El 6 de agosto, un nuevo grupo en la Cámara de Representantes de EE.UU., el Caucus sobre El Salvador, envió una carta al Secretario de Estado Antony Blinken solicitando que el Departamento de Estado reduzca el estatus elevado de la alerta de viaje para El Salvador, su primera correspondencia oficial dirigida a influir en la política de EE.UU. hacia El Salvador. El caucus fue formalmente anunciado el 8 de julio por el representante republicano de Florida y firme partidario de Trump, Matt Gaetz, que copreside el caucus junto al demócrata de Texas Vicente González. Este esfuerzo surge mientras cada vez más titulares internacionales informan sobre las generalizadas violaciones de derechos humanos bajo el militarizado régimen de excepción del presidente salvadoreño Nayib Bukele, el cual suspende muchas libertades civiles en todo el país durante más de dos años en una supuesta “guerra contra las pandillas”.
Al igual que otros caucus del Congreso, el Caucus sobre El Salvador no tiene más autoridad en el Congreso que la de promover un interés común. La misión declarada del caucus es promover “un mejor entendimiento de los asuntos vinculados a la relación de Estados Unidos con El Salvador, nuestros intereses mutuos y los intereses de Estados Unidos”. En palabras de Gaetz, sin embargo, “El Caucus sobre El Salvador existirá para... alentar las fuertes reformas que el presidente Bukele ha puesto en marcha” y “reivindicar las decisiones que el presidente Bukele ha tomado”. Las primeras acciones del caucus y las declaraciones de Gaetz sugieren que el papel del grupo no es sólo impulsar la imagen de Bukele, sino también impulsar la agenda del gobierno de Bukele dentro de Estados Unidos.
La creación del Caucus sobre El Salvador se produjo tras la investidura de Bukele para un segundo mandato inconstitucional el 1o de junio de 2024. De los seis miembros del Congreso de EE.UU. que viajaron a El Salvador para la ceremonia: los representantes Matt Gaetz (republicano de Florida), María Elvira Salazar (republicana de Florida), Vicente González (demócrata de Texas), Adriano Espaillat (demócrata de Nueva York), Lou Correa (demócrata de California) y el senador Mike Lee (republicano de Utah), cuatro ahora forman parte del Caucus de 13 miembros, incluidos los copresidentes bipartidistas Gaetz y González. Los miembros parecen haber viajado a San Salvador por aparte de la delegación oficial estadounidense enviada por la administración Biden, encabezada por el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Además, el noticiero Politico informó sobre una delegación MAGA no oficial encabezada por Donald Trump, Jr. y Tucker Carlson. Tras el juramento, los miembros del Congreso y el embajador de EE.UU. William Duncan se reunieron con Bukele en su casa de lago.
Semanas antes, en mayo de 2024, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador sostuvieron una serie de reuniones con miembros del Congreso, entre ellos el representante Espaillat y el senador Lee, quienes viajaron a El Salvador para la inauguración, evento que muchos en El Salvador llaman ahora la formalización del gobierno de facto. El medio de comunicación salvadoreño El Faro ha informado que el gobierno de Bukele contrató a grupos de presión que hicieron cabildeo en algunas de estas mismas oficinas del Congreso, así como en destacadas voces conservadoras de Estados Unidos. La información sobre la fuente de financiación externa de los viajes de los miembros del caucus no está inmediatamente disponible; las bases de datos públicas de la Cámara de Representantes y del Senado que enumeran las declaraciones de viajes patrocinados por fuentes privadas no muestran ningún registro.
Poco después de su elección en febrero, Bukele viajó a Washington para intervenir en un encuentro de extrema derecha, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Semanas después, el senador republicano Marco Rubio, vocal del subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, visitó a Bukele en San Salvador y publicó un artículo de opinión en el que elogiaba al presidente y pedía un aumento del comercio entre ambos países.
La propaganda antiinmigrante eclipsa las violaciones de los derechos humanos
El caucus se lanzó en el contexto de la publicación de informes condenatorios sobre abusos generalizados y sistemáticos a los derechos humanos cometidos bajo el régimen de excepción en El Salvador, incluidos verificados crímenes de lesa humanidad. Según un informe del 10 de julio de la organización salvadoreña de derechos humanos Cristosal, “Dos años después de lo que se suponía que era una medida de emergencia temporal... al menos 265 personas han muerto bajo custodia del Estado [incluidos cuatro bebés]”. Cristosal presenta pruebas de “detenciones arbitrarias, torturas y muertes que plantean serias preocupaciones sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado salvadoreño”. Un informe de Human Rights Watch del 16 de julio destaca la difícil situación de los niños detenidos, que “a menudo se han enfrentado al hacinamiento, la falta de alimentos adecuados y atención médica, y la denegación de acceso a sus abogados y familiares”.
Otra historia que recientemente dominó las noticias en El Salvador fue el testimonio de Fidel Zavala, empresario detenido durante 13 meses por acusaciones de fraude, de las que fue absuelto. Tras su liberación, describió la tortura sistemática de la que fue testigo en prisión, incluidas muchas muertes bajo custodia estatal. El 17 de julio, abogados de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) acompañaron a Zavala a presentar una denuncia inédita ante la Fiscalía General contra el director general de centros penales, Osiris Luna.
Días después, Gaetz y tres colegas republicanos miembros del Caucus sobre El Salvador viajaron al país para reunirse con Bukele, celebrando las mismas políticas que condujeron a estos abusos. Durante esa visita, el grupo se reunió con el ministro de Justicia, quien también es objeto de una denuncia legal presentada por UNIDEHC, así como con representantes de la Policía Nacional Civil. También recorrieron el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión construida durante el primer mandato de Bukele.
La prisión, que según el gobierno puede albergar hasta 40.000 reos, se ha convertido en uno de los pilares de los vídeos propagandísticos de Bukele en los que promociona el régimen de excepción. El gobierno ha informado de más de 80.000 detenciones en virtud de la medida, la cual permite arrestos sin orden judicial, a menudo llevados a cabo a través de denuncias anónimas y a discreción de la policía y el ejército. Como resultado, El Salvador tiene ahora la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Casi 2 por ciento de la población adulta está encarcelada, y decenas de miles de personas aún no han sido juzgadas. Durante la visita, Gaetz, vestido de negro y con gafas de sol negras, señaló las celdas superpobladas de la prisión, cada una con un guardia armado en la puerta, mientras elogiaba las políticas de encarcelamiento de Bukele.
Esta visita al CECOT también tuvo lugar días después de que el candidato presidencial republicano Donald Trump puso en duda el éxito del régimen de excepción de Bukele en su discurso en la Convención Nacional Republicana, acusándole de reducir la delincuencia en El Salvador mediante el “envío de delincuentes” a Estados Unidos. El pánico moral ante los pandilleros que huyen del régimen de excepción de Bukele no es nuevo; políticos del propio partido de Bukele han ofrecido un mensaje antiinmigrante similar. Gaetz, sin embargo, elogió la política de encarcelamiento masivo de Bukele con su propio fervor antiinmigrante, afirmando que “mucha de la gente que está [entre rejas] habría encontrado la forma de llegar a Estados Unidos y hacer daño a los estadounidenses”
Contrariamente a lo que sugiere Gaetz, la migración desde El Salvador ha continuado bajo el mandato de Bukele, impulsada por una economía en crisis y agravada por la constante amenaza de detenciones arbitrarias. También se ha producido un drástico aumento de la persecución política. Según la experta salvadoreña en derechos humanos Celia Medrano, "el desplazamiento interno y la migración forzada están aumentando significativamente en número, con personas que salen del país solicitando asilo y refugio, alegando que huyen de la violencia estatal llevada a cabo por policías y militares". Entre el creciente número de peticiones de asilo presentadas por salvadoreños en todo el mundo, hay muchos ejemplos de periodistas de la oposición, activistas y líderes comunitarios y políticos que ahora viven en el exilio.
Llamamiento al Departamento de Estado
El 17 de agosto, Bukele publicó un vídeo de la visita de otro influyente actor de la derecha estadounidense en la política internacional: Erik Prince, el fundador del infame grupo mercenario Blackwater. En el vídeo editado, de 48 segundos de duración, Prince menciona haber visto a Bukele hablar en la CPAC y lo impresionado que quedó con su visita al CECOT. Aunque el propósito de la visita de Prince sigue poco claro, el video resalta la decepción de Prince por la alerta de viaje del Departamento de Estado.
La alerta “Nivel 3: Reconsiderar viajar” del Departamento de Estado entró en vigor el 17 de julio de 2023, rebajando a El Salvador de la designación “Nivel 4: No viajar”, aplicada a la mayoría de países en el momento más grave de la pandemia de Covid-19. La justificación de la asignación de Nivel 3 señala claramente las políticas de Bukele: “El régimen de excepción otorga a las autoridades el poder de detener a cualquier sospechoso de actividades pandilleriles y suspende varios derechos constitucionales, incluidas las protecciones normales del procedimiento penal, como el derecho a un juicio rápido. Las condiciones penitenciarias son duras. Varios ciudadanos estadounidenses y extranjeros han sido detenidos en virtud del régimen de excepción, algunos de ellos de forma arbitraria.”
Es probable que la advertencia sea una espina clavada para Bukele, exponiendo una contradicción en la posición del gobierno que muchos movimientos sociales en El Salvador han estado denunciando durante la mayor parte de los 29 meses (y contando los días) desde que se anunció la “medida de emergencia”. En palabras de Samuel Ramírez del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR): “Según Nayib Bukele, El Salvador es el país más seguro del mundo. Entonces, ¿por qué continuar con un régimen de excepción?”
La advertencia de viaje es posiblemente el único cambio de política visible que el Departamento de Estado ha implementado en respuesta a la contínua detención de decenas de miles de salvadoreños. Como se indica en el texto de la alerta, también ha habido ciudadanos estadounidenses encarcelados sin el debido proceso en El Salvador. Aunque no se dispone de cifras, los expertos afirman que es probable que el número sea elevado. Las historias de personas como Walter Huete han salido a la luz en gran medida gracias al testimonio de sus familiares. Huete, nacido en California y criado en Virginia, fue detenido en abril de 2023 mientras acompañaba a su hijastra a una visita consular en El Salvador. Más de un año después, su esposa e hijos en Virginia siguen exigiendo su liberación.
La eliminación de la alerta de viaje, por lo que Prince y el Caucus de El Salvador abogan, además de darle la razón a Bukele, equivaldría a ignorar las condiciones represivas que detalla la alerta actual, condiciones que siguen vigentes. También podría afectar a los salvadoreños que buscan asilo en Estados Unidos al negar los peligros de la vida bajo el gobierno de Bukele. Este tipo de avisos suelen incluirse en los casos de asilo para demostrar el reconocimiento oficial del gobierno estadounidense de las condiciones que obligan a las personas a huir de sus países de origen.
Incluso si sus llamados no son un intento intencional de restringir los casos de asilo de los salvadoreños, dadas las opiniones antiinmigrantes de muchos en el Caucus sobre El Salvador, sus miembros probablemente le darían la bienvenida a este resultado. En 2018, Gaetz defendió los infames comentarios de Trump sobre los "países de mierda" y difundió teorías conspirativas que afirmaban que George Soros estaba financiando las caravanas de migrantes centroamericanos. También ayudó a difundir la llamada teoría de la conspiración supremacista blanca del “gran reemplazo,” teoría que los perpetradores de tiroteos masivos en Buffalo, El Paso y Pittsburgh invocaron como justificación para sus asesinatos de personas negras, latinas y judías.
Otra miembra del caucus, Lauren Boebert (republicana de Colorado), también ha propagado conspiraciones contra los inmigrantes. En marzo, presentó la Ley para Construir el Muro y Deportarlos a Todos, que criminalizaría a las ciudades santuario y pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Mientras tanto, Cory Mills (republicano de Florida), cuya incorporación al caucus fue aclamada por Bukele como “badass”, ha pedido una moratoria de la inmigración a nivel nacional.
El primer acto del Caucus sobre El Salvador, solicitar la revocación de la alerta de viaje del Departamento de Estado, sigue una serie de políticas contradictorias del gobierno estadounidense. Dichas políticas apoyan a gobiernos de derecha que fomentan la pobreza mediante la privatización, la corrupción, la concentración de la riqueza y el desmantelamiento de los servicios sociales, al mismo tiempo que crean nuevos mercados para los intereses empresariales estadounidenses y sus aliados globales. Cuando estas políticas contribuyen al aumento de la migración a Estados Unidos, los republicanos fingen indignación como una forma de llamado reaccionario a la clase trabajadora estadounidense, y los demócratas corren por ofrecer las mismas políticas neoliberales fracasadas como "soluciones".
A medida que aumentan los informes sobre abusos contra los derechos humanos, el deterioro de las instituciones democráticas y los ataques contra el derecho a organizarse, el Caucus sobre El Salvador ha asumido la tarea de encubrir la brutalidad del gobierno de Bukele. Pero los miembros del Congreso y del gobierno de Biden que deciden mantener el apoyo estadounidense al régimen autoritario de Bukele también son responsables de la represión y la criminalización de las poblaciones marginadas y los movimientos populares en El Salvador.
El Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) es una organización de solidaridad de base que apoya la lucha del pueblo salvadoreño por la justicia social y económica desde 1980.
