To read this article in English, click here.
Los principales partidos de la oposición venezolana, incluyendo los que realizaron un ensayo de interinato desde 2019 desconociendo al gobierno de Nicolás Maduro y a las instituciones electorales, han decidido participar, por primera vez en cuatro años, en las megaelecciones del 21 de noviembre, donde se elegirán todos los gobernadores y alcaldes del país.
Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, y hasta Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó, todos se han congregado en una tarjeta unificadora: Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Han decidido lanzar candidatos por primera vez desde las elecciones regionales de 2017, generando con esto un giro estratégico para pasar la página del conflicto agónico y comenzar un proceso de normalización política.
La MUD es una tarjeta electoral de coalición opositora que se formó en 2008 y resultó rotundamente victoriosa en las parlamentarias de 2015. Fue abandonada durante el paréntesis abstencionista (fase en la que apostaron todo por una salida a la fuerza) que se impuso desde 2017 después de un boicot de la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente. En las regionales de 2017 los partidos prefirieron no utilizarla por cuestiones estratégicas y asistieron sin tarjeta única, cada uno por su lado. En 2018 fue inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia. Ha sido habilitada de nuevo en junio de este año.
El cambio de estrategia puede resumirse en las palabras de Julio Borges, "canciller" del gobierno paralelo. “Creo que todos tenemos que estar conscientes de que o ya se cerró un ciclo o estamos a punto de cerrar un ciclo de lo que era el esquema con el cual se ha construido, en estos últimos años, la lucha,” dijo en una entrevista. “El esquema con el cual nos hemos manejado estos tres años pudo tener éxito, pero debido a muchos errores o debido a expectativas que se sembraron, no se logró la meta. Pretender que sigamos en la continuación de esto como si fuera un fin en sí mismo es un error.”
Continuó: “Hoy la oposición se encuentra quizá en su momento más difícil y más crítico. Nosotros tenemos que estar a la altura. Debemos reconstruir un camino, reconstruir la unidad y saber que hay que suprimir y dejar de lado muchas estructuras, mucha narrativa política que ya ha demostrado que ya tiene que ser superada”.
Dirigentes opositores que se encontraban en el exilio, incluidos algunos que impulsaron públicamente el golpe militar del 30 de abril de 2019, hoy se encuentran en las calles de diferentes regiones realizando movilizaciones en su campaña por cargos de representación territorial, y esto es un cambio importante no solo en la esfera política sino también en la cotidianidad del venezolano.
Todo esto ocurre cuando, después de ocho años de una crisis severa y tres años de sanciones financieras de varias potencias mundiales en contra del gobierno, se sienten mejoras macroeconómicas relacionadas con la inflación y el abastecimiento.
Mientras tanto, las negociaciones en México entre el gobierno y la oposición, bajo la mediación de Noruega, se encuentran estancadas.
La definitiva extradición de Cabo Verde a Estados Unidos a mediados de octubre del empresario colombiano Alex Saab, quien había sido incluido semanas antes en la comisión del gobierno que asiste a la mesa de negociaciones en México, ha producido la retirada del gobierno y por ende una interrupción en las conversaciones que se venían realizando desde el mes de agosto. Hasta ahora no ha supuesto obstáculos al menos durante esta campaña electoral que sigue su curso, pero no sabemos como puede entorpecer el clima político a posteriori.
El reto de cambiar la narrativa opositora
La oposición se juega su reconfiguración política según los resultados que puedan conseguir sus líderes nacionales y partidos que participan en el proceso. Pero más que resultados regionales favorables, la oposición busca entrar nuevamente en el redil electoral que abandonó durante tres procesos electorales permitiendo, por forfait o inasistencia, una hegemonía política casi total al chavismo en las regionales de 2017, presidenciales de 2018 y las legislativas de 2020.
Con líderes inhabilitados, partidos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, y traslados arbitrarios de centros electorales para los electores, la oposición basa su lucha en conseguir las mejores condiciones electorales posibles para 2021— y las ha venido consiguiendo —. La Unión Europea, por ejemplo, envía una misión observadora por primera vez en 15 años.
Tomás Guanipa, quien fungió hasta hace pocas semanas como “embajador” del interinato de Guaidó en Colombia, lleva días en campaña en los barrios de la capital como candidato para la alcaldía de Caracas, agitando a las masas para que vuelvan a votar por la MUD. En plena campaña electoral el candidato opositor a la alcaldía más importante del país dice: “No tenemos todas las condiciones que deberíamos tener en democracia, pero tenemos que actuar con realismo también del momento político”.
En los últimos años, la falta de condiciones libres y justas fue la justificación principal por llamar a boicotear los comicios. Han recalcado que "la dictadura" no permite otro triunfo que no sea el de su fórmula electoral denominada Gran Polo Patriótico.
“[Lo que] podemos hacer con la tarjeta de la MUD,” continua Guanipa, “[es] la habilitación de candidatos que hoy están compitiendo, eliminación de puntos rojos [por medio de los cuales el partido de Gobierno ejerce control social sobre los votantes] que es un tema en el que aún trabajamos, la nueva composición de las mesas electorales, sistema de votación y auditoría y la observación internacional—son cosas que se vienen dando y que son una oportunidad para usar nuestro voto como mecanismo de presión y ejercer mayoría”.
La asistencia de la misión electoral europea genera alguna confianza en la oposición para que las arbitrariedades no definan alguna región por sobre el voto y se mantengan las condiciones actuales, esto es que no haya inhabilitaciones de última hora a los candidatos ni que los electores puedan ser cambiados de centro electoral, por ejemplo.
Pero el principal problema actual de la oposición no son las condiciones electorales sino abatir la abstención que ellos mismos convocaron. Así, la debilidad de la oposición para la actual campaña estriba en que no está del todo comprendido el cambio desde el relato abstencionista hacia uno en el que piden el voto de sus seguidores. El abstencionismo ha sido desterrado del discurso opositor, pero aun no sabemos —y esto lo comprobaremos en el evento— si también de los electores de oposición.
Aunque pocos dirigentes actuales son explícitos en el llamado a la abstención, varios presentan discursos dubitativos y no hacen una convocatoria entusiasta, sino que recalcan las faltas de condiciones. Esto lo que hace posible que las masas electorales opositoras, que arrasaron en las legislativas de 2015 antes de formalizar la convocatoria abstencionista, no comprendan la nueva narrativa opositora, diametralmente contraria a la anterior, y esto provoque alta abstención en su propia militancia.
Esta posibilidad es un imponderable de primer orden para los resultados. Mientras tanto, la oposición atraviesa una crisis de liderazgo debido a la derrota política y a los escándalos de corrupción en el interinato que ha provocado un enfrentamiento público entre sus componentes. Este conflicto se ha avivado con recientes y públicos enfrentamientos entre líderes de partidos de Primero Justicia y Voluntad Popular, ambos pertenecientes a la MUD. A esto se suman los partidos disidentes de oposición que pueden restar votos decisivos, incluidos el de algunos gobernadores en ejercicio.
¿Una vuelta a la alta participación?
Al chavismo le conviene la alta abstención, ya que en las últimas elecciones ha podido arrasar gracias a ella. Con el 20 por ciento del padrón electoral, el partido de gobierno ha logrado controlar políticamente al país en los últimos comicios en los que la abstención ha sido del 54 por ciento en las presidenciales de 2018 y de 71 por ciento en las legislativas de 2020.
Para comprender la merma en la elección del partido oficialista habría que analizar que en las parlamentarias de 2015, en las que salió derrotado de manera abrumadora, sacó un millón de votos más que en las de 2020 en las que, paradójicamente, arrasó. La diferencia entre ambos procesos es que la abstención fue en de 26 por ciento en 2015, un porcentaje que mas que duplicó en la de 2020.
La abstención, de ser la bandera de lucha de la oposición radical en los últimos años, se ha vuelto la esperanza del chavismo para ganar cómodamente.
Gracias a esta estrategia opositora, basada en concentrar fuerzas en la preparación de un escenario disruptivo o insurreccional, el partido oficialista hoy tiene 19 de las 23 gobernaciones y 310 de las 335 alcaldías del país, algo que podría mantenerse o cambiar este 21 de noviembre, y cuyo resultado va a repercutir tanto la política de los próximos años como en la propia mesa de negociación en México después del evento electoral. Quien resulte ganador de esta contienda tendrá mayor poder para negociar en la mesa.
En la medida en que la oposición entusiasme a las mayorías irá ganando espacios de representación. Si la oposición lograra regresar al escenario del 2015, en el que consiguió el 56 por ciento del voto con alta participación, seguramente lograría una mayoría importante en las gobernaciones y alcaldías, especialmente las más importantes del país, y daría un vuelco al mapa político nacional.
Por ello, rediseña su estrategia y toma a las elecciones como su vehículo para conquistar el poder. Quedan, después de estas regionales, la posibilidad de activar un referendo después de 2022 y participar en las presidenciales de 2024. Pero aún no se visualiza una oposición lo suficientemente unida y fuerte para emprender esas coyunturas, especialmente porque los liderazgos más apegados a Washington —como Leopoldo López, el propio Guaidó y el poderoso conglomerado mediático que manejan todavía— no hacen un llamado activo a votar. Más bien, repiten que no hay condiciones electorales, lo que evidentemente desestimula la asistencia electoral, especialmente del voto duro opositor.
Todo ello viene en medio de una mejora importante en las expectativas en torno a la economía venezolana. Varias firmas económicas y centros de estudios proyecten crecimiento económico para 2022; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), por ejemplo, calcula un crecimiento del 1 por ciento por primera vez en ocho años.
A pesar de toda esta tendencia hacia la normalización política, el gobierno de Estados Unidos y los de la Unión Europea, que ha enviado una misión de observación electoral para el evento, no han destrabado la aplicación efectiva de sanciones financieras ni enviado señales de que podrían modificar su actitud al respecto, lo que dificulta la normalización económica debido a los problemas de abastecimiento de combustible y la capacidad de la estatal petrolera para vender el petróleo.
Ociel Alí López es analista político, profesor de la Universidad Central de Venezuela y colaborador en diversos medios de Venezuela, América latina y Europa. Con su libro Dale más Gasolina fue ganador del premio municipal de literatura mención investigación social.
