El 26 de febrero por la tarde el médico Miguel Ángel Zavala Reyes fue asesinado a balazos en su vehículo. Apenas cinco horas después Armando Pérez Luna murió bajo el fuego de dos sicarios en motocicleta.
Los dos hombres tenían en común su intención de ser alcaldes de Maravatío, un poblado de 80,000 habitantes en el estado de Michoacán. Zavala había presentado su precandidatura ante el partido de centro izquierda Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) mientras Pérez hizo lo propio por el derechista Partido Acción Nacional (PAN).
El 2 de junio los mexicanos decidirán no sólo la presidencia sino 500 diputaciones, 128 senadurías y más de 2000 cargos locales. A unos días del voto, se cuentan 30 candidatos asesinados, 77 que denuncian amenazas en su contra y 11 víctimas de secuestro.
Aún sin comenzar las campañas electorales ya se contaban 21 víctimas de violencia desde el inicio de precampañas, el 21 de noviembre, principalmente precandidatos a puestos de elección popular a nivel municipal. Nuevamente se planteaba esta como la que sería la elección más violenta de la historia de México, país en el que cada vez que se llama a las urnas es común que los periodistas programen una alerta en Google con “candidato” y “asesinado” en todas sus variantes.
El caso de Maravatío no es aislado, pero eliminar a miembros de los dos frentes opositores deja claro que detrás de estos ataques no está, como fue común en el siglo 20, la mano del partido en el poder. Hablamos entonces de un actor externo al sistema partidista: el crimen organizado.
Una estrategia militar ineficaz
Cabe mencionar que este aumento de la violencia como herramienta de influencia política de los grupos criminales, coincide con la mayor presencia territorial del Ejército, la Marina y la recién creada Guardia Nacional—también de conformación y mando castrense—en la historia reciente de México. Es una presencia militar que comenzó a partir del inicio del periodo presidencial de Andrés Manuél López Obrador en 2018, como parte de una estrategia de seguridad radicalmente opuesta a la desmovilización que prometió en campaña.
La estrategia militar del gobierno de México ha presentado magros resultados, reduciendo el índice de asesinatos nacional y frenando, sin revertir claramente aún, la tendencia al alza de este delito. ¿Por qué entonces aumentan continuamente los asesinatos de los candidatos?
A decir de la investigadora Victoria Unzueta Reyes, investigadora y asesora de seguridad y fuerzas armadas en el Congreso de la Unión, la violencia contra candidatos aumenta, particularmente a nivel municipal: “Porque (el municipio) es el que está directamente vinculado al territorio. Y en este sentido, lo que estamos viendo, cada elección es un reacomodo de las fuerzas políticas conforme a los intereses de la delincuencia organizada”.
Mientras las organizaciones partidistas movilizan sus bases electorales y el poder empresarial usa la economía como apalancamiento para influir en las decisiones políticas, las organizaciones criminales tienen como herramienta la violencia. La violencia la aplican tanto para dejar claro que no “les parece” la participación de cierto candidato, como para advertir a los demás de su posible destino si no les permiten actuar a su conveniencia.
En esta lógica, los grupos criminales, ya sean locales o asociados a grupos más grandes, imponen por la vía de la violencia autoridades que les permitan continuar sus operaciones; ya sea de producción o trasiego de mercancías ilícitas, contrabando o tráfico de migrantes. Haciendo un análisis con los datos presentados por la organización Data Cívica en su base de datos interactivo “Votar entre Balas” vemos que el mayor número de ataques y agresiones están concentrados en localidades de estados con alta presencia de grupos criminales locales como Guanajuato y Guerrero, o con frecuentes enfrentamientos de grupos en conflicto como Jalisco y Michoacán. Pero prevalecen en prácticamente todos los estados, incluida la Ciudad de México.
Ante estas acciones que tienen como meta lograr control territorial con fines económicos, la respuesta del estado ha sido invariablemente desplegar más elementos militares para recuperar o por lo menos disputar el control territorial pero sin atacar las estructuras financieras ni las redes de corrupción en las que sostienen sus operaciones los grupos criminales.
Unzueta describe una estrategia insuficiente que no garantiza avance hacia la seguridad sino la continuidad de una disputa territorial constante. “Lo que tienen que hacer es atacar los tres elementos”, añade, "para que entonces sí puedas decir estoy combatiendo realmente la delincuencia organizada. Lo único que estamos viendo ahorita es una disputa por el control territorial, entre el Estado y las organizaciones criminales”.
Una sociedad que vive con miedo
La violencia que se presenta en cada proceso electoral tiene efectos más allá del número directo de víctimas. Por ejemplo, asesinatos como los de los dos aspirantes a la alcaldía de Maravatío, sumados a la poca o nula respuesta del estado ante las solicitudes de protección de otros candidatos llevó a 38 personas en el estado a retirar sus candidaturas a algún puesto de elección popular ante el riesgo que representa no “caerle bien” a los líderes de los grupos delictivos locales.
No solo a nivel candidatos sino en la misma ejecución del proceso electoral se registra un alto índice de “arrepentimiento” en la participación. El Instituto Nacional Electoral (INE) reporta a más de 578 mil personas que ya habían confirmado ser funcionarios y se arrepintieron aún después de haber aceptado alguno de los nueve cargos que son necesarios para la operación correcta de cada casilla electoral. Esto supone que la organización se quedó sin aproximadamente la tercera parte de los voluntarios necesarios para garantizar que los comicios se lleven a cabo de manera satisfactoria, lo que obligó al instituto a aprobar una medida de emergencia para reasignar personal.
El instituto no solo echó mano de segundas y terceras opciones para cubrir los puestos ciudadanos, sino que tuvo que cubrir con su personal el faltante de 4 mil Capacitadores Asistentes Electorales. Además de preparar a los funcionarios de casilla, estos trabajadores temporales cumplen funciones durante la jornada electoral como supervisar las actividades, mandar resultados para el Programa Electoral de Resultados Preliminares (PREP), y participar en cómputos y recuentos.
Del lado de los electores, Data Cívica—la organización que también lleva el conteo de amenazas, asesinatos, agresiones y secuestros a actores políticos durante el periodo electoral—calcula que por cada acto público de violencia política la intención de voto local desciende hasta un 3 por ciento. En México las elecciones convocan normalmente entre el 55 y 60 por ciento del padrón electoral con el récord del 2018 en el que se presentó un 63 por ciento a la urnas. De ser cierta la dinámica descrita por Data Cívica una menor participación electoral en comunidades pequeñas de provincia reforzaría el peso de los votos de los grandes centros urbanos.
A la disminuida participación tanto de funcionarios ciudadanos como de electores en el proceso le acompaña una falta de confianza en la democracia del proceso. A nivel estatal y federal las órdenes vienen de organizaciones partidistas despreocupadas de los intereses locales mientras a nivel local el candidato que quede (vivo) recibirá órdenes del mismo grupo criminal independientemente de la fuerza política que represente.
Las candidatas punteras, Claudia Sheinbaum, del partido gobernante Morena, y Xóchitl Gálvez, del conservador PAN, han prometido continuar con la estrategia de control militar del territorio. Gálvez, por su parte, promete introducir el control civil sobre la Guardia Nacional, mientras que Sheinbaum cree que el Ejército debe seguir al mando de una fuerza orientada al control territorial y no a la prevención e investigación de delitos—capacidades de las que carecen los militares.
En su análisis de las propuestas de campaña de los candidatos, Insight Crime concluye que ninguna de las propuestas de seguridad presentadas por los principales candidatos responde adecuadamente a la complejidad y arraigo de las redes criminales. Sheinbaum propone en términos generales aumentar la cooperación entre las agencias de investigación para controlar las finanzas de los grupos criminales, pero sin dar más detalles. Ninguna de las candidatas ofrece nada sustancial en términos de lucha contra la corrupción gubernamental a todos los niveles con respecto al crimen organizado.
Este 2 de junio en los municipios de México víctimas de violencia electoral se votará, o no, con miedo y poca confianza de que el resultado de las elecciones tenga un efecto real en sus vidas. Como advierte la investigadora de seguridad Unzueta: “Una sociedad que vive con miedo no puede ser democrática”.
Pablo Pérez García es periodista mexicano con enfoque en Derechos Humanos, basado en la Ciudad de México y Monterrey. Colabora con medios internacionales como Al Jazeera, BBC y DW, con eenfoque en temas de migración, desaparición y movimientos sociales.
