El gobierno toma medidas contra las políticas de memoria sostenidas durante 40 años de democracia, mientras diputados oficialistas visitan a presos condenados por crímenes de lesa humanidad.
Según lideres comunitarios, la violencia y desplazamiento que facilita el acaparamiento de tierras con fines de lucro en toda la costa caribeña de Honduras es nada menos que un genocidio contra el pueblo Garífuna.
