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Ha ocho meses de iniciado el gobierno de Pedro Castillo quien ganó las elecciones en el 2021, lo que significó en un momento—un símbolo de transformación y esperanza—hoy es posiblemente una pesadilla. El sueño de tener un gobierno que inicie o siente las bases para un proceso de transformación estructural, parece inalcanzable. Lo que resulta ser un duro golpe al sector político de la izquierda, como al de sus propios electores que comparten orígenes, idiosincrasia, prácticas culturales, y luchas comunes con el hoy Presidente de la República.
Como lo he mencionado anteriormente, el proceso electoral que llevó a la segunda vuelta a Keiko Fujimori, la líder del cuestionado partido fujimorista y a Castillo, candidato por el también cuestionado partido político Perú Libre, evidenció la urgente necesidad de atender demandas históricas solicitadas durante décadas por campesinos, agricultores, docentes, trabajadores en general, y comunidades indígenas.
Y también evidenció un sector opositor de características antidemocráticas, conservadoras, y con tendencia a simpatizar con actitudes fascistas que durante todos estos meses sólo se ha dedicado a presentar—a través del Congreso de la República—dos mociones de vacancia presidencial, sin éxito alguno. Y la conformación de una Comisión Investigadora de un supuesto fraude electoral, que solo ha provocado un gasto innecesario y opulento de 150 mil soles (un poco más de 40 mil dólares) en tan solo cuatro meses de su existencia. Lo que le ha valido al Congreso, obtener el 79 por ciento de desaprobación.
La oposición insiste en la vacancia presidencial como un instrumento de control político que pretende desconocer la institucionalidad de las elecciones democráticas expresadas a través del voto popular. Adoptando así, una posición golpista y no conciliadora o propositiva.
Pues bien, el primer gabinete de Pedro Castillo, liderado por el congresista del partido oficialista Guido Bellido como Premier, inició con la incertidumbre de no estar completo. Los Ministerios de Economía y Justicia juramentaron un día posterior a la ceremonia oficial. El Premier Bellido se vio envuelto en controversias sobre comentarios que en su momento emitió a través de sus redes sociales de contenido homofóbico, machista, y poco democrático, además de ser un hombre de confianza de Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre.
El presidente Castillo ubicó entre los principales ministerios—Economía, Salud, Mujer, Relaciones Exteriores, Agricultura y Comercio Exterior—a representantes de sus aliados políticos de izquierda que se sumaron a apoyarlo en la segunda vuelta, provenientes principalmente de las agrupaciones políticas Nuevo Perú y Juntos por el Perú. El mensaje a la ciudadanía era llevar a cabo el Plan Bicentenario en los primeros 100 días de su gobierno. Más que un documento era una señal de compromiso y recogía los aportes de especialistas y técnicos profesionales independientes.
El Plan pretendía responder a la necesidad de solucionar los problemas inmediatos que atraviesa el país en los temas de salud, educación, trabajo y economía. Sin embargo, los primeros 100 días estuvieron marcados por errores y débiles enmiendas. El estilo confrontacional del Premier Bellido provocó que el tipo de cambio del dólar subiese, depreciando la moneda nacional. Lo que era aprovechado por la oposición.
A inicios de octubre del 2021, el presidente le pidió la renuncia a su Premier, lo que provocó una nueva crisis política y esta vez con el partido político que lo llevó al Palacio de Gobierno. El líder de Perú Libre se enfrascó (y sigue) en una persecución permanente contra quienes él denomina el sector de los “caviares”, avalando así un calificativo peyorativo que es también empleado por sus detractores políticos. Un sinsentido.
Un dato importante que permite ir analizando la dimensión de la debilidad del Gobierno es que en los primeros 100 días se haya tenido que cambiar a nueve ministros y que su gabinete haya sido reformado dos veces. Los cambios que se daban en medio de una posible ruptura con el sector fuertemente vinculado al líder del partido, Perú Libre. Ninguna gestión pública se sostiene con tantos cambios.
En términos de gestión y política pública las principales acciones fueron: renegociar el contrato del Gas de Camisea; bono económico “Yanapay” focalizado para 13 millones de personas; se pasó del 15 por ciento al 60 por ciento de la población objetivo vacunada; lanzamiento de la Segunda Reforma Agraria; pago de la deuda social de los maestros, se derogó la suspensión perfecta de labores que afectaba a miles de trabajadores, se creó el programa nacional “Mujeres Emprendedoras”; la aprobación de la ley para la niñez en situación de orfandad; y un nuevo enfoque preventivo para abordar los conflictos sociales, con una estrategia multisectorial.
Ante la nueva reestructuración de su gabinete, asume el premierato la abogada también cajamarquina, Mirtha Vásquez, quien había tenido un rol destacable como Presidenta del Congreso de la República y que cuenta con una trayectoria profesional pro defensa de los derechos ambientales y campesinos. Con un perfil más dialogante, el gobierno parecía tomar un rumbo.
Este nuevo gabinete pasó a tener cinco mujeres en lugar de tan solo dos. Sin embargo, para la bancada de Perú Libre, este cambio fue interpretado como “traición” y se mostró públicamente en contra. El Congreso le otorgó la confianza al Gabinete con tan solo 68 votos a favor, evidenciando 19 votos en contra de la Bancada Perú Libre, como protesta. Paradójicamente, no se han hecho problemas en votar conjuntamente con bancadas opositoras de la reforma universitaria, derechos sexuales y reproductivos, y reforma electoral. Bancadas que piden la renuncia del Presidente.
Tras casi cuatro meses de su designación, el 31 de enero de 2022, la Premier Vásquez presenta su carta de renuncia. Entre uno de sus motivos, destacó la imposibilidad de lograr consenso en beneficio del país y señaló, además, posibles actos de corrupción o irregularidades cometidas por funcionarios del más alto nivel. La crisis al interior del gabinete se profundizó ante la salida del ministro del Interior, el fiscal Avelino Guillén quien solicitó el cambio del director de la Policía Nacional del Perú. El presidente simplemente no lo respaldó.
El desgobierno se agudizaba y las herramientas para enfrentarlas parecen ser las prebendas políticas y una guerra declarada a la meritocracia e idoneidad en el servicio público. El 2 de abril juramentó un nuevo jefe de gabinete, el mismo que tuvo que renunciar a las 72 horas luego de hacerse público que fue denunciado por ejercer violencia familiar contra su difunta esposa y su hija. Es ahí cuando se empiezan a manifestar con mayor claridad, acciones de movilización ciudadana por los cambios ofrecidos en campaña y que las designaciones realizadas no representaban esas demandas de cambio. El presidente estaba siendo advertido.
Tras esa vergonzosa designación, se nombra al cuarto premier: Aníbal Torres, también de Cajamarca y entonces ministro de Justicia. El nuevo gabinete estaba bajo la lupa. Se volvía a retroceder en la presencia de mujeres designadas y se abrió la puerta a ministros con estrechos vínculos con el Secretario General de Perú Libre, además de carecer con los perfiles calificados. Su aliado político, Nuevo Perú quedaba fuera.
Este gabinete expresaba una recomposición de fuerzas y alianzas políticas que permita enfrentar cualquier intento de vacancia o censura de ministros. El gobierno nuevamente adoptaba una actitud defensiva sin concretar los cambios prometidos. El Congreso no tardó en censurar al ministro de Salud (vinculado a Perú Libre), un médico seriamente cuestionado por su capacidad profesional. La columna se escribe mientras aún no juramenta un nuevo ministro/a.
Finalmente, desde el lunes 28 de marzo los gremios de transportistas de carga iniciaron un paro indefinido en Junín, Arequipa, Cusco, Puno, Áncash, Piura, Apurímac y Ayacucho principalmente. Sus principales demandas eran el diálogo con las autoridades del gobierno central ante el alza del combustible, los pagos a los peajes y el alza de precios de los principales alimentos. Al sexto día estalla en Junín la primera protesta regional que pone en jaque al gobierno de Pedro Castillo. Esta vez no era solo el gremio de transportistas, sino agricultores que demandaban subsidios ante el alza del costo de los fertilizantes. Todos exigían la presencia del presidente.
Al cierre de esta columna, el gremio de transportistas le ha dado cinco días de tregua al gobierno para empezar a solucionar sus demandas. Se contabiliza cinco fallecidos y decenas de heridos. El presidente participó de una sesión descentralizada junto a su gabinete de ministros, el 7 de abril en Junín. Consecuencia de ello, se anunció—vía proyecto de ley—reducir impuestos y exonerarlos, a combustibles y grupo de alimentos, respectivamente. Así como reducir los sueldos del presidente y ministros. También se aumentó el salario mínimo.
En medio de despidos y cambios de funcionarios públicos calificados que vienen siendo reemplazados por militantes o simpatizantes, se ha producido un nuevo escenario de crisis que puede ser una oportunidad para que el presidente Castillo impulse transformaciones de fondo involucrando a la población organizada, haciendo la diferencia con gobiernos anteriores que han conducido al Perú, a la crisis actual. ¿Habrá voluntad ahora?
Alejandra Dinegro Martínez es socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), egresada de la Maestría en Política Social. Es articulista y analista con experiencia en gestión pública y ex Secretaria Nacional de la Juventud.
