Este artículo fue publicado originalmente en el ejemplar de primeravera 2022 del NACLA Report, nuestra revista trimestral.
Entre 2004 y 2011, el gobierno de Hugo Chávez invirtió las cuantiosas ganancias de petróleo en políticas sociales que beneficiaron económicamente a los sectores más pobres, y logró reducir el número de hogares pobres según salario, la tasa de desempleo y la tasa de desnutrición crónica infantil. Sin embargo, en este mismo periodo aumentó la violencia medida por la tasa de homicidios. En 1998, el año anterior a la llegada de Chávez a la presidencia, la tasa de homicidios era de 20 por cada 100.000 habitantes. Quince años después, se había aumentado a 56 por cada 100.000 habitantes.
Aunque se ha escrito mucho sobre las políticas que catalizaron estos logros socioeconómicos, el otro lado de la revolución bolivariana ha recibido menos atención. Sin embargo, probablemente el legado más poderoso de la revolución será como transformó a la policía, los actores armados y las dinámicas de violencia.
La clave para entender el fuerte aumento de la violencia en Venezuela es cómo los agentes estatales respondieron al fallido intento de golpe. Un hito para el chavismo, el golpe generó una profunda desconfianza tanto en la sociedad venezolana como en el estado. Además, creó un rencor intenso dentro de la política. Los actores políticos dejaron de verse como adversarios y comenzaron a verse como enemigos. Este conflicto —parte de un proceso al que nos referimos como la gobernanza revolucionaria en un próximo libro— se filtró en todos los aspectos de la Revolución Bolivariana. Por un lado, la gobernanza revolucionaria implica una ruptura voluntaria con el pasado, sus símbolos y sus élites; esta ruptura se manifiesta en los enfrentamientos entre el chavismo y la oposición. Las armas ingresaron a la escena política nacional de una manera que no se había visto antes, ya que algunas facciones dentro del chavismo entendieron la revolución como una amenazada permanente a través de enemigos internos y externos.
Después de 2002, el chavismo no confiaba tanto en la policía metropolitana de Caracas, cuyos policías apoyaron el golpe. Temeroso de una intervención militar estadounidense, especialmente después de la invasión de Irak, Chávez brindó cada vez más apoyo a los grupos armados no estatales. Y si bien la relación entre los grupos armados estatales y no estatales fue inconsistente y en ocasiones, abiertamente conflictiva, sin embargo contribuyeron a la pluralización de la violencia. Las armas inundaron el país mientras el estado aumentaba la compra de armas para armar su revolución “pacífica”. A mediados de la década de 2000, Venezuela era el segundo mayor comprador de armas en la región, solo superado por Chile. Los conflictos y las luchas internas de un estado que opera según este tipo específico de gobernanza revolucionaria desestabilizaron los esfuerzos estatales de desarme y la reforma policial, y sabotearon las políticas públicas que tenían como objetivo reducir la inseguridad.
En esta entrevista conjunta, utilizamos nuestra experiencia como sociólogas, quienes hemos colaborado en varios proyectos de investigación sobre estos temas desde que nos conocimos en 2012, para pensar el impacto que el golpe fallido ha tenido en la policía, los actores armados y la violencia en Venezuela en los últimos veinte años.
Rebecca Hanson: Verónica, ¿cómo ha cambiado su trabajo etnográfico en el transcurso de la “revolución bolivariana”? ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre hacer trabajo de campo ahora sobre temas como la violencia y la policía en contraste con los años posteriores a la primera victoria electoral de Chávez?
Verónica Zubillaga: En el año 2001 yo venía de hacer mi trabajo de campo de orientación etnográfica con jóvenes varones habitantes de barrios que tenían armas y sostenían estilos de vida violentos. Se trataba de bandas de jóvenes que tenían como sede el sector y las esquinas de su barrio. Estas bandas de jóvenes llevaban nombres de su sector de barrio. Se dedicaban al microtráfico de drogas. Ejercían una violencia que era a veces expresiva, en búsqueda de forjar una identidad reconocida de varón “de respeto”. El respeto aquí, en un contexto de desamparo y desprotección, tenía que ver con tener una reputación de hombre temerario, de reacciones explosivas, siempre acompañadas de armas.
Paradójicamente, estas respuestas violentas se orientan a disuadir las agresiones de los otros armados. Otra violencia, más instrumental, se orientaba a cuestiones vinculadas al negocio de la droga, por ejemplo, deudas, o lo que entonces se llamaba ganar “plazas” o mercados de drogas asociados a territorios. Existía, por supuesto, una histórica desprotección, que si se quiere estaba en el origen de la incursión de los varones más jóvenes en las bandas. Ante este desamparo no quedaba otra que, o unirse a la banda que les iba a agredir, o formar otra banda para defenderse.
La otra cara del desamparo era una violencia policial enfocada, de nuevo, desproporcionadamente en los varones del barrio, que eran acosados y “sembrados”, la palabra de la época para expresar que les introducían drogas en sus bolsillos para extorsionarlos y no llevarlos a prisión. Era muy duro hacer trabajo de campo, porque podías palpar desde la vivencia, la experiencia de la exclusión, es decir, el constatar que los jóvenes vivían desde un realismo trágico el no tener oportunidades y alternativas para insertarse y forjar identidades reconocidas.
La progresiva militarización de la seguridad ciudadana y las políticas de mano dura contra el crimen— que truncaron todo el proceso de reforma policial—, contribuyeron a la reunión en prisión de masas de jóvenes varones empobrecidos y sin esperanza de ascenso social. El Estado perdió el control de prisiones importantes y se originaron bandas carcelarias, con claras jerarquías y división del trabajo que comenzaron a regentar en la práctica las prisiones. Estas formas de organización en las prisiones en constante comunicación con el barrio (es decir, en el dinámico flujo de hombres entre el barrio y la cárcel), se trasladó también a las bandas barriales. Sobre todo se arraigó en la cadena de barrios de la zona sur oeste de la ciudad. Estas bandas se aliaron en confederaciones para responder a la guerra contra la criminalidad declarada por el gobierno de Nicolás Maduro en el año 2014.
Desde el año 2018 se registran declives en la violencia y en las tasas de homicidio. Unas entre varias de las razones de este descenso, es precisamente, los ciclos de relación con el Estado y la mutación de estos actores armados. Pasamos de tener jóvenes de bandas de esquinas de barrios en constante disputa entre sí, a grupos organizados fuertemente armados asentados en territorios reconocidos de la ciudad, en particular, en la cadena de barrios en toda la franja sur oeste de la ciudad.
Esta constatación es evidente en el trabajo de campo. En la observación realizada en barrios en los que están estas bandas, se advierte el peso de esta fuerte estructura criminal organizada: las claras fronteras territoriales vigiladas por los llamados “gariteros”, los jóvenes en las garitas de vigilancia. Los tipos de armas, además de las pistolas, observé granadas. Esto revela que en medio de la guerra declarada por el gobierno de Maduro, hay transacciones comerciales entre miembros de la banda y miembros de empresas militares como CAVIM [empresa estatal de manufacturación de armas], para el acceso a estas granadas.
Y sobre todo, entre estos cambios se evidencia las formas de gobernanza local ejercidas por esta confederación armada en la vida de la población que habita en estas comunidades. Hasta julio de 2021, momento en que el gobierno desplegó un operativo militarizado letal para enfrentar a estas bandas, lo que produjo la huida masiva de los líderes, estas bandas armadas regulaban aspectos fundamentales de la vida social en el barrio. Además de su imponente presencia armada, eran ellos quienes fungían de mediadores e impartían castigos en las disputas privadas de la vida cotidiana. Eran ellos, quienes organizaban las fiestas y celebraciones típicas como el día del niño y el día de la madre. Y los vecinos utilizaban las metáforas de la burocracia estatal para referirlos: decían que ellos eran los jueces, los ministros y los policías del barrio.
En síntesis, tenemos ahora un fenómeno que antes no teníamos y de hecho, los periodistas han comenzado a nombrarlo con un nuevo vocabulario como “megabandas”. Estas bandas de crimen organizado, se caracterizan por ser numerosas, tener organización interna al estilo militar, es decir jefaturas claras, jerarquías definidas, exigencia de obediencia y castigos, y división del trabajo. Estás grandes bandas intervienen en la gobernabilidad territorial y regulan la vida social en las comunidades específicas en las que se asientan.
Las dinámicas de la violencia en la ciudad también dependerán, como también lo hemos discutido en otros trabajos, de los ciclos de relación entre estas bandas y sectores del Estado: de períodos de encarcelamiento, a pactos de cohabitación, que se extendió entre 2017 y julio 2021, de nuevo confrontación, como vimos en julio 2021 con la ruptura de los pactos.
Cualquier autoridad local que desarrolle políticas públicas, tendrá que lidiar en adelante con esta dinámica social que ha producido conflictos armados intermitentes (en función del ciclo de relación con el Estado) entre esta confederación de bandas y las fuerzas policiales. La magnitud de estas confrontaciones son tan importantes que han tomado y paralizado sectores de la ciudad por horas y días, como lo vimos en julio de este año.
VZ: Rebecca, has mantenido una línea de investigación enfocada en las fuerzas policiales, desde el proceso de creación de la policía nacional hasta nuestros días. En tus trabajos de campo sobre la policía nacional, muy temprano comenzaste a registrar el malestar de los agentes policiales hacia los grupos de colectivos armados. ¿Qué observaste?
RH: Primero, es importante notar que Venezuela tiene más de 120 fuerzas policiales, entonces no podemos hablar sobre la relación entre colectivos y la policía. Más bien, debemos identificar de qué fuerza policial estamos hablando y luego ver cómo su relación, que implica conflicto y competencia, ha evolucionado con el tiempo.
Históricamente, los gobiernos han utilizado y sancionado a instituciones como la policía metropolitana que vigiló Caracas desde 1969 hasta alrededor de 2011 para reprimir los barrios donde se organizaron por primera vez estos grupos comunitarios armados. De hecho, esta es una de las principales razones por las que estos grupos, que pasaron a llamarse colectivos, se organizaron: para proteger los barrios de la violencia policial. La policía respondió con redadas violentas contra estos grupos, considerados una amenaza para la seguridad nacional. El gobierno de Chávez, por otro lado, mantuvo alianzas inestables e inconsistentes con estos grupos y no apoyó la represión policial contra ellos. Estas alianzas han permitido que, en muchas zonas urbanas, los colectivos armados dominen la vida social, política y económica a través de la coerción física y la violencia.
El periodo entre 2012 y 2014, cuando comencé a investigar con la Policía Nacional Bolivariana (PNB), se caracterizó por una serie de manifestaciones, particularmente después de que murió Chávez en 2013 y Nicolás Maduro asumió la presidencia. En ese tiempo, los periodistas y las organizaciones de derechos humanos hablaban a menudo sobre la relación de colaboración entre los colectivos y la policía, y los retrataban trabajando juntos para reprimir a los manifestantes. Sin embargo, en mi investigación etnográfica, documenté las percepciones de los policías sobre los colectivos como una amenaza y una presencia inestable en las protestas. Lejos de colaborar, les preocupaba que estos grupos los reemplazaran como primera línea de defensa del Estado. De hecho, hubo muchos conflictos violentos entre varias fuerzas policiales y colectivos en Caracas en ese momento.
Como analizo en el manuscrito de mi libro actual sobre la vigilancia policial en Venezuela, la política revolucionaria contribuyó a una intensa fragmentación dentro de las instituciones de seguridad del Estado y entre estas instituciones y otros grupos armados. Esta fragmentación hizo que las fuerzas policiales fueran menos efectivas y más violentas que antes de la revolución.
Aunque tendemos a pensar en el estado y la policía como sinónimos, el apoyo público al gobierno, aunque intermitente, de otros grupos armados generó un alto nivel de desconfianza hacia el estado entre los agentes de la policía. Debido a la creación de la PNB por parte del gobierno de Chávez, la oposición política a menudo ha caracterizado a sus agentes como protectores politizados de la revolución. Pero descubrí que los agentes veían su relación con el estado como floja y controvertida. En lugar de sentir presión para asegurar la revolución del gobierno, los agentes de la policía se vieron desplazados por grupos que, según dijeron, ya estaban dispuestos para hacerlo.
No fue sino hasta 2017, con la creación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) —unidades tácticas especiales dentro de la PNB— que comencé a documentar constantemente preocupaciones sobre miembros de colectivos que “se infiltraron” en la policía. Y algunos colectivos y las FAES se han vuelto cada vez más interconectados, mientras que los agentes no FAES todavía perciben a los colectivos como una amenaza interna cada vez mayor.
Bajo el gobierno de Maduro, las relaciones entre algunos grupos armados y el Estado se han estabilizado y se han vuelto menos clandestinas, y cada vez más se confía en las leyes como mecanismo de legitimación. Al carecer de apoyo, popularidad y recursos, Maduro se ha confiado más en la coerción que su predecesor, y los colectivos han jugado un papel clave en la implementación de formas regresivas de control social. De hecho, con la actual crisis económica y política, el gobierno de Maduro se ha confiado cada vez más en una red descentralizada de actores armados para vigilar a comunidades e incluso implementar políticas de salud esenciales durante la pandemia de Covid-19.
Las investigaciones que tu y yo hemos realizado juntas muestran un grado de colusión para controlar las protestas sociales y la integración de miembros de colectivos en algunas unidades de las FAES que han sido sistemáticamente denunciadas por violaciones a los derechos humanos. En un conversatorio con ex miembros de un colectivo, comentaron que hay miembros de los colectivos que trabajan como guardaespaldas para unos altos funcionarios.
Sin embargo, es importante señalar que estos sistemas de control social siguen siendo muy descentralizados y fallan con frecuencia. El conflicto y la falta de coordinación son esenciales para comprender el panorama de seguridad en Venezuela. Por lo tanto, siempre soy escéptico de las representaciones de grupos armados, tanto estatales como no estatales, que tienen relaciones muy colaborativas que implementan efectivamente las órdenes de funcionarios estatales porque no creo que esto nos diga mucho sobre cómo el autoritarismo realmente funciona en Venezuela.
Como han señalado expertos, la revolución bolivariana dejará un legado de movilización política y empoderamiento de sectores históricamente marginalizados por el Estado. Pero la gobernanza revolucionaria también ha dejado su huella en las instituciones de seguridad del Estado. Las versiones sobre el legado del chavismo deben reconocer las fracturas institucionales y el caos causado por “la revolución pacífica pero armada”.
Rebecca Hanson es profesora en la Facultad de Sociología y Criminología y Derecho y en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida.
Verónica Zubillaga es profesora asociada en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Es cofundadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, REACIN.
La última publicación de Hanson y Zubillaga, escrita con David Smilde, The Paradox of Violence in Venezuela: Revolution, Crime, and Policing During Chavismo (University of PIttsburgh Press, 2022), ha sido una experiencia de colaboración y solidaridad Norte-Sur para investigar el crimen y la violencia en Venezuela.
