El pasado 11 de julio, se conoció que seis diputados del partido del Presidente Javier Milei visitó a un grupo de represores condenados por crímenes cometidos durante la última dictadura en Argentina. Con el correr de los días, se supo que lejos de ser un relevamiento sobre las condiciones de detención, como manifestaron los legisladores, se trató de un encuentro relajado con los detenidos, alojados dentro de un pabellón especial en una cárcel de máxima seguridad.
Estos 12 convictos, con quienes los funcionarios se sacaron una amistosa foto grupal, “suman condenas por 4.482 casos de secuestro, asesinato, desaparición forzada de personas, torturas, violaciones y apropiación de bebés nacidos en cautiverio”, según informó el diputado opositor Hugo Yasky en un entrevista. “Lo que hicieron allí fue discutir distintos planes a través de leyes o a través del decreto para amnistiar o lograr la libertad de los represores. Forma parte de un plan orquestado por el gobierno que está en ejecución”.
La información que surgió tras conocerse la novedad puso en evidencia este intento gubernamental por avanzar en la liberación de los condenados por estos delitos. “Hay que estudiarlo. Me produce mucha indignación la situación de estas personas, que merecerían morirse en su casa de la mano la esposa. Que pasen sus últimos días como corresponde. Eso es humanidad”, dijo días después el ministro de justicia, Mariano Cúneo Libarona, sobre la posible libertad de los represores.
Lo que el funcionario no mencionó es que solamente uno de cada cinco condenados por crímenes aberrantes permanece detenido; el 80 por ciento de ellos tiene formas morigeradas de prisión domiciliaria. Quienes están detenidos no conviven con presos comunes, y quienes tienen prisión domiciliaria tiene permiso para salir de sus casas sin control sobre el cumplimiento de esta modalidad de condena.
Félix Crous, miembro de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, dijo “quienes están presos tienen condiciones de absoluto privilegio respecto a cualquier otro detenido. Están alojados en un una suerte de barrio privado. Quienes están en prisión domiciliaria están prácticamente libres, gracias a la permisividad de los tribunales a cargo del cumplimiento de la pena”.
Esa visita fue un paso más en la estrategia del gobierno de Milei por borrar la memoria sobre la represión cometida contra el pueblo argentino. La administración actual simpatiza con la dictadura, el presidente negó que la represión militar haya dejado 30.000 desaparecidos y la vicepresidenta Victoria Villarruel, hija de un militar que participó en la represión, forma parte de organizaciones que reclaman la libertad de los presos.
Verónica Torras, directora de Memoria Abierta e integrante de la comisión directiva del Centro de Estudio Legales y Sociales, aseguró que “desde que asumió el gobierno vemos un proceso de desmantelamiento de políticas públicas que nos habían permitido avanzar desde la recuperación de la democracia. Tenemos políticas de memoria, verdad y justicia que tiene una historia de 40 años”. Bajo Milei, estas políticas están amenazadas.
Pasos hacia la reivindicación de los represores
Para Analía Kalinec, hija de un represor condenado y miembro del colectivo “Historias Desobedientes”, la estrategia de liberar detenidos va más allá de la supuesta humanidad que declama el ministro de justicia, busca negar que tales crímenes se hayan cometido. “No solamente secuestraron, desaparecieron, anularon las ideas y los sueños, sino que además ahora niegan que lo hicieron. Para eso necesitan la impunidad”, afirmó. La pertenencia a la intimidad de los condenados le permite conocer sus intenciones. “Como familiares de genocidas, tenemos mucho para decir acerca de estos criminales, e insistimos en su falta de arrepentimiento, en su negativa a aportar información acerca del destino de los detenidos desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio”.
El contexto en el que se inscribe la visita a los detenidos es el de una serie de decisiones menos visibles que ha tomado el gobierno en los últimos meses. A fines de marzo el ministro de defensa Luis Petri desarticuló los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos de las Fuerzas Armadas. Este grupo trabajaba en la asistencia del Poder Judicial y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) en las causas por delitos de lesa humanidad que hubieran involucrado a personal militar. Esta unidad produjo en 15 años cerca de 200 informes para la justicia, analizando 17.000 legajos en los registros del ministerio de defensa. Además proveyó de información a la CONADI en investigaciones sobre casos de robo de bebés nacidos en campos de concentración.
En mayo, la ministra de seguridad Patricia Bullrich se negó a contestar un pedido de información de la CONADI que, dotado de las atribuciones legales para solicitar estos datos, buscaba tener acceso a 70 legajos. Para negarse a cumplir con la ley la ministra consideró que era una “demanda de información indiscriminada” y que contenía “infundadas solicitudes de un organismo militante”. La CONADI no es un organismo militante, sino que fue creado por ley hace más de 30 años. Esta decisión anticipaba un decreto que el gobierno acaba de publicar, dando un golpe casi letal a la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo.
En los últimos días del mes de junio, se produjo otra importante novedad en contra de las políticas de memoria: fueron despedidos 82 trabajadores de la secretaría de derechos humanos, que depende del ministro Cúneo Libarona. Doce de ellos trabajaban en el Archivo Nacional de la Memoria y 28 en los Espacios de Memoria instalados en los centros clandestinos de detención y dependientes del estado nacional. Estos espacios quedaron prácticamente imposibilitados para continuar su tarea de restauración, preservación y articulación educativa.
Según Crous, los ERyA, la información de los legajos de las fuerzas de seguridad, el Archivo y los Espacios de Memoria fueron nodos de recopilación de información documental dentro del propio estado, que sirvieron para que jueces y fiscales llevaran adelante las acusaciones. “Todo lo está desactivando sin necesidad de dictar leyes o decretos”, dijo el fiscal. “Solo toman medidas administrativas. Con no renovar contratos de empleados públicos logran una política de destrucción inteligente y silenciosa”.
El golpe de gracia a la búsqueda de niños nacidos en cautiverio
La CONADI es el organismo del estado creado para colaborar en los casos de sustitución de identidad de menores, especialmente “de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres”. El organismo colabora con la justicia en la investigación administrativa sobre estos casos, pudiendo pedir información a distintos organismos públicos, y solicitando al Banco Nacional de Datos Genéticos que realice estudios para evaluar si pueden ser los niños buscados, aquellos nacidos durante la detención ilegal de sus madres.
En 2004 se creó la “Unidad Especial de Investigación de La Desaparición de Niños como Consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado” dentro de la CONADI, que fue esencial para mejorar y sistematizar la búsqueda de los niños robados en cautiverio. Esta unidad fue recientemente eliminada por decreto firmado por Cúneo Libarona y Milei el día 13 de agosto. Aquello con sus actos habían anticipado el ministro de defensa al desmantelar el ERyA y la ministra de seguridad al negarse a responder a los requerimientos sobre legajos de las fuerzas a su cargo, lo confirmaron ahora en una resolución legal. En los considerandos del texto indican que la investigación debe quedar a cargo de la justicia, pero como explicó Torras, “en los últimos años, los casos que se han logrado resolver en relación con la apropiación en un 90 por ciento surgen de gestiones de la CONADI y no el Poder Judicial”. Esto implica que la resolución es un golpe durísimo contra la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Borramiento de memoria
Para Yasky, “hay un intento de revertir todo lo que constituyó una política de Estado, desde la recuperación de la democracia a la fecha, que con mayor o menor entusiasmo cumplieron los gobiernos de distinto signo”. Torras sostiene que este intento de desandar ese camino y combatir las verdades que se conocieron a través de años de procesos judiciales demuestra que “los temas vinculados con la última dictadura entran dentro de la agenda de restauración cultural del gobierno, tiene similitudes con la perspectiva que la propia dictadura tuvo de sí misma”.
El ensayista y docente universitario Alejandro Kaufman sostiene que las acciones de la dictadura argentina se inscribe en una modalidad extrema de la opresión, propia del siglo XX, que es exterminio de un grupo social. Es en la destrucción de los cuerpos donde se borra toda construcción social cultural. La desaparición de los mismos sería un dispositivo central para ese borramiento.
“La memoria es la restitución de la verdad y la justicia que fueron destruidas en el acto originario,” Kaufman dijo en una entrevista. “No hay ninguna memoria completa, sino perpetración de genocidios que se interrumpen en su ejecución pero que no concluyen en su designio, por ello el crimen es imperdonable e imprescriptible. Así la perpetración habrá de ser también transgeneracional”.
La memoria es un hecho emancipador frente al acto de extrema opresión. La acción política del gobierno negacionista argentino no es re escribir esa memoria, sino borrarla. “El derecho a la existencia requiere condiciones sociales, políticas, jurídicas y educativas que son desafiadas por los opresores, en la actualidad bajo la forma de un auge ultraderechista y neofascista que viene a destruir por completo todo lo logrado, con el fin de restaurar un orden anterior a la modernidad”, concluye Kaufman, enlazando lo que sucede en Argentina con el programa de las derechas a nivel global.
En esta tensión entre la búsqueda de construir memoria para avanzar con la justicia y la reparación, y la política de borramiento que habilite un régimen de opresión donde el derecho a la existencia pueda estar en cuestión, la resistencia continúa. Así lo propone Kalinec al concluir “si las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo pudieron en un contexto mucho más adverso, cómo no vamos a poder nosotros ahora”.
Daniel Cholakian es sociólogo y periodista especializado en América Latina.
