En el vídeo musical de su canción "Justicia", el músico vallenato Hugues Martínez Gámez canta a la cámara frente a una brillante piscina natural de agua azul verdosa rodeado verdes árboles verdes y plantas. La letra refleja la lucha por salvar su pueblo de Cañaverales en La Guajira, un departamento en el norte de Colombia, y este hermoso manantial de la minería de carbón. "Me da dolor, mucho dolor, que se vienen de otros lugares a apropiarse de lo nuestro. A mí me da indignación que se aprovechan de nuestra nobleza y después nos faltan el respeto". Refiriéndose a la larga historia de extracción de recursos en La Guajira, la canción concluye: " Proyectos de gas y sal, de fracking y de energía y carbón, se destruye mi nación con un desastre ambiental. Justicia, justicia pa’ mi Guajira, justicia es lo que exige mi pueblo”. Justicia significa dignidad para el pueblo de La Guajira y protección de sus paisajes naturales.
Los afrocolombianos y campesinos de Cañaverales han luchado para prevenir que las minas de carbón destruyan a sus tierras y sus aguas. Recientemente han conseguido una importante victoria. El 5 de julio, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia declaró la primera Área de Protección por la Producción de Alimentos (APPA) en La Guajira. El programa APPA prioriza el uso de la tierra para la agricultura, la acuicultura y la ganadería, protegiéndola del desarrollo industrial.
Esta declaración histórica se produce tras décadas de activismo comunitario en la región, especialmente por parte de pueblos afrocolombianos, campesinos e indígenas que han luchado para proteger sus tierras de cultivo y sus bosques de la minería de carbón a gran escala. La declaración protege 80.000 hectáreas en ocho municipios: La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, El Molino, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca y Barrancas. En Barrancas, los habitantes han convivido durante décadas con el Cerrejón, una de las mayores minas de carbón a cielo abierto del mundo, sufriendo oleadas de desplazamientos, deteriores medioambientales y violencia que han arruinado los medios de vida rurales y han separado a la gente de su territorio ancestral. Los campesinos de San Juan del Cesar, donde se encuentra Cañaverales, aún tienen extensas tierras agrícolas, pero se enfrentan al mismo destino que los de Barrancas, ya que la corporación turca Best Coal Company amenaza con instalarse allí.
"Colombia, Potencia Mundial de la Vida"
Proteger las tierras para la seguridad alimentaria es esencial en La Guajira, uno de los departamentos más pobres de Colombia. El año pasado, la desnutrición se cobró la vida de 70 niños en La Guajira, la tasa más alta del país. Las continuas sequías debidas al cambio climático se han visto exacerbadas por el uso excesivo del agua por parte del Cerrejón, amenazando la producción local de alimentos.
El actual gobierno de Colombia, liderado por Gustavo Petro y Francia Márquez, está centrado en lograr la "Paz Total", un plan que incluye invertir en las regiones rurales que durante mucho tiempo han estado al margen de las políticas nacionales. Las resoluciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Regional sobre la designación de APPA en toda Colombia forman parte del plan de desarrollo de la actual administración "Colombia, Potencia Mundial de la Vida", que pretende garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. En Cañaverales, la población afrocolombiana y campesina espera utilizar el APPA para atraer más inversiones en la producción agrícola y mantener alejadas a las empresas mineras de carbón. Como declaró Rosa María Mateus, abogada de la organización de derechos humanos CAJAR (Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"): " Esta declaratoria se da en un momento de vital importancia para el departamento de La Guajira, pues reconoce la vocación agrícola de este departamento y derriba un imaginario de que la única vía hacia el desarrollo es la explotación de hidrocarburos, práctica que ha afectado gravemente ecosistemas nativos y generado graves violaciones a los derechos humanos como se ha podido dejar constancia a partir del acompañamiento de Cajar en la región."
Frente al carbón en La Guajira
Desde la década de 1980, se opera en La Guajira una de las mayores minas de carbón a cielo abierto del mundo: Cerrejón. Actualmente propiedad de la gigante empresa minera suiza Glencore, Cerrejón ha desplazado a miles de campesinos de sus tierras, ha demolido pueblos enteros y ha devastado a los ecosistemas locales. La Guajira es principalmente un ecosistema de bosque tropical seco, uno de los más amenazados del planeta. La empresa ha desviados arroyos, ha represado un río y ha abusado del agua en sus operaciones, lo que ha provocado una crisis hídrica agravada por el cambio climático. Decenas de comunidades indígenas wayuu y afrocolombianas viven en los valles de La Guajira. Durante años han defendido su territorio, sus fuentes de agua y sus ecosistemas frente a la empresa. Con el apoyo de ONGs colombianas y organizaciones internacionales de solidaridad, las comunidades locales han logrado importantes victorias, como cambiar las políticas de la empresa para que sigan las normas internacionales de reasentamiento, impedir la explotación minera bajo el Río Ranchería y conseguir que el Estado reconozca el derecho de las comunidades a la consulta, protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
En el extremo sur de La Guajira, el grupo minero turco Yıldırım quiere ampliar la zona de explotación de carbón en la región at través de su sucursal Best Coal Company. Los planes incluyen una mina a cielo abierto cerca de la ciudad de Cañaverales, la zona agrícola más importante de La Guajira. Las granjas de Cañaverales abastecen de verduras, frutas y granos a los mercados de La Guajira y sus alrededores, lo que convierte a este pueblo de 2.000 habitantes clave para la seguridad alimentaria regional. Las tierras de cultivo se alimentan de un manantial natural, un recurso vital que ha protegido la zona de la sequía. Si la empresa completa sus planes, la mina estará lo suficientemente cerca del pueblo y del manantial como para contaminar la fuente de agua del pueblo.
Los habitantes de Cañaverales contaban con una ventaja, ya que podían aprender de las luchas de las comunidades cercanas al Cerrejón. Juntos esperan impedir que la mina entre en su territorio para evitar el desplazamiento y la ruina ambiental que han sufrido esas comunidades. Oscar Gámez, líder del Consejo de Comunidades Negras de Cañaverales, explica: “tenemos un profundo agradecimiento de todas esas organizaciones allá al norte de la Guajira que en un momento cuando se dieron cuenta que nosotros estábamos en esta situación de riesgo como pueblo, vinieron y nos dieron las manos y nos dijeron nosotros ‘no vamos a permitir que a ustedes les pasen lo que a nosotros nos pasó.’ La verdad que estamos profundamente agradecidos de ellos y hoy los llevamos en nuestro corazón como unos verdaderos hermanos”. Gámez mencionó la ayuda de La Fuerza de Mujeres Wayuu, una organización feminista indígena que trabaja en la intersección de los derechos medioambientales y humanos, y que lleva décadas defendiendo a las comunidades afectadas por el carbón. La Fuerza ha desempeñado un papel decisivo en la protección de las fuentes de agua de la región frente a la explotación minera. Gámez también mencionó a Samuel Arregocés, un querido líder fallecido en abril. Arregocés era de la comunidad de Tabaco, desplazada violentamente por el Cerrejón en 2001. Murió antes de ver justicia para su propia comunidad, pero su labor como activista salvó a innumerables personas ya que juró que nunca se repetiría lo de Tabaco. Arregocés siempre creyó en la dignidad del trabajo de la gente del campo y en su vínculo con la tierra. Su espíritu inspira esa misma lucha en Cañaverales.
Trabajando en solidaridad con las comunidades y ONGs afectadas por el carbón, los habitantes de Cañaverales se unieron para proteger a sus tierras, sus bosques y su manantial. En primer lugar, formaron un consejo comunitario para registrarse como comunidad afrocolombiana, lo que les dio derecho a una consulta libre, previa e informada. Sin embargo, la consulta no fue suficiente para detener el proyecto; los observadores de las ONGs señalaron que la consulta se realizó de mala fe, lo que permitió al Estado entregar los derechos mineros a la empresa. Además, el consejo comunitario ha tenido dificultades para trabajar con la autoridad medioambiental departamental, CorpoGuajira, que supervisa la reserva forestal que rodea el manantial. Como consejo afrocolombiano, ha luchado para impedir que los extranjeros entren en la zona protegida, ya que los turistas han dejado basura y han dañado a la vegetación. El consejo ha tenido que eludir a CorpoGuajira para proteger él mismo la zona.
El Consejo Comunitario ha adoptado recientemente una estrategia adicional, aprovechando la declaración de APPA de 2023. “Iniciamos este trabajo con el Ministerio de Agricultura, con la Agencia Nacional de Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo” explica Gámez. “El director José Luis Quiroga, en ese momento fue allá a visitarnos, hicieron las respectivas valoraciones del territorio, de su gente, de su capacidad para para producir alimentos, y bueno, se llevaron toda esta información, hicieron el estudio, hicieron respectiva documentación y ahí se tomó la decisión de declarar a Cañaverales como área protegida para la producción de alimentos”. Esta declaratoria protege a 15, 846 hectáreas en San Juan del Cesar, municipio de Cañaverales. Pero la victoria tiene beneficios mucho mayores: como parte del estudio, las autoridades estatales también encontraron 64.115 hectáreas adicionales en otros siete municipios que cumplen los requisitos para ser reconocidas como APPA.
Un futuro incierto
Los habitantes de Cañaverales sueñan con vivir en un territorio libre de minería, dedicado a alimentar a la gente y a respetar sus ricos recursos naturales. Sin embargo, el futuro del pueblo sigue siendo incierto. Aunque en teoría el APPA protege las tierras de los intereses mineros, la empresa Best Coal ya tiene una licencia de explotación. Gámez siente una mezcla de esperanza y preocupación:
Desafortunadamente nosotros seguimos con ese temor, sabiendo que estas empresas transnacionales utilizan todo tipo de maniobras en contra de las comunidades y en contra de los territorios. Tenemos en este momento la confianza de que el gobierno nacional no permitirá la explotación en nuestro territorio, pero sabemos que mientras ellos tengan un título minero que fue otorgado…me imagino que utilizando la misma mala fe y las mismas irregularidades que ya han cometido, a ver si logran imponernos de esta manera que pudiéramos decir neocolonialismo: el extractivismo y el daño a todo nuestro territorio y a todo nuestro ecosistema.
Cañaverales representa las contradicciones de la administración Petro-Márquez: una dedicación a la protección del medio ambiente y los derechos sobre la tierra, por un lado, y una continuación de la agenda extractivista por otro. La oposición y los intereses empresariales han trabajado constantemente para debilitar o detener los planes de mayor alcance de la administración, como permitir que el Ministerio de Medio Ambiente suspenda o deniegue proyectos mineros en regiones vulnerables desde el punto de vista medioambiental. Best Coal también podría demandar al gobierno colombiano si el ministerio o los tribunales deciden bloquear el proyecto de Cañaverales utilizando el controvertido mecanismo de Solución de controversias entre inversores y Estados, diseñado para proteger a los intereses de los inversores internacionales y las empresas multinacionales. Glencore ya ha utilizado este mecanismo para desviar fuentes de agua en contra de las órdenes judiciales en La Guajira.
Aunque el futuro de Cañaverales sigue siendo incierto, sus habitantes están decididos a mantener la minería fuera de sus territorios. Como canta Hugues Martínez Gámez: "Justicia, justicia pa mi Guajira, justicia es lo que exige mi pueblo. No dudo que habrá justicia divina con todo aquel que te está oprimiendo. Justicia, justicia pa’ mi Guajira, justicia es lo que pide mi pueblo".
Emma Banks es profesora de Relaciones Internacionales en Bucknell University. Lleva más de una década trabajando con comunidades desplazadas por empresas mineras de carbón en La Guajira.
