Este artículo fue publicado en inglés en la edición de verano de 2024 de nuestra revista trimestral NACLA Report.
Al amanecer del 18 de julio de 2020 cuatro jóvenes garífunas, y uno no garífuna, fueron secuestrados por la fuerza de la comunidad de Triunfo de la Cruz, ubicada en la costa caribeña de Honduras. Según relatos de testigos, hombres fuertemente armados vestidos con indumentaria de la Dirección Policial de Investigación (DPI) entraron a Triunfo de la Cruz a bordo de tres camionetas, manejando de manera violenta. El convoy fue primero por Alberth Sneider Centeno, un líder juvenil garífuna prometedor y presidente del patronato de Triunfo de la Cruz quien trabajaba para crear conciencia en la protección de los derechos territoriales y culturales de la comunidad. Luego, las camionetas se apresuraron para ir a cuatro casas más: a la de Suami Aparicio Mejía García, Milton Martínez Álvarez, y Gerardo Róchez Cálix, todos garífunas, y a la de Junior Rafael Juárez Mejía.
Queriendo reaccionar, algunos vecinos intentaron bloquear caminos, pero los palos y piedras que pusieron no fueron obstáculo para que el contingente lograra su objetivo. Los 3 carros desaparecieron por donde vinieron con los cinco jóvenes.
“Fue horrible”, dijo una vecina que se topó cara a cara con uno de los malhechores. Ella pensó que era su momento final pero no le hicieron nada y siguieron buscando a los jóvenes seleccionados para secuestro. En su huida, los criminales dejaron gorras, con la insignia de la DPI. También los habitantes encontraron cascos de proyectiles que dispararon al aire para intimidar.
Lejos de ser un hecho aislado, la desaparición de los jóvenes ocurre bajo un contexto de represión y ataque que se ha acrecentado contra el pueblo Garífuna en los últimos años. Desde los años 90 y especialmente desde el golpe de Estado de 2009, el avance en la costa norte de los mega-proyectos turísticos, las grandes plantaciones de palma africana y el narcotráfico han impulsado un nuevo acaparamiento de tierras, agravando las presiones históricas sobre los territorios garífunas. En medio de una reacción violenta en contra de la resistencia garífuna, el secuestro de los jóvenes se ha vuelto un símbolo más de una campaña coordinada para desplazar a las comunidades. Según investigaciones comunitarias, se calculan por lo menos 100 garífunas asesinados en los últimos 30 años. Mientras el racismo, los intereses económicos transnacionales y los impactos del cambio climático chocan, la declaración de la líder Miriam Miranda es univoca: esto es un genocidio contra el pueblo garífuna.
La comunidad responsabiliza al Estado por la desaparición de los jóvenes. Al momento del secuestro, Honduras estaba en toque de queda en respuesta a la emergencia sanitaria de la Covid-19. Tan solo los entes del Estado y trabajadores de sectores esenciales gozaban de libre circulación. En los días después, las autoridades informaron que cinco entidades, incluyendo la DPI, estaban investigando el caso. El Presidente Juan Orlando Hernández —condenado el 8 de marzo de 2024 por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, entre otros cargos— solo se pronunció casi dos semanas después, tras una fuerte presión internacional. Publicó en Twitter el 31 de julio de 2020 que el gobierno estaba “enfocado en lograr justicia para los cuatro miembros de la Comunidad Garífuna”. Casi cuatro años más tarde, no ha habido más explicaciones a las familias. Se desconoce el paradero de los jóvenes.
Desde la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), organización que lucha en defensa de la cultura y tierra garífuna de la cual los cuatro jóvenes garífunas formaban parte, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” fue la exigencia. Así sus reclamos por el regreso de los jóvenes hacían eco de otros clamores por la justicia por lxs desaparecidxs, desde las familias buscando a sus seres queridos victimizados por los escuadrones de la muerte en Honduras en los años 80 hasta los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México en 2014. Aunque a lo largo de los años varios líderes garífunas han sido víctimas de criminalización, judicialización y asesinatos, el caso de los jóvenes fue la primeria instancia de una desaparición forzada dentro de la comunidad, según Miranda, presidente de OFRANEH.
Voces de la comunidad estiman que, por pobre que sea un Estado, a esta altura de adelantos tecnológicos, con software de espionaje, con cámaras de 911, pero especialmente contando con más de 14 mil elementos en sus agencias de policía, es imposible que no tenga respuestas para un crimen de la magnitud del acontecido en Triunfo de la Cruz. Se ha instalado la sensación de desprotección e indefensión, las personas consideran que pueden ser atacados y no habrá la mínima reacción del Estado.
Donde la impunidad domina
La desinformación fue otra de las variables que surgió en escena. El día después del secuestro, salió un mensaje de voz por WhatsApp aseverando que los jóvenes raptados habían sido encontrados “sin cabeza” en un solar baldío de la comunidad garífuna de Tornabé. Cuando miembros de la comunidad fueron a constatar al supuesto lugar, no había nada. Poco después, el 1 de agosto de 2020, una página de Facebook de desinformación ya no activa “Lo que pasa hn” difundió un audio en el que supuestamente se involucra a los jóvenes raptados en actividades de narcotráfico. Al mismo tiempo, circularon una serie de fotos de armas y dinero en efectivo que supuestamente mostraron lo mismo. Al respecto, la OFRANEH denunció una campaña de desprestigio contra los jóvenes secuestrados y aseguraron que el material gráfico mostrado eran montajes. Dijo en un comunicado que la campaña “no es para nada sorprendente, en un país que se ha convertido en un narco estado”.
Como denunciaron en el comunicado, no fue la primera vez que integrantes de OFRANEH fueron tachados de narcotráfico. En 1997, mientras Triunfo de la Cruz y otras comunidades resistía el ataque neoliberal que dio inicio al crecimiento de plantaciones de palma africana y proyectos de turismo en sus territorios, Alfredo López, líder comunitario que trabajaba con OFRANEH en defensa de la tierra, fue encarcelado por seis años por cargos falsos de narcotráfico.
Además, once días después de la desaparición de los jóvenes de Triunfo, en la ciudad San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país, pasó algo similar. El 29 de julio de ese mismo 2020, se reportó el rapto de otros 3 garífunas: Osbin Suazo, Jhon Crisanto Batiz y un tercer joven únicamente conocido como “Pavón”. Familiares informaron que los muchachos se conducían a cambiar llantas a un vehículo cuando en el trayecto fueron interceptados y subidos a otro vehículo por hombres armados. Igual que a los jóvenes de Triunfo, una campaña informal de rumores y desinformación intentó asociar a los jóvenes de San Pedro Sula con el narcotráfico, aunque este caso no recibió atención mediática. Hasta ahora no se sabe nada de su paradero y las autoridades tampoco dieron explicación.
Mientras tanto, la Policía Nacional designó el 20 de julio de 2020 a un oficial garífuna en la investigación del caso de Triunfo. Era el Comisionado de Policía Héctor Ruíz. La comunidad recibió con esperanzas a Ruíz y asumieron que habría noticias. Pero al final pareció es que el nombramiento de Ruiz solo fue una maniobra estratégica del ente policial para generar confianza. De las cinco agencias que supuestamente investigaban las desapariciones, una fue la Policía Preventiva, un cuerpo policial denunciado varias veces por comunidades garífunas por abusos previos, particularmente por liderazgos pertenecientes a la OFRANEH.
Días después del nombramiento del Comisionado Ruíz, en la ciudad de Tela, se reportó la detención de Rennie Michael Ugalde, alias “Gringo”, ciudadano estadounidense y supuesto participante del hecho. A la semana siguiente, el 27 de julio de 2020, la Policía Nacional sacó del caso al oficial Ruíz. Según la comunidad, Ruíz ejecutaba un buen papel al frente de las pesquisas, pero las autoridades convinieron en que fuera la Fiscalía la que, a partir de entonces, conduciría las investigaciones. En aquel momento, la Fiscalía se encontraba bajo el control del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla, acusado de jugar un papel clave en tapar la corrupción masiva del gobierno del presidente Hernández. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el nivel de impunidad en Honduras respecto de los delitos en general superaría el 90 por ciento, y alcanzarían una cifra mayor en casos de delitos contra defensores y defensoras de derechos humanos.
Ugalde, por su parte, posteriormente fue absuelto en el caso de la desaparición de los jóvenes y fue entregado a los EE.UU. para enfrentar la justicia por cargos no relacionados en el estado de Florida.
Honduras es un país que tiene un largo expediente en crímenes sin resolver. A diario trascienden homicidios múltiples y horribles crímenes. En las comunidades garífunas, dónde los sectores poderosos del país intentan desalojar a los quienes han habitado las tierras ancestralmente para usufructuar las playas por la vía del turismo, la impunidad va más allá de la violencia generalizada. Es un ataque sistemático que las y los lideres garífunas lo asocian con un esfuerzo concreto para desplazarlos y erradicarlos de sus territorios.
Represión y resistencia
Existen 48 pueblos garífunas, además de la presencia importante que tienen en las grandes ciudades a lo largo de la costa caribeña de Honduras. Sus raíces se remontan a 1797, cuando fueron exiliados violentamente de la isla de San Vicente por el imperio británico. Viviendo dentro y fuera de los límites políticos de Honduras, las comunidades han luchado por preservar su autonomía y forma de ser, que incluye el hecho de que su estructura social es matriarcal, es decir, las mujeres son las que mantienen la vida cultural y espiritual. Pero en las últimas tres décadas, las comunidades han sido objeto de una avalancha de despojo territorial para favorecer el auge de las industrias del turismo, el aceite de palma africana y, desde el golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, el tráfico de drogas ilícitas.
Tomemos, por ejemplo, las Zonas de empleo y desarrollo económico, o ZEDEs, proyecto concebido por el economista Paul Romer, profesor y ex-funcionario del Banco Mundial, y promovido por los gobiernos golpistas y posgolpistas. El primer ZEDE, conocido como Próspera, fue lanzado en 2020. Contra la voluntad del pueblo y con financiamiento de libertarios radicados en EEUU y respaldados por el multimillonario Peter Thiel, el plan era hacer de la isla de Roatán un paraíso del libre mercado, fuera de los límites de las leyes hondureñas o de las comunidades que ya vivían allí. El gobierno de Xiomara Castro rechazó las ZEDES en 2022, pero ahora es objeto de una demanda de la empresa Honduras Próspera por tomar tal medida.
Miranda, la dirigente de OFRANEH, explicó recientemente que el hecho de vivir en territorios “muy apetecibles” para las elites económicas les convierte a los Garífunas en un blanco de ataque. “Los asesinatos y desapariciones de dirigentes forman parte de esa política de exterminio para quienes defienden la tierra”, dijo Miranda en una asamblea. Las mujeres están especialmente vulnerables. “Este es un país racista, machista y clasista”, agregó.
Las raíces de la difícil situación actual de los garífunas tienen que ver con el robo territorial gradual al que han sido sometidos desde principios del siglo XX y, de manera más descarada, desde el período neoliberal de los años noventa en adelante. A principios del siglo XX, las compañías bananeras estadounidenses monopolizaron gran parte de la tierra alrededor de la costa caribeña para sus plantaciones. Como resultado, muchos hondureños no garífunas del interior y garífunas de aldeas rurales comenzaron a migrar a las áreas urbanas de la costa en busca de empleo. Desde entonces, los garífunas han perdido gradualmente gran parte de sus territorios a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras y de terratenientes ricos.
Sin embargo, la magnitud y la calidad de la invasión de tierras no alcanzaron un estado de crisis hasta los 90, cuando el Estado hondureño, después de décadas de gobierno militar respaldado por Estados Unidos desde la década de 1960 y de una democracia nominal en el año de 1982, comenzó a implementar las reformas neoliberales prescritas por el “Consenso de Washington.”
A inicios de los 90, durante el gobierno derechista de Rafael Leonardo Callejas, leyes como la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrario de 1992 facilitaron la venta de parcelas individualizadas de tierra que anteriormente no estaban permitidas debido a leyes agrarias anteriores que protegían las propiedades comunales. Esta ley, conocido como la contrarreforma agraria, facilitó una reconcentración de la tierra en muy pocas manos e intensificó la invasión de territorios garífunas por grandes intereses agrícolas y turísticos, y más luego, por el narcotráfico.
En un fenómeno no muy diferente de la violencia revolucionaria y contrarrevolucionaria de los años 1980 en el resto de la región, los ataques contra los garífunas se han intensificado precisamente porque han sido valientes defensores de sus territorios y culturas. En la década de 1980, Honduras era considerada el “portaaviones insumergible” porque Estados Unidos utilizó el país como base militar para apoyar a gobiernos militares de derecha, a los Contras en el norte de Nicaragua, y a escuadrones de la muerte en toda la región centroamericana. Ya para la década de los 90, las comunidades Garífunas, particularmente la de Triunfo de la Cruz, se convirtieron en blancos principales de empresarios nacionales e internacionales.
Sin duda, la desaparición de los jóvenes de Triunfo de la Cruz está relacionada con el hecho de que Triunfo es una de las comunidades garífuna mejor organizadas del país para la defensa de sus territorios ancestrales. Este activismo se tomó fuerza en los 90, cuando OFRANEH, fundado a fines de los 70s, empezó una nueva estrategia de defensa de sus tierras. El encarcelamiento del dirigente López por los cargos falsos le dio un golpe duro a la lucha, aunque posteriormente, en el 2006, recibieron un falló contra el Estado hondureño en la Corte Interamericana relacionado a su caso. Por los años 2000, un sistema de radios comunitarios garífunas, lanzado en los 90 y coordinada en Triunfo de la Cruz después de la salida de la cárcel de López, se volvió cada vez más una herramienta clave para los organizadores garífunas y de OFRANEH.
Sin embargo, el golpe de Estado de 2009 contra el presidente Zelaya marcó una nueva ola represiva de violencia contra los líderes garífunas. En un descarado ataque de los golpistas a la comunidad, la estación de Radio Faluma Bimetu (Coco Dulce) en Triunfo de la Cruz fue incendiada por desconocidos en enero del 2010. La comunidad la construyó una vez más, pero los ataques no cesaron.
Mientras tanto, OFRANEH llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos dos casos contra el Estado hondureño por la violación de sus derechos territoriales, uno en Triunfo de la Cruz y otro en la comunidad de Punta Piedra. En el 2015, la corte dictó a favor de las comunidades. El tribunal ordenó que el gobierno hondureño, entre otras cosas, demarcara la tierra que le pertenece a las comunidades, investigara asesinatos y otros daños sufridos por los activistas y pagara un fondo de desarrollo de reparaciones a cada comunidad. Sin embargo, el gobierno del ahora conocido narco presidente de entonces, JOH, no sólo incumplió los mandatos, sino que continuó permitiendo la persecución de los activistas garífunas que defendían a su comunidad.
Ni siquiera el cambio de gobierno cumple con la expectativa, a pesar de que el asesor presidencial Manuel Zelaya, en una reunión en agosto del 2022, dio su palabra de que el Gobierno emprendería una campaña por el encuentro de los cuatro desaparecidos. Fue hasta el 12 de abril de este año, cuando más de 300 garífunas, dirigidas por las mujeres de OFRANEH, hicieron una marcha hasta la casa presidencial demandando de la administración de Castro el cumplimiento del fallo de la corte de Interamericana del 2015 y el seguimiento del caso de los garífuna desaparecidos de julio de 2020. Después de que las fuerzas de seguridad impidieron el acceso de los manifestantes a la Casa Presidencial, el Canciller Enrique Reina junto con otros representantes reunieron con el grupo en las afueras del Congreso Nacional, y el gobierno instaló la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI).
“Nos urge, necesitamos como una forma de disminuir y romper con toda esta criminalización, sobre todo persecución contra el pueblo garífuna”, dijo Miranda a la agencia EFE durante la movilización. “Hay comunidades en las que ya no hay garífunas porque han tenido que huir por la violencia, la inseguridad, por la persecución y estas sentencias son vitales para la vida y la sobrevivencia colectiva y cultural del pueblo garífuna”.
“Alto al genocidio”
“Hoy seguimos exigiendo justicia y verdad”, tuiteo Miranda en febrero de este año, haciendo referencia a los cuatro jóvenes desaparecidos y a Ricardo Arnaul Montero y Martín Morales Martínez, dos lideres garífunas asesinados en el 2023. “Alto al genocidio del pueblo garífuna”.
A partir del golpe de 2009, como se ha evidenciado en los juicios en Nueva York, Honduras se convirtió en un narcoestado de facto donde las instituciones estatales y militares se pusieron al servicio del narcotráfico ilegal y de las élites empresariales que buscaban desplazar a los campesinos de sus tierras ancestrales para utilizarlas en diferentes industrias y el tráfico de drogas.
Hoy, los frutos de la lucha garífuna se ven en Vallecito, o “Faya” como lo llaman los garífunas en su idioma. Dirigida por las mujeres de la comunidad, OFRANEH ha recuperado sus tierras robadas. “Donde había una narco-pista para que las avionetas dejaran cocaína, rodeada de palma de aceite y ganado, ahora hay cultivos de coco, escuelas, casas de salud y hasta una universidad en construcción”, cuenta Miranda.
Según Global Witness, Honduras sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Un informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, afirma que en 2023, de los 245 defensores de la tierra en contra de quienes se registraron ataques, el 44 por ciento fueron identificados como indígenas y negros. Los territorios de la costa caribeña de Centroamérica, la mayoría de los cuales pertenecen a los garífunas y otras comunidades negras, indígenas y afro-indígenas, siguen siendo uno de los objetivos más buscados. El racismo cotidiano y estructural, junto con los intereses de las élites nacionales e internacionales empeñadas en robar sus tierras ancestrales para el enriquecimiento de unos pocos, están convergiendo para erradicar a la población garífuna.
Como las marchas de OFRANEH a la capital del 12 de abril demuestran, las comunidades garífunas seguirán luchando para que se les respetan sus territorios y derechos como pueblo indígena y negro. Los garífunas en Honduras son una comunidad agredida, históricamente marginada y con alta vulnerabilidad, pero se mantienen firmes en la defensa de la comunidad y el refuerzo de su autodeterminación y autonomía. Un recuento de hechos violentos muestra cómo la justicia de Honduras tiene una enorme deuda con los garífunas. Estos hechos son como heridas que no sanan y sangran cada vez que se tocan. Un pueblo vejado, humillado y al que nunca se le hace justicia. La impunidad es como un fantasma que aporrea a la comunidad, sin que nadie venga al auxilio, pero con un fuerte sentido de resiliencia y resistencia que no se dejan vencer.
Kenny Castillo es un periodista y activista garífuna hondureño radicado en Tegucigalpa. Castillo tiene una licenciatura en periodismo de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH) y dirige Wa-Dani.news, una plataforma que ofrece noticias, reportajes e historia sobre los garífunas en el país y la diáspora global.
Cristian Padilla Romero es un inmigrante de la generación 1,5 nacido en Honduras y actualmente candidato a doctorado en Historia de América Latina y el Caribe en la Universidad de Yale. Cristian es un estudioso de la historia centroamericana moderna con especial atención en las historias de Honduras, la diáspora africana y el imperio estadounidense.
