Este articulo fue publicado originalmente en inglés en NACLA Report, nuestra revista trimestral.
En marzo de hace veinte años, en 2001, el zócalo de la Ciudad de México que se extiende, gigante, frente al Palacio Nacional, se llenaba de miles de personas que escuchaban a los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Con este acto político culminaban lo que se llamó la Marcha del Color de la Tierra. Durante 37 días recorrieron desde el estado sureño de Chiapas miles de kilómetros atravesando el territorio. Al mismo tiempo, una representación del Concejo Nacional Indígena habló en la tribuna del Congreso. Entre los oradores, se encontraba Adelfo Regino Montes, un indígena del pueblo mixe, asesor del movimiento zapatista.
Después del levantamiento del EZLN en 1994, se habían establecido mesas de diálogo entre los zapatistas y el gobierno mexicano que decantaron en los llamados Acuerdos de San Andrés, firmados por ambas partes en 1996, en los que se establecía el compromiso de hacer una reforma a la Constitución Mexicana con el fin de reconocer ampliamente la autonomía de los pueblos indígenas del país y otros derechos para combatir la pauperización y la discriminación estructural en los que se encontraban desde siglos atrás. A pesar de la gran movilización que supuso la Marcha del Color de la Tierra, unas semanas después, las distintas fuerzas políticas del país, incluida la izquierda partidista, aprobaron por unanimidad una reforma constitucional que no recogía el contenido plasmado en los Acuerdos de San Andrés. A partir de entonces el EZLN y una buena parte del movimiento indígena rompió la interlocución con el gobierno mexicano y comenzó a construir estructuras autónomas de facto en sus territorios.
Muchos años y desencuentros después, el primero de diciembre de 2018, el día de la toma de posesión del actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, la plancha del zócalo volvió a llenarse con miles de personas que en esta ocasión esperaban presenciar una ceremonia indígena organizada por el ex-asesor zapatista Adelfo Regino Montes que se convertía ahora en el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Esta transición al oficialismo le costó ser tildado como traidor por parte del EZLN del que fuera aliado. Durante esta ceremonia se celebraron rituales propiciatorios para el nuevo presidente y le fue entregado un bastón de mando, símbolo de autoridad utilizado por distintas comunidades indígenas. Meses antes de esta peculiar e inédita ceremonia indígena para un mandatario el día de su toma de posesión, el nuevo titular del INPI hizo un compromiso escrito mediante el cual se comprometía a retomar los Acuerdos de San Andrés.
La llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador supuso, como el caso de Adelfo Regino Montes evidencia, la incorporación de una buena parte de elementos del movimiento indígena a las filas del oficialismo. Sin embargo, esta incorporación no ha supuesto cambios radicales en el reconocimiento de la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas hasta ahora. Es importante recordar que Andrés Manuel López Obrador, cuando formaba parte de las filas del Partido Revolucionario Institucional que gobernó en México más de ochenta años, fungió como director del centro coordinador del Instituto Nacional Indigenista en la región maya chontal de Tabasco de 1977 a 1982. Esta experiencia, como él mismo ha dicho, fue parte fundamental de la formación de su visión política. Aunque hay evidencias fotográficas que muestran que alguna vez López Obrador se reunió con la dirigencia zapatista, lo cierto es que, sobre todo en la última campaña electoral que finalmente lo llevó a la presidencia, el rompimiento entre él y sus seguidores con el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) ha sido tajante. Ante las elecciones del 2018, estos últimos decidieran lanzar a una mujer indígena del pueblo nahua, María de Jesús Patricio, como su vocera en búsqueda de un registro como candidata independiente. Este hecho fue leído por el obradorismo como una afrenta directa, y las descalificaciones no se hicieron esperar. De un lado, quedó el movimiento indígena ligado al EZLN y CNI y por el otro, el movimiento indígena que se incorporó al oficialismo y a las instituciones.
Desde los discursos y acciones presidenciales, las señales han sido contradictorias. Por un lado, el presidente reconoce a los pueblos indígenas como parte fundamental de la herencia cultural del país, discurso típico del nacionalismo mexicano, al grado de hablar en nombre de estos pueblos para hacer una petición de disculpa al gobierno español por los efectos del colonialismo en el marco de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, la capital azteca, que se cumplen en agosto de este año. En concordancia con este discurso paternalista, López Obrador ha ampliado la cobertura de programas de apoyo social a la población rural mucha de la cual es también población indígena. Por otro lado, desde una visión que actúa decididamente en contra de la autonomía y la libre determinación, su gobierno pretende implementar, sobre todo, tres grandes megaproyectos que tendrán consecuencias considerables sobre la vida y el territorio de los pueblos indígenas de México y que se encuentran actualmente en el centro de un gran debate.
Uno de los megaproyectos estatales más conocidos de esta administración es el llamado Tren Maya que, más allá del tren, implica un reordenamiento territorial en la península de Yucatán y proyectos inmobiliarios bautizados como polos de desarrollo. Esta región ya está bastante afectada por un desarrollo turístico muy agresivo y otro tipo de afectaciones. La consulta a los pueblos mayas afectados, según reportó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no se realizó según los estándares de la consulta previa, libre e informada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, un tratado vinculante suscrito por el estado mexicano. En marzo, la polémica se incrementó al darse a conocer que el Tren Maya será parte del patrimonio del Ejército Mexicano. Diversos actores han interpuesto recursos legales para impedir su ejecución. El caso del Tren Maya evidencia que el diseño de las políticas públicas que afectan a los pueblos indígenas no surgen de un proceso de colaboración simétrica en el que medie previamente un análisis conjunto de las mejores soluciones posibles a los problemas de los pueblos indígenas. Los diseños y las propuestas se siguen aplicando verticalmente a pesar de que el nombre del tren sugiera lo contrario.
Otro de los grandes proyectos anunciados por el presidente de la República es el que afectará al istmo del país, una franja de tierra que va del mar del Golfo al Pacífico en el que conviven una extraordinaria diversidad de pueblos originarios. Se verán afectados por un Corredor Interoceánico que incluye la construcción de parques industriales, infraestructura de transportes y proyectos de activación económica. Al igual que lo que sucede con el Tren Maya, este proyecto será adscrito a la Secretaría de Marina de manera que el control de estos grandes proyectos se asigna a las fuerzas armadas en un país en el que los abusos y la violencia de estas instituciones contra integrantes de los pueblos indígenas ha sido ampliamente documentada. En este caso, también, los pueblos y colectivos han denunciado graves problemas y serias irregularidades en la implementación de la consulta a pueblos indígenas.
Más al norte, el Proyecto Integral Morelos, que afectará a una región muy cercana a la capital del país, se ha encontrado son la resistencia de pueblos nahuas de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Este proyecto incluye construir un gasoducto y una termoeléctrica, entre otras obras. En un discurso en Morelos en 2014, López Obrador expresó su oposición a la construcción de la termoeléctrica, pero en un giro inesperado y sorpresivo para los pueblos en resistencia, ya estando en funciones, siguió adelante con el proyecto. A quienes se oponen y resisten a estas obras, entre ellos estaba el activista Samir Flores que fue asesinado en 2019, el presidente los ha llamado contrariamente conservadores radicales de izquierda. Una vez más, en este caso, la consulta a los pueblos no ha cubierto los estándares necesarios a los que el gobierno mexicano está obligado.
En contraste con estos proyectos y los discursos en los que los ha envuelto el gobierno federal, en la visita del nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, a México en marzo, el mandatario mexicano habló de Bolivia como un gran ejemplo de justicia hacia los pueblos indígenas en su calidad de estado plurinacional. Sin embargo, en contraste con este entusiasmo, la realidad de los pueblos indígenas en México lejos se encuentra de la construcción de un estado plurinacional, la consigna parece ser, una vez más en la historia, dictar proyectos diseñados desde el poder en nombre de un progreso y un desarrollo que afectan a pueblos indígenas pero que serán operados nada más y nada menos que por las fuerzas armadas.
Entre estos proyectos, encontramos otros procesos peculiares. Guelatao es un municipio en Oaxaca conocido por ser el lugar de nacimiento del único presidente indígena que ha tenido el país, Benito Juárez García, figura histórica emblemática para el actual mandatario. Al igual que muchos municipios de Oaxaca, Guelatao funciona bajo un sistema de autogobierno sujeto a un control asambleario que legalmente ha sido bautizado como Sistemas Normativos Indígenas. El presidente de la república, en coordinación con el INPI, ha elegido este pequeño municipio zapoteco para implementar un proyecto piloto: transferir fondos económicos federales directamente a esta comunidad que, mediante una decisión asamblearia, está creando distintas cooperativas con el dinero asignado. El uso de los recursos está bajo el control de la asamblea. De funcionar, el gobierno ha anunciado que extenderá el programa a otros municipios indígenas.
¿Cuáles serán las consecuencias de estas desiciones? Al parecer, el ejercicio autonómico sólo interesa cuando éste no afecta la construcción de megaproyectos estatales. Dentro de este panorama, las reivindicaciones autonómicas de los pueblos indígenas parecen, una vez más, no ser en absoluto una prioridad para el proyecto bautizado como la “cuarta transformación de la vida pública de México” que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Yasnaya Elena Aguilar Gil es lingüísta mixe de Ayutla, Oaxaca. Forma parte del colectivo COLMIX.
