En Perú, doce días de fuertes protestas ciudadanas que exigen nuevas elecciones generales, cierre del Congreso y renuncia de la presidenta han enfrentado una fuerte represión policial y militar a la que apeló el gobierno de Dina Boluarte. Según cifras oficiales, se ha dejado como lamentable resultado la muerte de 25 personas y 76 hospitalizados, según cifras oficiales, en su mayoría jóvenes provenientes de las regiones más pobres del sur andino.
En este proceso se ha identificado distintas vulneraciones a los derechos humanos como: uso de munición prohibida y armas de fuego contra civiles, disparo de bombas lacrimógenas al cuerpo, detenciones arbitrarias, infiltración de policías encubiertos en las manifestaciones, adjudicación de pruebas incriminatorias, entre otras.
La convulsión se inició la mañana del 7 de diciembre, cuando el presidente del Perú, Pedro Castillo, anunciaba en televisión nacional que había decidido “disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, el cual gobernaría mediante decretos-ley hasta que se instaurara un nuevo Congreso. Anunciaba también la reorganización de todo el sistema judicial: Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, Fiscalía de la Nación y Tribunal Constitucional. El presidente había anunciado un autogolpe.
¿Qué pudo haber llevado al presidente Castillo, a tomar tan torpe, inconstitucional y antidemocrática decisión?
El día anterior al autogolpe, Salatiel Marrufo, cercano colaborador del presidente Castillo, declaraba ante la Fiscalía una serie de sobornos que involucraban directamente al mandatario. Marrufo, ex asesor del Ministerio de Vivienda, mencionó que se le entregaba fuertes sumas de dinero al presidente a través del Ministro de Vivienda. Su declaración involucraba, además, a un periodista, una empresaria y varios congresistas. Señaló tener las evidencias que probarían ello. El presidente negó ser un corrupto.
Tomando conocimiento de ello, el Congreso de la República, a través de la Comisión de Fiscalización, decide recibir el testimonio del ex asesor, la mañana del 7 de diciembre. Marrufo no dudó en reiterar las aseveraciones hechas, añadiendo que había sido parte de actos de corrupción de los cuales se avergonzaba.
Por la tarde, el Congreso de la República pondría a debate el tercer pedido de vacancia presidencial por incapacidad moral. Todo indicaba que la representación parlamentaria no llegaría a completar los 87 votos necesarios para vacar al presidente. Las últimas declaraciones del colaborador eficaz pudieron haber hecho cambiar de opinión a algunos parlamentarios pero aun así no llegarían a cubrir la votación.
Entonces, ¿cuáles eran las opciones que le quedaban al presidente? ¿Arriesgarse a ser vacado por un Congreso impopular y deslegitimado y pasar a la historia como un corrupto más, o cometer una infracción constitucional que lo coloque finalmente, como una víctima del sistema judicial, político y parlamentario?
Primer año de gobierno: nulas reformas
Pedro Castillo, el profesor rural nacido en Cajamarca, se convirtió en Presidente de la República con tan solo 44 mil votos de diferencia de su competidora, Keiko Fujimori. Ganó por el fuerte rechazo que representa el fujimorismo para diversos sectores democráticos de la sociedad peruana y porque, además, supo canalizar las demandas de los sectores sociales más desfavorecidos, discriminados y olvidados del país: campesinos, agricultores, comunidades andinas-indígenas, docentes, obreros, entre otros.
Sus principales propuestas fueron Asamblea Constituyente, Segunda Reforma Agraria, ingreso libre a las universidades, la renegociación de las condiciones tributarias de los proyectos mineros, reforma del sistema privado de pensiones, en lo esencial.
Sin embargo, el balance de su primer año de su gestión, presentaba como grandes logros una permanente crisis política con el Congreso de la República, cuatro carpetas fiscales abiertas (de las 7 que actualmente tiene) por delitos de corrupción, copamiento de las instituciones públicas por parte de amigos y conocidos de sus familiares, así como el encubrimiento de diversos intereses particulares de personajes nefastos a los que consideró como asesores.
Ninguna autocrítica al respecto fue pronunciada durante la presentación de su mensaje a la Nación en el Poder Legislativo al terminar el primer año de su mandato. Ante ello, los parlamentarios de oposición le gritaron: “¡Corrupto, renuncia, fuera!” impidiéndole así, terminar las palabras finales de su discurso. Ninguno de los dos poderes del estado eran conscientes que enfrentaban —prontamente— a un problema mayor: el descontento popular.
Lo cierto es que ante la profunda crisis de régimen que se viene manifestando en Perú, ninguno de los dos poderes estuvo nunca a la altura de las demandas ciudadanas en plena conmemoración del Bicentenario de la República. Ninguno ha sido capaz de presentar soluciones viables ante la crisis institucional, económica, sanitaria y social. Ambos concentraron todos sus esfuerzos en ataques y defensas incansables y pírricas que dejaron de lado, como siempre, las grandes brechas en nuestra sociedad. Ello por supuesto tiene un alto costo democrático que el día de hoy abre una nueva grieta que lamentar.
Dina Boluarte: el inicio de las protestas y la movilización ciudadana
Dina Boluarte, abogada nacida en la región de Apurímac, en la serranía del Perú, postuló como vicepresidenta en las elecciones presidenciales del 2021, y ocupó el cargo desde el 28 de julio de ese año hasta el 7 de diciembre del presente. Durante ese tiempo se desempeñó como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, hasta noviembre de 2022 cuando decide renunciar a conformar el nuevo gabinete que lideraría la premier Betssy Chávez.
Boluarte permaneció en el cargo a pesar de los constantes cambios de ministros y cinco gabinetes. Ella había expresado sus diferencias con el entonces premier, Aníbal Torres y sus incontrolables declaraciones. Boluarte señaló por ejemplo que “no podemos tener expresiones que violenten a la mujer” luego de que Torres acusara a una periodista de ser “mala madre, mala esposa y mala hija”. Boluarte mantenía su distancia de un gobierno y de un presidente al que ofreció irse con él si lo vacaban.
Tras el sorpresivo autogolpe de Estado de Castillo, Boluarte asumió como presidenta de Perú, convirtiéndose en la primera mujer en asumir dicho cargo, bajo el mecanismo de la sucesión constitucional tal y como expresan las normas electorales. Horas antes de su investidura, se pronunció en contra del quiebre constitucional que se había cometido.
Lo primero que solicitó, la ya investida Presidenta de la República, fue una tregua política con el Congreso y poder instalar un gobierno de unidad popular hasta julio del 2026. Con esta última afirmación, Boluarte dejaba atrás la histriónica frase que pronunció ante los pobladores de Puno: “Si al presidente Pedro Castillo lo vacan, yo me voy con él.”
Esa misma noche del 7 de diciembre, empezaron los pronunciamientos en su contra, reclamándole que adelante las elecciones y que cierre el Congreso. Hoy, más que una semana después de asumir el cargo, afronta una gran convulsión social expandida en las principales ciudades del territorio nacional, con más de 13 vías bloqueadas, 4 aeropuertos tomados por la población, 25 personas fallecidas (7 de ellas en tan solo un día), una declaración de estado de emergencia por 30 días en todo el país, indicando que la Policía Nacional tomará el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. Y una propuesta de adelanto de elecciones para el 2024.
Nada de ello, ni el anuncio del adelanto de elecciones ha logrado contener las protestas en Apurímac, Cusco, Arequipa, La Libertad, Ica, Cajamarca, Ayacucho, Loreto, Tacna, Junín, Moquegua y Lima. Son doce días en los que la población le ha pedido el cierre del Congreso, nuevas elecciones generales, creación de una Asamblea Constituyente y algunos sectores piden la liberación del ex presidente Castillo, hoy recluido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) junto al ex presidente y dictador Alberto Fujimori. Y se suma a ello, el pedido de su renuncia.
¿Salida constituyente o conservadora?
Pedro Castillo fue la oportunidad perdida para sentar las bases de salida a una crisis de régimen —una crisis sistémica del modelo neoliberal como forma de gobernanza y ordenamiento social— e iniciar algunas reformas sustanciales para el agro, la educación, la salud, el trabajo e inclusive político-electorales. Con una crisis agrícola y alimentaria a cuestas, no se volvió a preguntar más por el dolor de campesinos y agricultores quienes ven perder cosecha tras cosecha. No se volvió a aplaudir al personal de salud que reclamaba mejores condiciones de trabajo y mejoras salariales. No se volvió a destacar el esfuerzo de decenas de niños que hacían lo imposible por retornar a clases.
En términos más claros y sencillos, Castillo echó por la borda la mejor ocasión para construir un proyecto país que nos permita reconocernos como peruanos en igualdad de condiciones y derechos, una mirada de comunidad que permita aislar el viejo desprecio de nuestras élites al mundo andino-amazónico olvidado en las profundidades de nuestra pobreza y desigualdad. Descartó la posibilidad de una segunda independencia con un nuevo contrato social que permita preparar a diversos liderazgos ante un momento constituyente.
Es cierto que en todo momento enfrentó la oposición de un Congreso que goza del 86 por ciento de desaprobación popular, es cierto que diversos sectores de los medios de comunicación se encargaron de masificar discursos de odio, cargados de racismo, discriminación y burla hacia su origen. Es cierto que enfrentó a diversos sectores desestabilizadores. Pero también es real su responsabilidad por querer gobernar bajo las mismas reglas de sus antecesores: la corrupción.
El justo pedido de una nueva Constitución a cargo de una asamblea constituyente elegida por el pueblo, cuya propuesta de texto constitucional sea sometida a referéndum popular, pasa por la aprobación del Congreso. Y como se ha señalado, las principales fuerzas políticas se han negado rotundamente a dicha medida. Una vía imposible en las actuales condiciones políticas. La izquierda pretende condicionar el adelanto de elecciones a la convocatoria a una asamblea constituyente y la derecha rechaza el adelanto si se incluyen otros pedidos. El mejor ejemplo de incapacidad de gestión de una crisis de la cual todos son parte.
Entonces, estamos frente a un proceso destituyente (varios procesos destituyentes) donde la multiplicidad de actores ha imposibilitado, por un lado, el establecimiento de un diálogo directo con el gobierno y por lo tanto la evidencia de la carencia de mecanismos de inclusión de estos actores sociales que se enfrentan a radicalismos cuyo fin es eliminar todo lo que represente nuestra institucionalidad. Protestan contra el Congreso, contra medios de comunicación, contra el Ministerio Público, porque no se sienten representados en ellos. Se sienten traicionados y esa frustración se entrecruza con otras demandas acumuladas en años. Sienten que sus instituciones no les sirven. El rol de un gobierno democrático es saber identificar la composición social de estas protestas, brindarles nuevos mecanismos de inclusión y diálogo, y evitar que sus justas demandas sean opacadas por mafias, violentistas y oportunistas.
Al 19 de diciembre, el gobierno de la Presidenta Boluarte había dictado toque de queda en quince provincias del país para así frenar las fuertes protestas ciudadanas. Por el lado del Congreso, se inició el debate del proyecto de adelanto de elecciones al 2024 sustentado por el Ministro de Justicia del gabinete Boluarte. Así mismo, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado público al cese de uso de armas y del uso desproporcionado de la fuerza, en clara alusión al quebrantamiento de derechos humanos y civiles de la población. Al ex presidente Castillo, le han dictado 18 meses de prisión preventiva. Y se han intervenido locales partidarios y civiles donde pernoctaban delegaciones de provincia.
¿Cómo explicarle todo esto a un país que, se supone, vive en democracia?
La crisis escala, las escasas ventanas de diálogo se cierran. Ahora la demanda es que la Presidenta Boluarte y el Congreso, se vayan pronto.
Alejandra Dinegro Martínez es socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), egresada de la Maestría en Política Social. Es articulista y analista con experiencia en gestión pública y ex Secretaria Nacional de la Juventud.
