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Traducido por Angélica Posadas
El 25 de Julio del 2021, cinco sicarios disfrazados como un equipo médico de Covid-19 llegaron a Tegucigalpa a la casa de Carolina Echeverría Haylock, abogada, ex congresista, y candidata a diputada por el partido Liberal de Honduras del predominantemente Indígena Miskitu departamento de Gracias a Dios. Al estar su esposo en casa recuperándose de Covid-19, Carolina abrió la puerta. Ya adentro, los sicarios le dispararon 14 veces.
Quizás más escalofriante que los detalles sobre el asesinato de Echeverría es que el hecho está lejos de ser un incidente aislado. Este caso refleja una tendencia alarmante ocurriendo por todo Centroamérica: figuras públicas son frecuentemente asesinadas. Aquellos que se atreven a desafiar al Estado y a intereses privados—en particular defensores de los derechos humanos, ambientalistas, y miembros de partidos políticos de la izquierda—comúnmente son de los más amenazados. Esta violencia, combinada con altos niveles de impunidad, ha creado un ambiente desastroso y peligroso para mujeres prominentes que están luchando por igualdad y representación en la sociedad Hondureña.
Actualmente, Honduras mantiene la tasa de feminicidios más alta en Latinoamérica, 6.2 por cada 100,000 mujeres, con 278 femicidios reportados en el 2020. Carolina había condenado la violencia contra las mujeres en Honduras un año antes de caer víctima ella misma. La violencia contra mujeres líderes como Carolina es excepcionalmente problemática: además de ser deplorables pérdidas de vida, estos asesinatos tienen un efecto dominó más amplio en la sociedad y hace más difícil el logro de equidad y representación.
Hoy en día, las mujeres Hondureñas solo ocupan el 27.3 por ciento de curules legislativos en el país y solo un tercio de los jueces en la corte suprema son mujeres. Estas disparidades no sólo son evidentes en los niveles gubernamentales más altos: 30.7 por ciento de diputados locales y solo el 7.4 por ciento de alcaldías elegidas en el 2021 fueron mujeres, señalando que sólo 17 de las 298 alcaldías son dirigidas por mujeres. A pesar de que Honduras recientemente eligió la primera presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha recibido críticas por fallar a cumplir sus promesas de campaña de avanzar los derechos de las mujeres en el país, incluso por apuntar una mayoría de hombres a su gabinete de gobierno.
El Proyecto de Violencia Contra Figuras Públicas
Dado a estas tendencias tan alarmantes, el proyecto de Violencia Contra Figuras Públicas (Violence Against Public Figures, VAPF) está desarrollando el primer registro transnacional detallado de estos incidentes a través de Centroamérica. El proyecto VAPF rastrea casos de violencia mortal ocurridas entre el 2008 y el 2022 hacia personas clasificadas como figuras públicas, un término que incluye políticos, activistas, jueces, abogados/fiscales, y periodistas. Los datos preliminares de Honduras dibujan una imagen muy preocupante: aproximadamente 590 figuras públicas han sido asesinadas solo en Honduras en los últimos 15 años. Para comparar, 13 figuras públicas fueron asesinadas en Costa Rica durante el mismo periodo de tiempo. A pesar de que la recolección de datos aún sigue, reportes preliminares sugieren que Honduras tiene por mucho, el índice más alto de la región.
Por categórica, estos resultados se traducen a 92 políticos, 88 trabajadores de los medios de comunicación, 149 trabajadores judiciales, y 285 activistas (individuos con más de una profesión relevante son contados dos veces en estas cifras; Echeverría fue codificada como política y como abogada). El periodo más severo de violencia en Honduras ocurrió después del golpe de Estado del 2009, con los ataques dirigidos hacia figuras públicas llegando a su cima el 2011 cuando 78 individuos —donde 12 eran mujeres—fueron asesinados. A pesar de que ha habido una reducción de la violencia desde ese tiempo, el problema está lejos de disminuir; en solo los últimos cuatro años 110 figuras públicas han sido asesinadas en Honduras, de las cuales 18 fueron mujeres según los datos del VAPF. En la primera semana del 2023, dos activistas de Guapinol fueron asesinadas.
Parte del desafío de poder juntar y publicar información sobre figuras públicas asesinadas en países Centroamericanos como Honduras son las amenazas que enfrentan los periodistas. Además de los peligros cotidianos que los periodistas investigativos enfrentan en Honduras, el desorden político frecuentemente provoca riesgos más altos y asesinatos dirigidos a trabajadores de medios. En los años subsiguientes al golpe de estado de 2009, varios periodistas que se opusieron a la destitución del Presidente Manuel Zelaya enfrentaron más amenazas de violencia, con seis trabajadores de medios asesinados en menos de dos meses. Otra periodista, Luz Marian Paz Villalobos, trabajaba como directora de noticias para la Cadena Hondureña de Noticias (CHN), una estación de noticias de radio popular. En 2011 sus constantes críticas le costaron la vida, cuando fue asesinada por hombres armados en motocicletas. No hubo ningún arresto por su homicidio.
Una cultura de impunidad
Lejos de ser una anomalía, la falta de arrestos por la muerte de Villalobos refleja un sistema judicial débil y de impunidad extensiva en Honduras, donde los perpetradores frecuentemente no son penalizados por sus crímenes. Esto se ve exacerbado por el hecho de que jueces, abogados y fiscales son frecuentes víctimas de asesinatos; un 19 por ciento de estos asesinatos son mujeres. El índice de Honduras está casi al fondo de medidas globales del estado de derecho, y reportes sugieren que solo el 24 por ciento de homicidios son investigados en el país, por lo que solo el 13 por ciento resulta en cualquier tipo de resolución judicial. Además, cuando un arresto ocurre, a veces personas erróneas son identificadas como responsables de los crímenes cometidos.
Por ejemplo, en 2014 dos mujeres fiscales, Marlene Banegas y Patricia Eufragio, fueron asesinadas por sicarios en la ciudad Hondureña de San Pedro Sula mientras regresaban a su casa del trabajo. Banegas fue baleada más de 50 veces. El director de la policía manifestó que miembros de la pandilla Barrio 18 eran responsables por los asesinatos. Más de 3 años después, en 2017, dos ex policías asociados con el rival de Barrio-18, Mara Salvatrucha (MS-13), fueron sentenciados a 13 años por su conexión con la muerte de Banegas. En el momento de su asesinato, Banegas estaba revisando los detalles de un gran caso de corrupción, y además ella era una de dos individuos que había recibido una copia de un vídeo conectando al Presidente de ese momento, Juan Orlando Hernandez, con el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, según testimonio subsecuente del juicio del mismo.
En el caso de Echeverría Haylock, solo tres de los cinco sicarios contratados para su assesinato han sido arrestados. No se cree que estos sicarios, también presuntamente miembros de la pandilla Maras, hayan sido los únicos perpetradores; el autor intelectual y el partido que pagó (supuestamente un millón de Lempiras) para el asesino de Echeverría aún no ha sido detenido. Familiares han expresado que su assesinato fue motivado por razones políticas, y según reportes Carolina había rechazado $400,000 de soborno para abandonar su candidatura. Otras teorías detrás de la muerte de la ex congresista se relacionan su trabajo como abogada y el amplio alcance de la narcopolítica en el departamento originario de Carolina, Gracias a Dios. En todo caso, estos ejemplos resaltan los riesgos que enfrentan aquellos que trabajan en el sistema legal, los cuales resultan en una aversión a investigar o condenar a los perpetradores de la corrupción y violencia, derivando en el deterioro de la ley.
Una falta de justicia para defensores de derechos humanos y ambientalistas
Lograr justicia para los activistas Hondureños asesinados puede ser especialmente difícil, con tasas de impunidad reportadas tan altas como el 90 por ciento para crímenes contra activistas de los derechos humanos y el 96 por ciento en cuanto a los asesinatos de defensores del medioambiente. Una excepción notable es el caso de Berta Cáceres, una ambientalista y activista Indígena Lenca que era internacionalmente aclamada y premiada. Cáceres fue violentamente asesinada en su propia casa en el 2016 por represalias a su activismo. Su historia es sobresaliente, tanto por su renombrado activismo y porque fue un caso extraordinario en donde un ejecutivo fue formalmente acusado y condenado por su muerte. Esta convicción probablemente puede ser atribuida a presión internacional y nacional para traer justicia a su caso.
Tres colegas de Cáceres habían sido asesinados antes de su muerte, y muchos más Indígenas activistas y ambientalistas se han convertido en víctimas sin recibir la misma atención. La activista de derechos humanos Indígena de Tolupán, Maria Enriqueta Matute, fue una defensora que asistió a una manifestación pacífica en 2013 cuando fue perseguida por hombres armados y asesinada al lado de dos colegas. Nadie fue condenado por estos crímenes. En 2020, Laura Carolina Valentín Dolomo, una activista Garífuna y miembro de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), fue encontrada muerta en La Ceiba. A pesar de las exigencias para una investigación, ninguna autopsia fue realizada y nadie ha sido arrestado.
Activistas LGBTQI+ en Honduras también han enfrentado una persecución extrema. Gloria Carolina Hernández Vásquez, una activista reconocida por su defensa de derechos LGBTQI+ y VIH/SIDA, fue secuestrada y asesinada en 2015. El año pasado otras dos prominenter activistas trans, Melissa Núñez y Thalía Rodríguez, también fueron asesinadas. Casos como estos recalcan los peligros que activistas que se identifican como mujeres enfrentan por su trabajo en Honduras, donde una cultura de impunidad amenaza sus habilidades de crear un cambio positivo para ellas y sus comunidades.
La lucha sigue
A pesar de estos ataques, las mujeres Hondureñas siguen luchando por sus derechos, y algunas incluso usan el miedo destinado a silenciarlas como terreno común para que otras y otros se unan detrás de ellas.
Después de la muerte de su madre, la hija de Berta Cáceres continuó su legado y siguió su activismo, declarando que su madre no había muerto, sino que “se multiplicó". La hija de Carolina Echeverría Haylock, Erika Urtecho Echeverría, es otro ejemplo de esta increíble resiliencia. Después de la muerte de su madre, Urtecho asumió su candidatura y ahora es la congresista del departamento de Gracias a Dios.
En el primer aniversario del assesinato de su madre, congresista Urtecho tuiteó que a los que le habían quitado su madre habían “matado la soñadora pero no el sueño”, y reafirmó su compromiso para seguir luchando por su querida región Miskito. Además, incluyó etiquetas llamando por el fin de la impunidad (#NoMasImpunidad) y del femicidio (#NoMasFemicidios). Honduras está en el proceso de instalar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), y aunque queda por verse cómo se desarrolla este proceso, la comisión sostiene la promesa de empezar a enfrentar la corrupción sistemática del país y la violencia. La motivación del proyecto VAPF es reducir estos asesinatos y llamar la atención a este tipo de violencia al igual que aumentar la habilidad de científicos sociales y legisladores de estudiar sus causas y efectos.
Laura Blume es profesora asistente en la Universidad de Nevada, Reno (UNR). Recibió el Harry Frank Guggenheim Distinguished Scholar Award del 2022 para apoyar la implementación del proyecto VAPF. Anteriormente ha realizado una extensa investigación etnográfica en Honduras. Sus trabajos han sido publicados en Comparative Political Studies, Political Geography, y World Development.
Diana Meza es graduada de UNR donde estudió Relaciones Internacionales, Género, Raza e Identidad, y Español Profesional. Ha trabajado en el proyecto VAPF desde Enero del 2021 y continua con fondos del premio Guggenheim.
Piper Heath, estudiante de UNR, ha trabajado en el proyecto VAPF desde Enero del 2022. Su trabajo es apoyado por el Nevada Undergraduate Research Award.
