorita, por ejemplo, estamos luchando para buscar fondos porque casi todo nos lo están quitando. Donantes ya no quieren apoyar, tal vez por miedo [a ser criminalizados], o porque ya no quieren que nosotros llevemos la justicia.
NISGUA: El partido Movimiento Semilla ganó las elecciones y hoy estamos en el día 38 del Paro Nacional Indefinido para defender la democracia [Nota editorial: Se cumplieron los 105 días de paro el 14 de enero, día que se juramentaron el nuevo congreso y el presidente Arévalo]. ¿Qué esperan o desean de Semilla en los siguientes cuatro años?
Romelia: Para nosotros la lucha es de no dejar que los militares caigan [sobre Semilla]. [Los militares] no quieren que entre [Semilla] porque ellos ya se apoderaron de las instituciones de justicia. Entonces, no hay justicia. Por ejemplo, ahorita, [los militares intentan] poner una amnistía para que nosotros ya no busquemos a los que hicieron las masacres; [también] quieren que salgan sus compañeros de la cárcel. Lo que quieren es que ellos sean los que mandan y nosotros no. La comunidad indígena no vale para ellos. Entonces nosotros estamos tratando de cambiar el país. Por eso las comunidades y regiones nos levantamos, no por el partido, sino por la democracia. Nosotros no nos dejamos.
Pero sí esperamos que [con Arévalo] haya un cambio para buscar justicia con la memoria, y que haya indemnización [y reparaciones] para los sobrevivientes del conflicto armado. Por ejemplo, mi papá tenía [antes del conflicto] un cultivo de abejas que daba dinero. Pero cuando pasó todo, mi papá huyó. Quemaron nuestra casa, nuestros animalitos se los llevaron, todo lo quemaron, lo tiraron. Y entonces ahí quedamos, con escasez de recursos. Todo [lo que] nos hicieron, están haciendo ahorita. [El Pacto de Corruptos] está en poder de la economía de Guatemala. Ellos se están haciendo ricos mientras que nosotros apenas tenemos para la comida y todo lo diario. Entonces por eso es que nosotros estamos luchando.
NISGUA: Los 48 Cantones de Totonicapán, junto con otras autoridades indígenas, convocaron un paro nacional indefinido por la democracia. Después del paro, ¿Qué anticipa la AJR para su futuro y el futuro de Guatemala?
Romelia: En cuatro años no va a cambiar [la situación del país]. Pero esperamos que con esta lucha se vea lo que nosotros queremos. Por ejemplo, ahora [por el paro nacional] uno ya ve quienes son [los corruptos] y que es lo que están haciendo. Entonces [esperamos] que no se junte [Semilla] con esas personas que solo se ayudan entre ellos, [pero que se] olvidan de los pobres maestros, de los pueblos que están sufriendo hambre por la sequía, de las carreteras [en mal estado]. Esperemos que Arévalo tomé posesión, porque es la única esperanza de apoyo para el pueblo [desde el Estado].
NISGUA: ¿Hay algo que le gustaría agregar en casos de justicia o de la cooptación del sistema judicial?
Romelia: Lo que queremos es que el nuevo presidente Arévalo pida renuncias [a funcionarios corruptos]. El gobierno [de Alejandro Giammattei] no quiere pedir sus renuncias, porque, ¿cómo van a pedir renuncia para sus compañeros? Entonces eso esperamos del nuevo gobierno, para que los sectores de justicia hagan sus trabajos. Ahorita ellos juzgan a los que están diciendo la verdad, [metiéndolos] a la cárcel o exiliándolos. Es injusticia lo que están haciendo. Entonces esperamos que [Semilla] quite a quienes no hacen sus trabajos. [Nota editorial: El 19 de enero 2024, el Presidente Arévalo citó a la Fiscal General Consuelo Porras, acusada de corrupción, para el 24 de enero, donde se especula comenzará un proceso para destituirla de su posición. Porras no asistió a la reunión y dijo, después de meses de silencio, "No voy a renunciar".]
NISGUA: ¿Hay algo que le gustaría compartir o comunicar con la comunidad internacional que también está involucrada en sus propios movimientos sociales y políticos por la justicia?
Romelia: Pedimos apoyo económico y solidaridad. Si no conseguimos fondos ya no vamos a tener técnicos, [los profesionales que] en cada región velan por que se hagan las exhumaciones. [Técnicos] hacen gira en la comunidad, [juntan] información con las víctimas y sobrevivientes, [investigan] donde hay osamenta, donde enterraron [personas], y luego las exhumaciones ayudan los casos [por la justicia] en las cortes. Esa es la preocupación [financiera]. Pero nosotros tenemos la fuerza, el miedo no nos la quitó.
The Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) es una organización histórica de solidaridad que trabaja desde 1981 para construir y fortalecer los lazos entre los pueblos de Estados Unidos y Guatemala en la lucha global por la justicia, la dignidad humana y el respeto a la Tierra.
