En el Centro de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva, Morada Violeta, ubicado en la Ciudad de México, las parteras son vistas como defensoras de los derechos y la autonomía de las mujeres y personas de géneros expansivos. Ofrecen una atención personalizada y politizada, basada en un enfoque feminista que reconoce las dinámicas espirituales, emocionales, sociales, y físicas multifacéticas del embarazo y el parto. “Nuestro modelo se basa en reflexionar cómo impacta el sistema de opresión en las mujeres y en la atención a su salud”, se lee en el sitio web del centro. “Entendemos que las mujeres son diversas y las acompañamos adaptándonos a sus necesidades y decisiones”.
Hannah Borboleta es partera y fundadora de Morada Violeta. Ella cuenta que inició el Centro con el propósito de crear un espacio donde las cuidadoras dedicaran tiempo suficiente a atender las necesidades de cada persona con dignidad, como parte de un movimiento más amplio hacia la liberación de las mujeres. “Ofrecemos consultas gratuitas a mujeres defensoras, buscadoras, mamas de víctimas de feminicidio, mujeres que acompañan abortos y mujeres en situaciones de migración”, explica Borboleta.
Una activista describió su consulta gineco-holística gratuita en Morada Violeta: “Las Parteras lo hacen un lugar seguro con trato personalizado, respuestas claras a tus preguntas, respeto a tus decisiones y acompañamiento que ayuda a transitar de una manera amorosa por procesos emocionales y de salud. Siento que fue un proceso muy reparador después de haber vivido violencia obstétrica y violencia por parte del sector médico tradicional”.
Las parteras están a la vanguardia en la provisión de atención personalizada y digna en salud reproductiva. Sin embargo, su labor y autonomía están en riesgo debido a un proyecto de NOM propuesto por la Secretaría de Salud de México, que busca regular a nivel nacional la atención materna y neonatal.
En 2022, poco menos de 239,000 nacimientos fueron atendidos fuera de un hospital en todo México, muchos de los cuales es probable que hayan sido asistidos por parteras independientes. Las parteras autónomas emplean una mezcla de técnicas de parto y formación médica para acompañar nacimientos y proporcionar anticoncepción y atención ginecológica. Las parteras tradicionales, que operan predominantemente en comunidades rurales, se basan en prácticas arraigadas de la herencia indígena, conectando a las comunidades con antiguos rituales y con la tierra a través del embarazo, el parto y el cuidado postparto.
En julio 2024, la Secretaría de Salud de México publicó el Proyecto de Norma Oficial Mexicana 020. Las regulaciones propuestas ampliarían el acceso a los servicios de parto dentro del sector formal de salud al establecer roles para parteras "profesionales” certificadas por el estado para atender partos de bajo riesgo. Sin embargo, para las parteras que operan fuera del sector de salud, estas regulaciones podrían restringir significativamente su práctica.
Si bien las parteras tradicionales en México han ganado recientemente el derecho de emitir actas de nacimiento, la norma de salud podría dificultar el acceso a actas de nacimiento para las parteras tradicionales no reconocidas por la Secretaría de Salud, lo que constituiría una violación del derecho a la identidad del recién nacido. El proyecto prohíbe que parteras autónomas, como las de Morada Violeta, administren medicamentos para complicaciones del parto, como hemorragias y preeclampsia, dos de las principales causas de mortalidad materna en México. Las estipulaciones propuestas también podrían resultar en el cierre de espacios autónomos de partería existentes y obligar a muchas parteras a dejar de ejercer.
El fortalecimiento de la capacidad de las parteras está directamente relacionado con la mejora de los resultados en salud materna. Los estudios demuestran que la cobertura universal de las intervenciones de partería podría prevenir dos tercios de las muertes maternas y neonatales a nivel mundial, salvando 4.3 millones de vidas al año para 2035. Sin embargo, las regulaciones no solo amenazan los medios de vida de las parteras, sino que también ponen en riesgo la salud de cientos de miles de personas que buscan su atención en México cada año.
El último día para enviar comentarios públicos sobre el proyecto de norma fue el 16 de septiembre. En medio de las protestas de los movimientos de partería, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva está revisando los comentarios y retroalimentaciones recopilados durante el periodo de consulta pública. Hasta ahora, no ha emitido ningún comunicado sobre si el proyecto será modificado o aprobado.
Combatiendo la Violencia Obstétrica
Yolanda Varela Chávez, directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), señala que el objetivo principal al crear la norma fue ampliar el acceso a una atención de salud materna de calidad. Las tasas de mortalidad materna en México habían disminuido de manera constante antes de un aumento del 60 por ciento durante la pandemia. Desde entonces, han vuelto a descender, situándose en 24.4 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos, lo que está por debajo del Objetivo de Desarrollo Sostenible, que busca una tasa de 70 o menos para 2030. Sin embargo, la alta demanda y la limitada oferta de servicios de parto en hospitales siguen impulsando resultados adversos para las personas embarazadas.
Chávez explica que la gran mayoría de los partos en el sector de salud formal se atienden en el nivel de atención secundaria, donde los médicos están equipados quirúrgicamente para manejar emergencias. No obstante, los hospitales sobrecargados han contribuido a una tendencia en la que los médicos recurren a las cesáreas para acelerar los nacimientos. México tiene ahora una de las tasas más altas de cesáreas en el mundo, alcanzando el 54 por ciento en 2023. Cuando no son médicamente necesarias, las cesáreas generan riesgos adicionales de infección y complicaciones. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el 24 por ciento de las cesáreas realizadas el año pasado no fueron autorizadas por las personas en las que se llevaron a cabo. De manera similar, las personas embarazadas informan altas tasas de violencia obstétrica en el sistema hospitalario mexicano.
El CNEGSR anunció el desarrollo de una norma en 2022 para expandir los servicios de salud materna y prevenir cirugías innecesarias. El proyecto de norma traslada los partos de bajo riesgo al nivel de atención primaria, en el que se autorizaría a las parteras “profesionales” certificadas a través de programas universitarios estatales a atender. Sin embargo, para las decenas de miles de parteras autónomas y tradicionales capacitadas fuera del sistema estatal, la norma limita gravemente su autoridad para ejercer.
El CNEGSR no incluyó a parteras autónomas y tradicionales entre las 26 instituciones invitadas a crear el proyecto de norma. Las parteras que trabajan de forma independiente del estado dicen que su exclusión resulta en la subordinación de su profesión. Desde que se anunció la formulación de propuesta, unas pocas parteras han sido convocadas sin dar a conocer los criterios de selección y en donde se les pidió firmar cartas de confidencialidad.
La Agenda Nacional para la Defensa y Promoción de la Partería Tradicional también denunció el proceso cerrado en un comunicado: “La invitación que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva hizo a algunas compañeras parteras de ninguna manera constituye una consulta previa, libre e informada, a la que está obligado a llevar a cabo el Estado mexicano”.
La partera Kay Cisneros señala que los estigmas sociales en contra de la partería perpetúan su exclusión en la formulación de políticas. “Cuando la gente escucha partería lo primero que se imagina es, eso es riesgoso, las mujeres que se atienden con una partera o que se atienden en su casa, están en peligro, pueden morir, sus bebés pueden morir. Y eso es un gran mito que está alimentado por la desinformación y la discriminación hacia nuestro trabajo”, comentó Cisneros a la outlet Nación 321.
Impactos de la norma para parteras, personas embarazadas y recién nacidos
Para las parteras tradicionales, el proyecto de norma podría perpetuar control y represión histórica estatal. Las parteras tradicionales argumentan que aquellas que no están “identificadas” por la Secretaría de Salud o que se abstienen de unirse al registro voluntario podrían enfrentar una continua discriminación, como la negación de certificados de nacimiento, la negativa del personal de salud para admitir a mujeres en hospitales y amenazas de cesar su práctica. La norma exige que la Secretaría de Salud identifique a las parteras tradicionales en función del reconocimiento comunitario, sin especificar qué implica dicho reconocimiento. Esta definición vaga podría afectar desproporcionadamente a parteras migrantes, transitorias o recién practicantes.
Además, la norma impone requisitos de certificación para convertirse en “no profesional autorizado” que socavan los sistemas de conocimiento de las parteras autónomas y tradicionales. Las parteras en Morada Violeta cumplen con las competencias establecidas por la Confederación Internacional de Parteras, que incluyen de tres a cuatro años de capacitación en prácticas y una serie de exámenes acreditados. Las parteras tradicionales, por su parte, obtienen su conocimiento de generaciones anteriores, asesoramiento, e incluso a través de sueños, vinculando la práctica a la cosmovisión.
Aura Renata Vallegos, una partera de Veracruz, se niega a permitir que los requisitos de certificación impongan una hegemonía colonial sobre su práctica: “Sí, tomaría contra mi voluntad la mordaza si acepto mi subordinación ante la institución sanitaria y su cultura médica, sus prácticas y métodos sobre mi quehacer y además me autorizan bajo sus reglas que son otras, no las mías, ni las de mis maestras, ni las de las abuelas, ni las que las mujeres que llegan pidiendo mi atención quieren y necesitan”, explicó a La Jornada.
Incluso para aquellas parteras que cumplen con la recertificación para convertirse en “autorizadas”, la norma podría amenazar su capacidad para proporcionar atención reproductiva de manera segura. La norma define una casa de parteras como aquella operada por una partera “profesional” certificada por el estado o una enfermera obstétrica, lo que podría resultar en el cierre de casas de partería independientes. En caso de una complicación, las parteras autónomas tendrían que remitir a las personas embarazadas a un centro de salud autorizado por el estado para recibir medicamentos, lo que podría aumentar el riesgo de mortalidad materna o infantil. La prohibición de la administración de medicamentos también impediría que las parteras autónomas acompañen de manera segura a las mujeres que se someten a abortos, contradiciendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Las parteras que se encuentren practicando en violación de cualquiera de estas políticas podrían enfrentar arrestos o multas que ascenderían a millones de pesos mexicanos o cientos de miles de dólares estadounidenses.
Derecho a difundir la información
Más allá de restringir la práctica de la partería, el proyecto de norma limita la capacidad de las parteras para compartir libremente información sobre salud reproductiva. “Las personas no profesionales autorizadas, deben limitar la información que publicitan en materia de salud en medios de comunicación o publicitarios a fin de garantizar la seguridad y confidencialidad en materia de salud de la población en general”, dice el borrador.
Vallegos subraya la importancia de la capacidad de las parteras para educar libremente a las personas sobre sus derechos reproductivos. “La intención de hacer textos, artículos, participar en programas, podcast, hacer círculos de embarazo y demás, ha sido siempre ampliar el horizonte de posibilidades sobre nuestro crear la vida y cómo ponerla en el mundo”, dice. Al restringir el intercambio de conocimiento, la norma infringe la capacidad de las parteras para informar a las personas sobre cómo acceder a su método de atención reproductiva preferido.
Vallegos destaca que las parteras comparten información para empoderar a las mujeres y a las personas de géneros diversos a quienes sirven: “Difundimos porque confiamos en las mujeres, su libertad y su derecho para decidir dónde, cómo y con quién parir. Desde esa certeza, la norma propuesta, no solo trata de regular la práctica de la partería, sino que busca impedir a las mujeres el acceso a su derecho a la información y a ejercer su libertad reproductiva. La libertad de las parteras es la libertad de las mujeres”.
Las Demandas de las Parteras Autónomas
La Red de Parteras Autónomas exige la eliminación de las medidas represivas de la norma y la creación de un futuro sostenible para la partería en México. Su declaración reconoce la importancia de aprovechar las mejores prácticas en salud pública para garantizar atención segura y de calidad para las personas embarazadas y los recién nacidos. Las pautas para evaluar y certificar a las parteras, sostiene la Red, deberían provenir de “un organismo encargado de regular el ejercicio de la partería, presidida por parteras diversas y que cuente con un equipo multidisciplinario experto en la materia”. Este organismo establecería las competencias de partería a través de un enfoque intercultural e interseccional, lo suficientemente amplio como para abarcar los diversos caminos de formación de las parteras.
El libre y seguro ejercicio de partería es fundamental para crear un sistema de salud que no solo prevenga la mortalidad materna, sino que también respete la autonomía corporal de las personas embarazadas, la libertad reproductiva y los derechos indígenas. A medida que la crisis climática, las pandemias, y la migración desestabilizan el acceso a los hospitales y aumentan la necesidad de atención comunitaria, las parteras serán aún más necesarias en las generaciones que vienen.
Habiendo luchado durante mucho tiempo por defender su trabajo y experiencia, las parteras están listas para legislar por el futuro de la salud materna. Depende de los responsables de políticas elevar su pericia como proveedoras de vida.
Becki Marcus se dedica a los movimientos populares por la justicia climática y la equidad de salud. Residente en Ciudad de México, produce una serie web global sobre democracia directa y escribe como periodista independiente.
