Seguir las noticias en Nicaragua desde el 19 de abril ha sido una fuente constante de inspiración, ansiedad y angustia. Hace unas semanas, cuando un amigo en Nicaragua me envió un artículo de noticias, lo abrí con inquietud y me preparé para más angustia. Pero no había forma de que pudiera haberme preparado para ver la cara de un amigo que me devolvía la mirada bajo un titular que declaraba que él y otros ocho jóvenes manifestantes habían sido acusados de terrorismo.
Cuando comencé a preocuparme por el miedo y incluso posible tortura que enfrentaba mi amigo, recordé otro episodio reciente de las protestas. El año pasado, el 17 de diciembre, recibí un mensaje de otro amigo a altas horas de la noche, a quien llamaré Javier para proteger su identidad: "Laura, si no regreso, le dices [a mi novia] que la amo. Voy a defender a mi pueblo". Pero Javier no estaba hablando de Nicaragua, y no expresaba temor a la violencia a manos de la policía del presidente Daniel Ortega ni de los paramilitares progubernamentales. En cambio, se estaba refiriendo a las calles de Honduras y al ejército hondureño, que recibe una gran cantidad de fondos y capacitación de los Estados Unidos.
Como señala Amnistía Internacional, Honduras y Nicaragua ejemplifican una tendencia regional reciente de reprimir el derecho a protestar y utilizar la fuerza excesiva contra los manifestantes. Sin embargo, lo que diferencia las dos situaciones es la hipocresía de los Estados Unidos de continuar apoyando al presidente hondureño Juan Orlando Hernández mientras denuncia las violaciones de los derechos humanos en el país vecino de Honduras, Nicaragua.
En Honduras, los militares tomaron medidas enérgicas contra los manifestantes que participaron en protestas generalizadas contra la muy sospechosa victoria del presidente Juan Orlando Hernández (JOH) después de las elecciones del 26 de noviembre de 2017. Las autoridades electorales de la noche finalmente anunciaron a JOH como el ganador tres semanas después del día de las elecciones; mi amigo Javier me había dicho que aquellos que violaron el toque de queda impuesto por el estado y continuaron protestando lo hicieron bajo su propio riesgo y no se les otorgaron protecciones constitucionales. Javier dijo que las fuerzas estatales que tomaban medidas enérgicas contra los manifestantes los consideraban inútiles ("vales verga") y estaban dispuestos a golpear o hasta matar a manifestantes pacíficos.
En Nicaragua, el gobierno ha instituido una serie de nuevas medidas represivas en respuesta a las protestas en curso iniciadas inicialmente por la reforma de las pensiones. A medida que han aumentado las llamadas a la renuncia de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, también han aumentado las reacciones violentas tanto de las fuerzas estatales como de los grupos paramilitares respaldados por el gobierno. El último intento del dúo por sofocar la disidencia llegó en la forma de una nueva ley antiterrorista. Aprobada el 16 de julio, la Ley 977 establece que los culpables de terrorismo, o cualquier persona que brinde algún tipo de ayuda material o financiera a supuestos grupos "terroristas", podrían enfrentar hasta 20 años de prisión.
Las organizaciones de derechos humanos han señalado que el artículo 394 de la nueva ley es particularmente problemático debido a su vaga definición de "terrorismo". Muchos temen que esta nueva legislación pueda darle al gobierno nicaragüense amplios poderes para criminalizar a los manifestantes, especialmente porque Ortega a menudo ha despedido a manifestantes antigubernamentales como criminales o terroristas durante su actual cargo en el poder.
Mi joven amigo nicaragüense, ahora un presunto terrorista, teme por su vida. Me contactó el 9 de junio para decirme que lo estaban siguiendo. "Me quieren matar", dijo. En uno de sus últimos mensajes en las redes sociales antes de su detención, reiteró su sueño de una Nicaragua libre y le pidió perdón a su madre por desobedecer sus deseos de que abandonara las protestas antigubernamentales y regresara a casa.
El reciente giro de los acontecimientos en Nicaragua ha hecho eco de los peligros y la represión que enfrentan Javier y otros manifestantes en Honduras: una vez más, los jóvenes que defienden libertades políticas básicas deben preocuparse por el impacto en sus seres queridos si son asesinados en el proceso. Al igual que Ortega, en 2017 el Congreso de Honduras, antes de las elecciones de 2017 y bajo presión de JOH, aprobó el artículo 590 del nuevo código penal hondureño, que amplía la capacidad legal del gobierno para atacar a la oposición y etiquetar a los manifestantes como terroristas.
Aunque por lo general son considerados como opuestos en el espectro político—JOH a la derecha y Ortega a la izquierda—los dos tienen similitudes notables en su consolidación del poder. Ortega apiló a la Corte Suprema con aliados que dictaminaron en 2009 que la prohibición constitucional nicaragüense a la reelección "violó sus derechos políticos individuales". Luego se postuló para su tercer mandato consecutivo en 2016.
Asimismo, en 2015, la Corte Suprema de Honduras, que JOH había acumulado a su favor mientras servía como jefe del Congreso en 2012, dictaminó que la prohibición constitucional hondureña de la reelección violaba los derechos políticos individuales, lo que condujo a la controvertida oferta de reelección de JOH 2017. En los últimos dos años, tanto Nicaragua como Honduras se han convertido en dos de los países más peligrosos y letales para los activistas ambientales y de derechos indígenas de la tierra. Ortega ha flagrantemente oprimido las libertades de prensa en los últimos meses y el régimen de JOH ha visto a Honduras convertirse en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Ambos líderes han demostrado su voluntad de sofocar las protestas y la oposición política con opresión, detenciones arbitrarias, desapariciones e incluso asesinatos.
La agitación postelectoral en Honduras provocó más de 35 víctimas fatales y más de 1.000 detenciones. Otros informes afirman que más de 2.000 fueron detenidos y que muchas de estas detenciones fueron resultado de la ley antiterrorista. Trágicamente, la duración y la letalidad de las protestas en Nicaragua han sido mayores: los grupos locales de derechos humanos estiman que 448 personas murieron, 2,830 resultaron heridas y 595 desaparecieron en los primeros 100 días, y el conflicto continúa. Tanto JOH como Ortega han hecho llamados para el diálogo y la paz, mientras que simultáneamente activan las tropas de combate para enfrentar a los civiles que se les oponen en las calles. En general, los dos han demostrado un compromiso insensible para mantenerse en el poder, independientemente de lo que eso requiera.
A pesar de todas estas similitudes, se destaca una diferencia notable: la respuesta de Estados Unidos a los dos líderes y sus respectivos países. Anteriormente, los EE. UU. se habían hecho los de la vista gorda ante las tendencias antidemocráticas en Honduras mientras decían las transgresiones percibidas por Nicaragua. Tras el golpe militar de 2009 respaldado por Estados Unidos en Honduras, el Departamento de Estado de EE. UU. bajo el presidente Barack Obama y la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton actuaron contra el restablecimiento del presidente Manuel Zelaya elegido democráticamente y legitimaron el gobierno pos golpe del presidente Porfirio Lobo, restaurando e incrementando rápidamente la ayuda militar estadounidense a Honduras en 2010 y en adelante.
El sucesor de Lobo, JOH, se postularía para un segundo mandato en 2017, a pesar de la ironía de que los perpetradores del golpe de 2009 justificaron principalmente el golpe contra Zelaya al afirmar que deseaba la reelección. Si la oferta de reelección de JOH fue lo suficientemente mala, los detalles de su victoria electoral de 2017 ciertamente insinuaron un mayor juego sucio. El sistema de informes de resultados electorales hondureños se desconectó durante horas a medida que se contabilizaban los votos. Cuando regresó, JOH sospechosamente había alcanzado al candidato opositor Salvador Nasralla, a pesar de la ventaja inicial "irreversible" de Nasralla con más del 57 por ciento de los votos contados. Luego, después de casi tres semanas de demoras, la comisión electoral anunció que JOH había ganado.
A pesar de estas y otras irregularidades observadas por los observadores electorales internacionales y los llamamientos a una nueva elección de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuatro senadores estadounidenses, 28 demócratas en el Congreso estadounidense y grupos de la sociedad civil hondureña, Estados Unidos felicitó a JOH por su victoria. De hecho, en medio de la crisis postelectoral y solo dos días después de las dudosas elecciones, el Departamento de Estado de EE. UU. certificó que Honduras continuará recibiendo su paquete completo de asistencia de seguridad, sujeto a su supuesto progreso en la mejora de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.
Comparado con sus vecinos hondureños, Ortega usualmente se ha basado en tácticas más sutiles para asegurarse de seguir siendo presidente, como centralizar el poder, extender las redes clientelares, comprar votos y dividir a la oposición. Esto ha permitido a los sandinistas mantener cierta fachada de democracia.
Si bien Ortega ha cooptado a las élites empresariales y aplicado políticas extrañamente capitalistas para alguien a quien el ala derecha de los EE. UU. llama "marxista", la respuesta estadounidense ha sido, no obstante, mucho más dura con Nicaragua que con Honduras. Recientemente, los EE. UU. aprobaron sanciones contra los líderes sandinistas y apoyaron los llamados a elecciones anticipadas en Nicaragua. El 27 de junio, más de dos meses después de los primeros casos de violencia, la Embajada de los EE. UU. en Managua solicitó a Nicaragua que devuelva o pague los vehículos donados de los EE. UU. utilizados para oprimir a los manifestantes, que Nicaragua decidió devolver. Sin embargo, los EE. UU. no habían considerado la represión violenta de manifestantes de la administración de JOH para violar ningún "acuerdo".
Además, aunque la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó unánimemente la Ley Nica en 2017, mucho antes de la reciente oleada de protestas y represión en Nicaragua, ha habido poco apoyo o impulso detrás de la ley análoga - Berta Cáceres Act - para Honduras. Ambas leyes aumentarían las condiciones de la ayuda y el acceso a la financiación internacional basada en presuntos abusos contra los derechos humanos.
JOH, un político de derecha y aliado de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, no solo obtuvo un pase libre por sus viles transgresiones, sino que también recibió el apoyo de los EE. UU. para llevar a cabo muchas de las mismas atrocidades por las cuales el régimen de Ortega ahora está siendo condenado. De hecho, JOH ha sido elogiado por los políticos de Estados Unidos por avanzar en el fortalecimiento de la seguridad y la lucha contra las drogas, a pesar de las acusaciones de que el hermano de JOH, el ministro de seguridad y el jefe de la policía nacional están vinculados al tráfico de drogas. Honduras continúa teniendo una de las tasas de homicidios más altas del mundo, a pesar de una disminución en 2017.
No obstante, Estados Unidos está menos inclinado a hacer la vista gorda ante las fechorías de Ortega, ya que su régimen asesina, detiene y ataca a los manifestantes. El senador republicano Marco Rubio incluso ha amenazado que el régimen de Ortega y Murillo "pagará [un] alto precio por sus crímenes contra su propio pueblo".
La acción de los Estados Unidos contra el gobierno y la retórica como la obra de Rubio en la narración Ortega-Murillo de que el imperialismo estadounidense amenaza a Nicaragua. De acuerdo, los Estados Unidos les dieron a los sandinistas esta narrativa en bandeja de plata, ya que la historia hace que esta línea de retórica sea plausible. Durante el primer mandato presidencial de Ortega en 1984, Estados Unidos armó, financió y entrenó a los contras, grupos rebeldes de la oposición de derecha que lucharon para desestabilizar al régimen sandinista después de que llegó al poder cuando derrocó la dictadura de décadas de Anastasio Somoza en 1979. La lucha dejó 50,000 muertos.
Más recientemente, desde que Ortega asumió nuevamente la presidencia en 2006, Estados Unidos ha invertido millones de dólares en grupos de la sociedad civil prodemocráticos en Nicaragua. Por ejemplo, la Fundación Nacional para la Democracia (NED por sus siglas en inglés), una fundación financiada en gran parte por el Congreso de los EE. UU. con una historia cercana al escándalo Irán-Contras, otorgó a la sociedad civil nicaragüense más de $4 millones entre 2014 y 2017. NED financió a la sociedad civil hondureña que agrupa aproximadamente la mitad de esa cantidad en el mismo período. Los partidarios de Ortega condenan a NED como "el brazo de cambio de régimen del gobierno de EE. UU." y lo presentan como evidencia de la continua intrusión de Washington en la política nicaragüense. La participación de organizaciones financiadas por los EE. UU. en recientes protestas ha alimentado esta narrativa, pero la indignación popular se extiende mucho más allá de estos grupos.
Sin embargo, reconocer la realidad histórica de la intervención de Estados Unidos en Nicaragua y apoyar la protección de los derechos humanos en Nicaragua no son mutuamente excluyentes. Lo que muchos de los críticos abiertos de Ortega en Washington parecen pasar por alto es que el régimen de Ortega-Murillo tiene una capacidad increíble para generar noticias falsas e historias en sí mismas, y la participación constante de los EE. UU. los alimenta. La intervención de los Estados Unidos solo justificaría la respuesta militarizada del régimen y le daría a Ortega algo por lo que está desesperado, una justificación para su lucha.
Además, cualquier eliminación de Ortega dirigida por los EE. UU. no traería la paz, y mucho menos la democracia, al país. La solución a esta crisis debe venir de los propios nicaragüenses. Si los legisladores y observadores estadounidenses quieren apoyar la lucha de Nicaragua por el cambio, deben reconocer cómo la historia de la política estadounidense en la región ha sentado las bases para gran parte de la confusión, apoyar a las organizaciones de derechos humanos que monitorean la situación y pedir la liberación de estudiantes detenidos.
Pero sigue habiendo un obstáculo significativo a la credibilidad de Estados Unidos al tomar este tipo de acciones: para que Estados Unidos reclame una seria preocupación por los derechos humanos, la libertad de expresión o clame por la democracia en Nicaragua, no puede financiar esfuerzos para suprimir esos ideales en los países vecinos. Honduras, sin mencionar todos los otros casos de hipocresía en toda la región y más allá.
Si los Estados Unidos sancionan a los funcionarios sandinistas vinculados a la represión violenta de los manifestantes, no puede escoger y elegir de acuerdo con sus intereses políticos. Las personas que toman las calles en la región, ya sea en Managua o Tegucigalpa, Masaya o Tocoa, están haciendo demandas similares por justicia, transparencia y rendición de cuentas. La comunidad internacional debe reconocer que esta no es una batalla de izquierda versus derecha, ni comunismo versus capitalismo, sino una batalla por la democracia y la justicia.
Por lo tanto, si Estados Unidos realmente desea reforzar la seguridad y la estabilidad al sur de la frontera, debe superar su mentalidad de Guerra Fría. Como mínimo, Estados Unidos debe dejar de armar las dictaduras, independientemente de dónde caigan en el espectro ideológico.
Laura Blume es una candidata de PhD de Ciencias políticas en la Universidad de Boston. Su investigación principalmente se concentra en las causas políticas y las consecuencias de la violencia criminal en Centroamérica y México. Ha publicado en la Journal of Politics in Latin America, International Affairs Review, y Intercontinental Cry.
Translated by Eduardo Loría Chaves.
