Este artículo forma parte del ejemplar de primavera 2022 del NACLA Report, nuestra revista trimestral.
Las luchas por el medioambiente en Venezuela han sido históricamente complejas: la dependencia de la extracción petrolera ha relegado la protección ambiental y generado poderosas alianzas en favor del extractivismo. A pesar de esa dependencia, Venezuela ha tenido movimientos de base que han luchado por preservar los recursos naturales y los ecosistemas de los que subsiste. En ese caso, las luchas de los pueblos indígenas por la autonomía y su reclamo por el control de sus tierras ancestrales han sido fundamentales.
Conversamos con Claudia Rodríguez Gilly, una socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, investigadora, militante ambientalista y defensora de los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela sobre estos temas. Su trayectoria se enmarca en las luchas socioambientales incluso antes de la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, cuando esta lucha estaba marcada por la defensa de la Reserva Forestal Imataca de las pretensiones mineras nacionales y transnacionales, así como contra el proyecto de tendido eléctrico que buscaba exportar energía del embalse Guri a Brasil a través del Macizo Guayanés.
Durante las dos últimas décadas de la Revolución Bolivariana, estas luchas han pasado de ser discursivamente apoyadas —y relegadas— a soslayadas y reprimidas. Basta mencionar el asesinato del cacique y luchador yukpa Sabino Romero en marzo de 2013, la suspensión de los resultados de la elección del estado Amazonas a la Asamblea Nacional en 2015 y la promoción de la minería informal a gran escala con el proyecto gubernamental Arco Minero del Orinoco.
El balance de Rodríguez Gilly se centra en los cambios más importantes de la lucha medioambiental a partir de lo que llama la profundización del extractivismo, que ahora se muestra también en las zonas urbanas del país con una masiva tala de árboles, y la descomposición de las estructuras de protección socioambiental en Venezuela. Nuestra conversación, realizada por Zoom, ha sido editada por su extensión y claridad.
Antulio Rosales: Para comenzar, hablemos de los orígenes del proceso bolivariano y cómo se posiciona la lucha ambiental en este contexto. ¿Cuál es tu balance de ese proceso considerando la lucha de los últimos 20 años?
Claudia Rodríguez Gilly: Mi balance parte de la experiencia que he tenido en la lucha con compañeros contra el proyecto Imataca y contra el tendido eléctrico. Ambos son procesos previos al fenómeno de Hugo Chávez. Esa fue mi escuela, donde yo me formé como activista.
El fenómeno Chávez fue una suerte de apagafuegos, porque el movimiento social tanto indígena como el ambiental con sus características heterogéneas era un movimiento que tenía bastante autonomía e iba en aumento. Y desde el comienzo el proceso que lideró Chávez supuso una apropiación de esos discursos y eso implicó que muchos de los actores apostaron a esa posibilidad. Vino el proceso constituyente y muchas de las luchas se dejaron un poco como en espera a ver qué pasa. Creo que ese es el momento en el que primera vez hay una consonancia entre las estructuras de poder y las reivindicaciones de base.
A la vez, claramente se van acomodando distintos actores en alguna estructura de poder, pretendiendo que desde ahí se podían hacer las transformaciones y lograr algunas reivindicaciones y terminaron convirtiéndose guardianes de la lealtad a la estructura y se fueron alejando de las reivindicaciones.
AR: Si pudiéramos hablar de algunos logros iniciales ¿cuáles resaltarías?
CRG: Durante el proceso constituyente, por ejemplo, hubo un esfuerzo para que los representantes indígenas vinieran de las comunidades, hablaran la lengua de sus comunidades, había una especie de esfuerzo de representación: de que ese liderazgo indígena fuera legítimo. Y ciertamente, pues estos personajes cumplían con el perfil. Pero una vez que ya fue fueron electos diputados, ellos vuelven a la comunidad y les dicen a los hermanos: no podemos legislar por las causas indígenas, porque nosotros ahora somos diputados y nos debemos a la nación y tenemos que ver este asunto como un asunto nacional. Y es estratégico para el país las relaciones con los vecinos, porque empezó a ponerse por encima el interés del capital foráneo, del capitalismo y la economía global. Progresivamente se fue perfilando todo el proyecto económico o visión de país, el socialismo del siglo XXI, está en concordancia con el sistema mundo capitalista, se basaba, en satisfacer la demanda internacional donde Venezuela se mantiene como enclave. Y la constitución dejó lo necesario para que el sistema quedara así establecido.
Por supuesto que fue muy progresista en el reconocimiento, por ejemplo, del derecho de los pueblos indígenas, ciertos discursos de autonomía, derechos sociales, derechos humanos, fue el resultado de muchas luchas. Pero nada de eso iba a ser posible en un contexto de dependencia económica. Mientras tanto, el liderazgo pemón o el liderazgo ambientalista no advertía lo que sucedía porque sentían que había como una consonancia en discurso. Lo que se impuso fue una visión económica reformista que pretendía capitalizar más renta para el bienestar de la población. Ciertamente se construyeron viviendas, y algunas misiones, por algún tiempo respondieron a las necesidades básicas de sectores populares, la idea era que esa renta se redistribuyera de la manera más justa posible, sin embargo, no ocurrió. Fue un intento fallido.
AR: Partiendo de ese intento fallido, ¿cómo fue el devenir del proyecto bolivariano en términos de la lucha medioambiental e indígena?
CRG: Se impuso un modelo extractivista que va perdiendo cada vez la careta. Podemos preguntarnos, ¿cuáles son los hitos más significativos que demuestran esta circunstancia? Está, claramente, el Arco Minero del Orinoco. El Arco Minero en lo formal, “legal” se circunscribe a unos límites geográficos que son bastante extensos y sin embargo la actividad minera los sobre pasa, porque estamos hablando de un territorio que incluye varios estados. Entonces se trata de permitir minería ilegal a gran escala. La actividad minera siempre ha existido, y la ilegal también. Con el Arco Minero, la lógica es, bueno, ya que está y no la podemos detener, vamos a aprovecharla. Recuerdo ese debate en el Ministerio del Ambiente donde Ana Elisa Osorio [ministra de ambiente de Hugo Chávez] nos presentaba Imataca como una posibilidad de regularizar la actividad minera ilegal haciéndola legal. Entonces eso es como decir en un sistema urbano: aquí hay asaltos, aquí hay violaciones, robos. Bueno, para acabar con el problema, hagámoslo legal, saquemos provecho, en lugar de revertir la situación. Era una forma de adaptarse a una circunstancia que produjo la propia dinámica extractiva.
Vivimos entonces un proceso de deterioro, de descomposición y de usufructo y extractivismo tanto de la mano de obra del humano como de la naturaleza. Si bien siempre hemos estado en capitalismo, ha existido el extractivismo, el usufructo de la naturaleza, pero se le puso un acelerador y un tractor para profundizarlo, es cada vez más intenso en extensión y en el menor tiempo posible.
Se trata de una normalización. Nunca se apostó a una ruptura realmente de las relaciones de poder, explotación y opresión. El Arco Minero surge como idea concreta en el momento justamente del auge petrolero, cuando el precio del barril de petróleo estaba en pleno apogeo. Y hay bastante ingreso. Es cuando se empieza a pensar en la explotación minera como una forma de “diversificar” los ingresos. Entonces no era realmente una apuesta a un modo de producción propio o alternativo, sino más bien era la misma forma de la actividad petrolera, extenderla a otras formas de explotación para satisfacer la demanda del mercado capitalista mundial.
AR: Pero la idea pasa a la realidad bajo el gobierno de Maduro. ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre los dos gobiernos?
CRG: Si bien la idea nace durante la bonanza petrolera como una estrategia de diversificar las fuentes de extracción de la naturaleza, sin embargo, no solo no se concreta, sino que además se desvía. El plan estaba diseñado, se había hecho un mapeo, se tenía la idea desde el gobierno de Chavez, pero finalmente se implementa en el gobierno Nicolás Maduro, cuando el precio del petróleo ya está de baja, cuando PDVSA ya se ha desmantelado por falta de mantenimiento. Entonces la minería termina siendo como una nueva caja chica. Se vino una vorágine para poder aprovechar aquello de manera vertiginosa. Ni siquiera las empresas transnacionales a las que se les ofreció terminaron instalándose en el territorio, porque al final se impuso la ilegalidad, y grupos armados como el denominado pranato minero. El gobierno no tenía la fuerza y autoridad, ni el interés de hacer algo distinto, sino que se fue metiendo en la lógica de legalizar lo ilegal y se supeditó a la necesidad de acumulación de mercado mundial.
No logró ni siquiera alcanzar la legalidad. Porque el sistema cambiario gubernamental imponía una brecha entre el precio real del oro y la cantidad de dólares que obtenían con su venta al Estado que no permitió que se puedan canalizar esa extracción de oro y convertirla oro monetario para la nación. A nadie le resultaba ir a cambiar el oro por moneda nacional. Y así en esas condiciones, ni siquiera a las transnacionales les convenía un proyecto así. Al final, el actor que está aprovechando ese oro para el comercio internacional son los militares, las autoridades del gobierno, el ELN, las FARC y otros grupos irregulares. Además, como resultado de una investigación que hicimos sobre el Arco Minero del Orinoco, vemos que el oro esta mayoritariamente destinado a bienes suntuarios. No esta principalmente destinada a tecnología o salud, para el bien de la humanidad, no, la mayor parte del oro que se extrae de la naturaleza a costa de las mujeres, de los seres humanos y los pueblos indígenas, y la diversidad cultural, esta destinada a la joyería.
La aceleración y ampliación del extractivismo como modelo ha llegado a las ciudades. Se ha hecho presente en el modo como, tanto el gobierno como sectores privados, se han aprovechado del Ávila [Parque Nacional Guararira Repano en la zona metropolitana de Caracas], el modelo extractivista y supeditado a los intereses de acumulación de grandes capitales, esta aquí a la pata del árbol que tengo frente a mi casa. De este modo, y como contraparte, la preocupación por el medioambiente salpica más de cerca al ciudadano en centros más poblados que ya no lo ve como un tema abstracto, por ejemplo, porque empiezan a talar árboles para poner un bodegón, o se conceden permisos para afectar zonas protegidas para construir, casas de gran volumen u otro teleférico, o se remodela el Hotel Humbolt para beneficiar el turismo dirigido a elites económicas, entonces te das cuenta de que hay algo que está perdiendo sentido.
Tiene una gran carga simbólica el hecho de que la gente se movilice, proteste, se organice por el tema de la tala de árboles o por la afectación del Ávila, tal como ha estado pasado recientemente en Caracas. Es significativo y sintomático de cómo se hace conciencia del tema ambiental y el modelo extractivista.
No es solamente lo novedoso de la gente en los centros urbanos, también es algo más vital, como lo son las numerosas protestas que se han dado en los últimos años por agua o electricidad sobre todo en sectores populares y poblaciones rurales. Cuando nos quedamos sin luz por varios días en marzo de 2019 esa sensación de vulnerabilidad en la que quedamos sin saber quién nos iba a dar respuesta para que volviera, vimos claramente cómo dependemos del sistema de agua y electricidad, que carece de inversión, mantenimiento y además no se cuidan las nacientes de las aguas.
Ahí hay un asunto con las luchas ambientales de las que yo vengo: éramos una vanguardia ambientalista y pro-indigenista que se trasladaba hacia las regiones, que se movilizaba, se solidarizaba con la lucha indígena o campesina. Pero ahora las luchas ambientales terminan siendo cada vez más pragmáticas, concretas y cercanas. Las luchas ambientales van siendo por el agua, por la electricidad, por mi modo de vida. Cada vez es menos complejo preguntarse que tiene que ver el tendido eléctrico conmigo, que tiene que ver la explotación minera conmigo, el Orinoco, el Amazonas. Ya la lucha ambiental es cada vez más cercana y ya no se advierte como algo extraño.
AR: En este contexto de aceleración del extractivismo, ¿ves esperanza en la emergencia de estas luchas diversas?
CRG: Inicialmente teníamos un proceso de polarización muy marcado donde no se podía demostrar que eras desleal al proceso bolivariano. Entonces luchadora debía hacerse la vista gorda porque se está apostando que algo va a venir más adelante. Pero finalmente eso no sucedió. Digamos que eso podría ser un logro, aunque suene un poco cruel el costo, pero al salir de ese modo de polarización políticamente maniquea, se pone en evidencia la real polarización entre opresores y oprimidos. Y es más fácil, por ejemplo, sumar fuerzas para señalar las responsabilidades del capitalismo, del patriarcado, del gobierno nacional, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. Puedes aglutinar las luchas. Hacer una recomposición de las fuerzas, los de abajo estamos aquí y este no es un gobierno ni siquiera progresista. Entonces eso podría suponer que hemos avanzado en ese sentido, porque el fenómeno Chávez marcó a muchos luchadores que no rompieron con él, pero ya queda más claro que la promesa de explotación extractivista nos dejó con las manos vacías. Y bueno, se va cayendo la careta y podemos volver a sumar fuerzas, unificar luchas.
Cuando viene ese chispazo viene la necesidad de juntarse con el otro, que se abra el debate de cómo se produce y qué se reproduce. Y en ese sentido diría que la lucha de las mujeres, la lucha por la legalización del aborto, es muy simbólica y significativa, porque estamos hablando de la reproducción de la vida y de decidir sobre cómo reproducimos la vida. ¿Lo vamos a hacer a lo loco, a como dé lugar? ¿En una economía que no valoriza el salario que es una conquista de la clase trabajadora? O vamos a ser madres cuándo y cómo yo decido, en cuáles condiciones. Las luchas podrían unificarse, porque la lucha por el salario, que es algo bien concreto, también tiene que ver con la lucha por la autonomía de nuestros cuerpos y la legalización del aborto. Porque estamos diciendo cómo nos vamos a reproducir y cómo no, cómo me voy a relacionar con el otro y con mi entorno. Las luchas están vinculadas.
Hay exigencias que debemos hacer, medidas concretas a favor de la gente, como la del salario igual a la canasta básica, un plan de emergencia dirigido a atender las necesidades de la clase trabajadores, los sectores populares y rurales, para combatir la violencia contra la mujer, medidas para proteger al sector informal de la economía y al sector salud y educación que están en primera fila ante la pandemia o son los primeros en pagar las consecuencias de la pandemia, la crisis económica de un paquetazo que ha impuesto este gobierno y las consecuencias de las sanciones de países imperialistas. Un plan de emergencia con recursos que se obtengan de impuesto a grandes capitales y trasnacionales, confiscar bienes a los corruptos, petróleo 100 por ciento venezolano, derogar los convenios de extractivistas, no más pago de deuda externa y no mas compra de equipamiento militar y policial.
Unificar las luchas en favor de la gente y recobrar fuerzas poner en el centro del debate el modelo de producción que su sentido ya no sea seguir engordando a los grandes capitales.
Antulio Rosales es Profesor Asistente de Ciencias Políticas de la Universidad de New Brunswick en Canadá, sus investigaciones tratan sobre la economía política de los recursos naturales.
Claudia Rodríguez Gilly es socióloga, investigadora, militante ambientalista y defensora de los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela.
