Read this article in English.
Alrededor de 40 presos políticos fueron presentados de dos en dos, de tres en tres, a lo largo del mes de febrero de 2022 ante los tribunales del poder judicial. Son entidades que Ortega controla sin margen para otras voluntades, sin diques constitucionales y sin las trabas que le pone todo el cuerpo legislativo que existe desde antes de su mandato. Para repartir condenas de ocho a trece años, los jueces echan mano de la ley de regulación contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, la ley de soberanía, la de ciberdelitos y la de regulación de agentes extranjeros, instrumentos legales forjados en hierro y aprobados mediante trámites expeditos entre agosto de 2019 y diciembre de 2020.
La represión se viste de toga para legitimar la criminalización de la disidencia política. Los más conspicuos entre los indiciados son dos líderes campesinos del movimiento anticanal, siete candidatos presidenciales, tres exembajadores, dos exviceministros, un excanciller, dos dirigentes de un movimiento estudiantil, cinco dirigentes políticos del partido UNAMOS (Unión Democrática Renovadora, antes conocido como Movimiento de Renovación Sandinista, una escisión del FSLN que Ortega fustiga con encarnizamiento), el director del diario La Prensa y el del canal de televisión 100% Noticias, un banquero, tres directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y el general y combatiente histórico Hugo Torres, que falleció en prisión el 12 de febrero. Pero el grupo de las víctimas es tan variado que cualquier nicaragüense de la oposición podría haber sido incluido, pues abarca a un cronista deportivo tuitero, campesinos, activistas y contadores de ONGs, administradores de páginas populares de las redes sociales, y opinadores políticos.
Fueron capturados a partir de junio de 2021, pocos meses antes de las elecciones de noviembre, en las que Daniel Ortega se entronizó para un cuarto período presidencial consecutivo. Después de su nueva juramentación en enero, febrero debía haber sido un mes de celebración para Ortega, afianzado sobre una policía incrementada y una población amedrentada. Por el contrario, fue el mes en que, mediante el mazo judicial, envió un mensaje de absoluta intolerancia del disenso. Los juicios no han sido públicos y están a años luz de respetar el debido proceso: se efectúan en la cárcel de Auxilio Judicial conocida como “el Nuevo Chipote”, los policías comparecen como testigos a sueldo, los fiscales presentan pruebas que se reducen a mensajes por WhatsApp y tuits, o perfiles en redes sociales, presuntamente creados por personas que ni siquiera poseen smartphones o computadoras, como el campesino Santos Camilo Bellorín.
Los presos languidecen y acumulan secuelas que los acompañarán el resto de sus vidas, que acaso serán menguadas y penosas por ese período de incierta y desgastante duración. Sobreviven sin sábanas que los protejan de las frías madrugadas, sin colchonetas que les amortigüen el duro cemento, sin visitas familiares regulares que los consuelen, con el bombillo de la luz eléctrica encendido día y noche. Están sometidos a interrogatorios en cualquier momento del día o la noche, y tienen una magra alimentación que a unos les ha llevado a perder 90 libras de peso y a otros los ha dejado en los huesos. Las dirigentes del partido UNAMOS están confinadas en total aislamiento. Contra ellas se han ensañado los cancerberos porque Ortega estima que son su competencia en la misma cantera electoral y porque su feminismo impugna puntos sensibles de la agenda conservadora del régimen.
Alrededor de la mitad de los presos tienen más de 60 años. Dos rondan los 80. El sistema penal nicaragüense reconoce la posibilidad de purgar la pena en prisión domiciliar para personas de avanzada edad y con padecimientos crónicos. Los jueces sólo concedieron ese beneficio a cinco de los prisioneros, y únicamente después de que el exgeneral Hugo Torres muriera debido a las condiciones infrahumanas de su confinamiento. Torres encabezó un comando guerrillero que, mediante el secuestro de un grupo de connotados somocistas en la navidad de 1974, liberó a Daniel Ortega y a otros militantes del FSLN de la prisión en que estaban. En alusión a este hecho circularon memes virales donde se denunciaba que el dictador asesinó a su liberador.
La mayor parte de los presos ya recibieron sus sentencias, generalmente por “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Más de 30 acusados han sido condenados apelando a la ley de ciberdelitos, imputándoseles conspiración y propagación de noticias falsas. El joven de 25 años Yoel Sandino Ibarra fue sentenciado a 12 años de prisión por crear en Facebook la página Mentes Libres y decir ahí que “siete son los precandidatos presidenciales que Daniel Ortega encarceló ilegalmente por miedo a perder contra alguno de ellos”. Esas siete personas que aspiraron a la presidencia en 2021 ya fueron condenadas. Los últimos fueron Cristiana Chamorro y Juan Lorenzo Holmann Chamorro, cuyas sentencias fueron diferidas para cerrar la cadena de juicios con un golpe escénico final contra la familia Chamorro y el diario La Prensa.
Los juicios se desarrollaron a puerta cerrada, tras los barrotes del Nuevo Chipote. Pero Ortega no ha tenido problema alguno con la filtración de los relatos que describen las sesiones. Los necesita para expandir el terror. Forman parte del funcionamiento del sistema que instauró después de sofocar la rebelión de abril de 2018. No importa que la balanza de la justicia esté ostensiblemente inclinada. Lo legal solo acompaña a la bayoneta y por eso las leyes se van acomodando a la expansión del área de comportamientos criminalizados. Las pruebas se fabrican y los fiscales disponen de un inmenso ejército de reserva de testigos entre los policías y otros empleados públicos. La arbitrariedad también forma parte de la campaña para diseminar el miedo. Quizás también lo forme el hecho de que las leyes que sirven de soporte a las sentencias hayan sido inspiradas en leyes de la Federación Rusa. La ley de regulación de agentes extranjeros apareció casi simultáneamente en Nicaragua y en Rusia. La ley de ciberdelitos está inspirada en la ley “Internet soberana”, aunque sin la pretensión—por el momento—de desconectar al país entero.
Un Nuevo Orden en Nicaragua
Ortega ha venido construyendo un relato autojustificatorio del cual extrae fuerza para compensar su decreciente popularidad, posiblemente nunca superior al histórico 38 por ciento y ahora más próxima al 20 por ciento. Sus discursos revivifican las dicotomías de la Guerra Fría. Y aunque la Federación Rusa no sea la URSS ni Putin se haya declarado comunista—ni siquiera socialista—Ortega gravita hacia un oriente donde cree vislumbrar un sol rojo. Hay cierta sintonía, pero por razones que están lejos del espectro ideológico de la izquierda: comparte los mismos conservadurismos de Putin y por idénticas razones. El feminismo les repele, el estado de derecho les estorba, la libertad de expresión los irrita.
La ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán, seguida ipso facto de la apertura de las relaciones con la República Popular de China, forma parte del relato de una Nicaragua ferozmente opuesta a los dictados de Washington y alineada con sus rivales militares, políticos, y comerciales. Al cuadrarse ante Putin y Xi Jinping, el FSLN busca una tabla de salvación financiera alternativa a los organismos financieros multilaterales cuyas arcas la ley RENACER le niega. Ortega quiere distinguirse de la que posiblemente califica como izquierda blanda latinoamericana. Y se suma a los tipos duros que no hacen concesiones a la democracia. Hasta el momento, las relaciones comerciales y la ayuda de esos colosos, Rusia y China, no han sido nada significativas. Pero el ingreso en ese club, así sea como un socio minúsculo, añade un capítulo y le da lustre y verosimilitud al relato de un gobierno que se bate contra el imperio del norte.
Otro capítulo de esa tragicomedia fue la expulsión de la delegación de la OEA en Nicaragua y la ocupación policial de su sede en Managua el domingo 24 de abril. No mucho tiempo atrás, Rosario Murillo saludaba las visitas del Secretario General de la OEA Luis Almagro como parte del “modelo [con el] que nos hemos comprometido, y nos seguimos comprometiendo todos los días. Un modelo de diálogo, respetuoso, constructivo, de Alianzas, de Consensos, que aplicamos cada día”, según consta en El 19 Digital. Pero las presiones crecientes de la OEA por el irrespeto a los derechos humanos fueron disgustando al régimen de Ortega hasta provocar, en el cuarto aniversario de la rebelión de abril de 2018, una dramática ruptura, cuyos motivos oficiales fueron dados a conocer por el Canciller Denis Moncada: “El Pueblo y Gobierno de Nicaragua hemos denunciado y continuamos denunciando, la condición vergonzosa de uno de los Instrumentos Políticos de intervención y dominación del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, llamado equívoca y falazmente, Organización de los Estados Americanos… hemos desconocido y desconocemos este Instrumento de Administración Colonial…No tendremos presencia en ninguna de las Instancias de ese diabólico Instrumento del mal llamada OEA… Tampoco tendrá este infame Organismo, en consecuencia, Oficinas en nuestro País. Su sede local ha sido cerrada.” Con ese colorido discurso, el Canciller canceló el viejo modelo de alianzas y diálogo. Lo hizo un mes después de que su embajador en la OEA Arturo McFields renunciara a su cargo con una declaración preñada de denuncias contra el régimen al que hasta entonces representó. El Canciller Moncada anunció la expulsión de la OEA con la esperanza puesta en nuevas alianzas, en un viraje hacia el Este. Pero ese giro, habida cuenta el historial de sometimiento de Ortega a los intereses de Washington durante más de una década, parece un eco de la exclamación de la zorra de Esopo que no puedo alcanzar las uvas tras denodados intentos: “Al fin y al cabo estaban verdes.”
En ese relato encajan los presos políticos. Son los agentes del imperio a los que está castigando porque les atribuye las sanciones que el gobierno estadounidense y la Unión Europea han aplicado a la cúpula orteguista y algunas instituciones en Nicaragua. No pocos analistas especulan que espera servirse de ellas y ellos cuando se siente a negociar con el poder imperial. Serían rehenes a intercambiar. Pero los presos de momento tienen otra función: muestran el rostro pétreo de la represión, envían el mensaje de que un nuevo orden se está instaurando, uno en el cual las consideraciones humanitarias no tienen cabida, los rivales políticos son enemigos a muerte, las sedes de las ONGs y de los medios de comunicación son confiscadas después de cancelarle sus personerías jurídicas, las universidades les son arrebatadas a sus fundadores y puestas en manos de la cúpula sandinista, el disenso es punible, la arbitrariedad es cotidiana, las decisiones están centralizadas, y la protección que brindaban las leyes salió por la misma puerta por la que ingresaron los fusiles.
Esa narrativa tiene una interesante fisura. Putin envió a Nicaragua, en visita fugaz pero justo el mismo día de la invasión a Ucrania, al presidente de la Duma Estatal—Cámara Baja del Parlamento—de Rusia, Vyacheslav Volodinm, y le pidió a su embajador en Managua que reforzara ante la Asamblea Nacional de Nicaragua las justificaciones que ya había vertido el congresista. Sin embargo, Ortega no le dio su apoyo a la Federación Rusa cuando en la Asamblea General de la ONU se abstuvo de sumarse a los cinco países que rechazaron la condena de ese organismo a la invasión de Putin. Este puede ser un síntoma de que Rusia no ha sido convincente como socio, pero también de que Ortega sabe que seguirá batallando en un área donde el imperio estadounidense se impone y por eso eludió justificar con su voto una invasión “allá” que le diera patente de corso a una invasión “acá”. El relato no se caerá por este desliz, pero muestra que Ortega seguirá enfrentando dificultades para hacerlo consistente y cosechar esa suerte de legitimidad que proviene de la propia coherencia.
La debilidad más palmaria de su coherencia es la pretensión de encarnar la continuidad de la revolución sandinista y al mismo tiempo reprimir a sus antiguos compañeros de armas y gabinete, y a sus descendientes. El régimen se ha encarnizado contra las mujeres de UNAMOS por las razones ya expuestas y también porque son las que más lejos están de doblegarse. Pinita Gurdián, madre y abuela de dos presas políticas que militan en UNAMOS, libra una lucha simultánea contra el cáncer y la dictadura. Es viuda de Miguel Ernesto Vijil, quien fuera ministro de Vivienda en la década de los ochenta. El régimen le impuso restricción migratoria al decomisar su pasaporte cuando ella intentó hace un año viajar a Costa Rica para recibir el tratamiento médico prescrito para su dolencia. Pero ese intento de reducirla no impide que después de cada una de las visitas al nuevo Chipote, por motivación propia y por encargo de sus seres queridos en cautiverio, se convierta en vocera de sus palabras de desafío, lanzadas al mundo en videos que se han hecho virales y recorren las redes sociales como una corriente eléctrica revitalizadora. Su última visita la hizo el 18 de marzo, después de cincuenta y cinco días sin ningún contacto. En el video que hizo tras ese breve encuentro, nos dice: “Vi a mi hija firme y lúcida, dulce y cálida, como siempre ha sido. Ana Margarita, a pesar de las condiciones de tortura en que la mantienen, está sin ninguna gota de rencor o amargura, llena de amor, pensando en los y las demás, y enviando mensajes cariñosos. Desde su detención ilegal la han mantenido encerrada en una celda, aislada e incomunicada. Continúa teniendo gastritis y reflujos (…). Está llena de esperanza y fe a pesar de la farsa judicial absurda e ilegal a que fue sometida. Ana Margarita me pidió transmitir el siguiente mensaje a toda la ciudadanía de Nicaragua y la comunidad internacional: Aquí sigo firme y digna, sabiendo que me han condenado por defender derechos. Han violentado todos mis derechos. Tengo más de nueve meses [de estar] aislada e incomunicada en condiciones deplorables e inhumanas, igual que todas las personas presas políticas. He sido sometida a un juicio ilegal en que se incumplieron todas las leyes y no se comprobó ningún delito. Hace un mes murió mi amigo, hermano y maestro Hugo Torres. Fue un golpe demoledor para mí. Hugo fue un hombre extraordinario. Quiero que sepan que honramos su vida y el trabajo que hizo mientras vivió, que continuaremos su legado, su digna resistencia y su lucha por la libertad, la justicia y la democracia en Nicaragua. Quiero decirles que, aunque sabíamos que nos castigarían por ello, gritamos su nombre en nuestras celdas cuando supimos de su muerte. Su nombre retumbó en El Chipote: Hugo Torres… ¡presente, presente, presente!”
En virtud de esa tenacidad, esa prisión se ha convertido en un campo de batalla donde se enfrentan la dignidad contra la infamia, las bocas que besan y hablan contra las lenguas relucientes de las bayonetas, la verdad de una Nicaragua oprimida contra la patraña del “vivir bonito”, la Nicaragua del futuro contra los órganos vestigiales de varias dictaduras.
José Luis Rocha es un periodista, escritor y sociólogo nicaragüense, investigador asociado de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" de El Salvador.
