Nadie se dio por sorprendido en la República Dominicana cuando el magnate Luis Abinader del PRM logró hacerse reelegir en primera vuelta de las elecciones presidenciales el 19 de mayo, obteniendo el 57,4 por ciento de los votos, muy por delante de sus competidores Leonel Fernández del Fuerza del Pueblo (FP, 28,9 por ciento) y Abel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana (PLD, 10,4 por ciento). Las encuestas y cuatro años de gobierno prácticamente sin oposición partidaria auguraban ese resultado. Además, la política de los tres candidatos más votados era prácticamente indistinguible, lo que en parte explica la baja concurrencia de electores.
Mientras que en otras partes de la región el auge de la extrema derecha se ha dado en un marco de polarización, en contraposición a movimientos sociales rebeldes o partidos de centroizquierda, en la República Dominicana los discursos conspiracionistas más desquiciados contra los derechos de las mujeres y contra la comunidad LGBTQI+, así como las medidas más violentas contra la comunidad inmigrante haitiana, expresan un consenso entre los principales partidos políticos y los medios de comunicación de mayor circulación. Esto le da al extremismo local un aire de convencionalismo y respetabilidad. Si los elogios de Milei y Bolsonaro a las dictaduras militares o la autodesignación de Bukele como “dictador cool” han generado críticas, Abinader se comparó durante la campaña con el dictador dominicano Joaquín Balaguer y pasó mayormente desapercibido.
El desprestigio de los partidos FP y PLD, asociados a los gobiernos corruptos y privatizadores que antecedieron a Abinader, un factor decisivo en 2020 cuando Abinader ganó su primera elección gracias al voto castigo, sigue pesando en la actualidad. La abstención del 45,6 por ciento en estas elecciones es la más alta para una elección presidencial en la etapa posterior a la dictadura balaguerista de doce años (1966-1978). La ONG Participación Ciudadana denunció que las tradicionales prácticas clientelares y de manipulación electoral fueron muy extendidas: en uno de cada tres centros de votación se constató un proselitismo ilegal y la compra de votos en uno de cada seis.
De ese viciado proceso electoral ha resultado una holgada mayoría parlamentaria para el gobierno, lo que le permitirá intentar reformar la Constitución, realizar una reforma tributaria, una reforma laboral y un nuevo Código Penal, entre otros ambiciosos proyectos legislativos, sin tener que negociar con otras fuerzas políticas. El PRM y sus aliados controlarán 146 de los 190 escaños de la Cámara de Diputados y 29 de las 32 senadurías, más que suficiente para reescribir la Constitución.
El partido de Ramfis Trujillo, un nieto del dictador, llevó la candidatura pintoresca de Roque Espaillat, un admirador de Milei que sacó el 1,4 por ciento, una votación inferior a los votos nulos emitidos pero suficiente para mantener su reconocimiento ante la Junta Central Electoral y recibir financiamiento de la Junta Central Electoral hasta el 2028. Cuando Espaillat hizo alarde de que no pagaba impuestos no se diferenciaba demasiado de Abinader, quien figuró de manera prominente en la filtración de los Pandora Papers en 2021 por sus cuentas en paraísos fiscales. La suma de las votaciones de las cuatro candidaturas presidenciales restantes fue menor al 2 por ciento.
El margen de la victoria electoral de Abinader tiene un precedente reciente. En 2016 Danilo Medina del PLD ganó la reelección presidencial con un porcentaje mayor, e incluso un número absoluto de votos mayor, pese a que el padrón electoral era entonces más pequeño. En aquella elección, su partido alcanzó dos tercios de la Cámara de Diputados y 29 de 32 senadores. A pesar de ello, Medina no pudo reformar la Constitución para optar a un tercer período consecutivo, y su partido se dividió y fue derrotado en 2020. En las elecciones de este año, sufrió una verdadera debacle, con solo 13 diputados y ningún senador.
“El cambio” gatopardiano
Abinader llegó al poder en 2020 pregonando una sola palabra: cambio. Pese a que el PLD venía gobernando con el viento a favor de un crecimiento económico sostenido, la enorme desigualdad social y la exasperación con la corrupción generaron un rechazo creciente. El intento del presidente Medina de avanzar hacia una nueva reelección dividió a su partido. El gobierno de EEUU inclinó la balanza a favor de Abinader, quien había contratado al abogado de Trump, Rudolph Giuliani, como asesor. En el punto más álgido del debate sobre la reforma constitucional, menos de un año antes de las elecciones de 2020, el secretario de Estado Mike Pompeo llamó telefónicamente a Medina para disuadirlo de procurar un tercer período presidencial consecutivo.
Para cosechar el voto castigo contra el PLD, Abinader le atribuyó al “cambio” un significado diferente dependiendo de su audiencia. Parecía seguir la máxima de la novela Il Gattopardo (1958) de Giuseppe Tomasi di Lampedusa's: “si queremos que todo se siga como está, es preciso que todo cambie”. En diciembre de 2013, Abinader se había pronunciado en contra de la sentencia 168-13 del Corte Constitucional que despojó de la nacionalidad retroactivamente a varias generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana. “Decisiones injustas, poco civilizadas, están quitándole el derecho a la nacionalidad a dominicanos y dominicanas de rostros distintos... Un país civilizado no debe tolerar ningún tipo de discriminación”, afirmó el entonces pre-candidato presidencial.
Abinader perdió las elecciones de 2016. En la campaña electoral siguiente, en 2019, Abinader había integrado a su plataforma a intelectuales y profesionales liberales de trayectoria democrática como el periodista Juan Bolívar Díaz, actual embajador ante España. Pero al mismo tiempo reivindicaba la sentencia 168-13, y decía oponerse a supuestos planes internacionales para fusionar al país con Haití o para imponer al Estado dominicano cargar con la crisis haitiana. Una vez en el gobierno, invocando las mismas teorías conspirativas y una contraposición discursiva tajante entre soberanía y derechos humanos, impulsó una política de expulsiones masivas que alcanzó la cifra de 251 mil personas haitianas expulsadas en 2023, según las cifras oficiales, una cifra mayor a la suma de todas las deportaciones realizadas entre 2017 y 2021. En total, el gobierno habría realizado en estos cuatro años alrededor de medio millón de expulsiones.
Los métodos empleados por el gobierno para alcanzar estos récords superan a las políticas de represión indiscriminada de Bukele. En la República Domincana de Abinader, para detener a una persona, incluso para allanar su vivienda, no hace falta atenerse a minucias constitucionales como contar con una orden judicial o la presencia de un fiscal, basta que los agentes migratorios, policiales o militares consideren que la persona es sospechosa por “parecer haitiana”. Estos métodos, documentados por organizaciones sociales y de derechos humanos dominicanas e internacionales, que han implicado no solo la detención arbitraria de muchas personas dominicanas negras, también ha tenido como consecuencia la separación de miles de niños y niñas de sus familias, la detención de mujeres embarazadas en los hospitales, y otros crímenes atroces como violaciones sexuales, desapariciones forzadas y asesinatos.
Adicionalmente, las autoridades contabilizaron en 2023 el “retorno voluntario” de más de 246 mil personas a Haití en el marco del cierre de la frontera aplicado por el gobierno dominicano como represalia por la construcción de un canal de riego en Haití sobre un río binacional. Según estimados del director del Instituto Nacional de Migración, Wilfredo Lozano, en 2023 había en el país unas 700 mil personas “haitianas y de origen haitiano”. La población dominicana es de 10,7 millones de personas. Estas cifras dan una idea de las dimensiones relativas de la expulsión colectiva de inmigrantes haitianos, algunos de ellos con décadas viviendo en el país.
Indudablemente esta política impone un deterioro drástico de la opresión que sufre un sector de la población que padece discriminación racial sistemática y estructural en el país caribeño desde hace décadas y recuerda algunos de los episodios más siniestros de la historia dominicana, como el genocidio antihaitiano de 1937 y la masacre racista de cientos de campesinos en 1962, crímenes de lesa humanidad sin conmemoración ni reconocimiento oficial. Esta política antihaitiana cuenta con el respaldo abierto o vergonzante, incondicional o crítico, de todos los partidos con credenciales electorales.
El Movimiento Reconocido, que agrupa a personas dominicanas de ascendencia haitiana afectadas por la política de desnacionalización, alertó antes de las elecciones presidenciales que “ninguna de [las nueve] candidaturas [presidenciales] ha abordado el problema de la desnacionalización racista y la apatridia que afecta a más de doscientas mil personas en el país, constituyendo la mayor comunidad en situación de apatridia de todo el hemisferio occidental. Creemos que esta omisión es extremadamente grave y muestra un escaso compromiso democrático con los derechos humanos y con la construcción de una política pública no racista en la República Dominicana”.
Las violaciones a los derechos humanos han llegado a tales extremos que incluso el gobierno estadounidense, aliado de Abinader, impuso en 2022 sanciones a la empresa estadounidense azucarera Central Romana por incurrir en prácticas de trabajo forzoso contra trabajadores haitianos en República Dominicana y alertó a los viajeros estadounidenses de piel oscura sobre el riesgo de detenciones por parte de las autoridades migratorias dominicanas.
Teoría y práctica balaguerista
De forma similar a Bolsonaro y Milei, Abinader ha elogiado al dictador Balaguer. Se ha comparado con Balaguer, quien fue parte del régimen de Rafel Trujillo (1930-1961), ejerció el poder de manera sanguinaria luego de la invasión estadounidense, entre 1966 y 1978, y volvió a gobernar entre 1986 y 1996. Este mes se cumplen 30 años de la última desaparición forzada que se le atribuye, la del profesor universitario y militante de izquierda Narciso González.
Abinader dijo compartir con Balaguer, quien además fue un notorio ideólogo racista, una supuesta austeridad en el gasto público y una defensa de la soberanía ante Haití. También es un continuador de Balaguer en otros aspectos, como la corrupción electoral y el clientelismo. Bajo el actual gobierno, continúa una rampante desigualdad social, con el 1 por ciento más rico de la sociedad controlando el 42 por ciento de la riqueza, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Continúa restringida la libertad sindical, en parte como consecuencia del código laboral balaguerista de 1992, lo que permite que el crecimiento económico y el aumento en la productividad del trabajo no se traduzca en un aumento del salario promedio real.
Ha habido denuncias internacionales de espionaje contra periodistas y se ha aprobado una ley de inteligencia autoritaria, criticada por los medios de comunicación por obligarles a delatar a sus fuentes periodísticas. Incluso paramilitares de inspiración hitleriana marchan y amenazan de muerte a periodistas y atacan actividades públicas de la izquierda, con total impunidad, mientras apoyan a la construcción del muro fronterizo de Abinader y sus deportaciones masivas, exigiéndole ir más lejos. Al igual que esos grupos, Abinader es un negacionista que alega que en República Dominicana “nunca existió un problema de razas”.
Con su estilo cuasi flemático, por el que se ha popularizado su apodo de “tayota”, un vegetal que no sabe ni huele a nada, Abinader transmite internacionalmente una falsa percepción de moderación. Sus acciones y discursos lo ubican en la misma tendencia que expresan Bolsonaro, Milei, Kast, Bukele y Noboa. En el breve tiempo que coincidieron en el poder en 2020, Abinader y Trump tuvieron una relación muy cercana. Abinader siguió los pasos de Trump anunciando la mudanza de su embajada en Israel a Jerusalén, y definía su política exterior en base a la hipótesis de una “nueva guerra fría”. Es probable que si Trump vuelve al poder en los EEUU, esta coincidencia ideológica se torne mucho más evidente.
Al cumplirse la primera semana del nuevo período presidencial, coincidiendo con el viaje del presidente al Vaticano a reunirse con el Papa, una noticia escalofriante ha llegado desde el interior del país. Una huelga de trabajadores cañeros haitianos de la empresa privada Consorcio Azucarero Central, en Barahona, ha sido atacada a perdigonazos y tiros por la policía, dejando alrededor de 50 heridos, según un testigo. Los principales medios nacionales guardan silencio. Un símbolo terrible de los tiempos que corren.
Simón Rodríguez es un periodista e investigador independiente radicado en la República Dominicana.
