La revolución que no fue feminista

El chavismo cooptó un discurso de derechos de la mujer, pero no respondió a las demandas feministas fundamentales. La lucha por el acceso al aborto sigue siendo clave.

March 11, 2022

Una marcha por la despenalización del aborto, Plaza Morelos de Bellas Artes, Caracas, Venezuela, el 28 de septiembre 2021. (Jessika Ramírez Paz)


Este artículo forma parte del ejemplar de primavera 2022 del NACLA Report, nuestra revista trimestral.


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En los inicios del siglo XXI los gobiernos chavistas aprobaron distintas leyes y decretos que impulsaron mejoras para la condición de las mujeres. La reintegración de las medidas de protección de las víctimas de violencia frente a sus agresores en la Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de 2007 es analizada por la académica y militante feminista Gioconda Espina como un logro de las luchas unitarias de las distintas vertientes históricas del feminismo en Venezuela. Ley que además integra desde su reforma de 2014 el femicidio como un delito específico que representa “la forma extrema de la violencia de género”. Sin embargo, múltiples son las críticas respecto a la efectiva protección de las mujeres y sus derechos en Venezuela, en especial dada la falta de respuesta de la justicia venezolana. Según los cálculos del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, en el año 2011, de 58.241 casos de violencia de género presentados al Ministerio Público, solo 2.165 (menos de 4 por ciento) fueron llevados a tribunales, lo que deja un aire de impunidad respecto a la violencia de género en el país.

Hoy en día, el peso de las profundas y duraderas crisis venezolanas reposa en gran parte sobre las mujeres, quienes se encargan de los cuidados necesarios para afrontar la vida cotidiana mientras viven en sus cuerpos el riesgo de la violencia y los problemas de salud sexual y reproductiva. Efectivamente, las crisis han provocado fuertes aumentos en las tasas de embarazo y mortalidad materna, aunadas a la escasez y precios prohibitivos de los contraceptivos que dejan como consecuencia cifras de hasta 70 por ciento de mujeres en edad de reproducción sin acceso a métodos de prevención de embarazos y enfermedades sexuales. Dicha realidad, en un país donde el aborto no es solo ilegal sino punible con penas de hasta dos años de cárcel.

Para pensar en estos 20 años de gobiernos chavistas post golpe de 2002 y su relación con los derechos de las mujeres y las luchas feministas, entrevistamos a Marisela Betancourt, mujer y madre migrante identificada con la izquierda quien describe su llegada al feminismo como respuesta a una experiencia personal sobre su autonomía subjetiva y física. Betancourt es integrante de la organización 100% estrógeno, dedicada a la promoción de la formación en perspectiva de género, a la defensa jurídica de las mujeres en situación de vulnerabilidad y a la promoción del derecho al aborto.


Yoletty Bracho: En el texto “La mujer, la mujer, la mujer” de sus “Líneas” escritas en 2009, Hugo Chávez afirma que “Sin la verdadera liberación de la mujer, sería imposible la liberación plena de los pueblos”. ¿Cómo ha integrado (o no) el chavismo el tema de los derechos de las mujeres en su discurso y en sus actos de gobierno?

Marisela Betancourt: El chavismo ha manejado como premisa en su discurso el principio de excepcionalidad. Es decir, que la llegada de Hugo Chávez al poder fue el comienzo de un proceso político de innovación. En un acto de la Unión Nacional de Mujeres (UNAMUJER, organización impulsada desde el gobierno como una unión nacional en pro de los derechos de las mujeres) en el 2015 Nicolás Maduro lo sintetiza todo: “Tuvo que llegar Hugo Chávez para que la mujer empezara a ocupar espacios, nuevos espacios en la vida social, institucional, económica, política". Fue de esta manera como el chavismo se hizo con el monopolio identitario de la izquierda y, cualquier otra fuerza política que pretendiera disputar esta identidad, era inmediatamente contrarrestada por la maquinaria mediática y acusada de estar cooptada por el enemigo.

El feminismo como movimiento político que antecede al chavismo, es también entendido desde estas esferas como una incomodidad para la retórica sobre la cual el chavismo es siempre pionero. Como solución a esta disyuntiva, al sujeto político por excelencia de los procesos nacional-populares de la izquierda latinoamericana, el pueblo, lo recubrieron de un significante que intenta emular una perspectiva de género pasando a ser la mujer del pueblo. De esta forma la mujer pobre venezolana se convirtió en un actor fundamental de la revolución, en contraste a lo que representaban las otras mujeres, la mujer burguesa. De hecho, hubo una tendencia durante las dos últimas décadas a caricaturizar a la mujer venezolana no-chavista, vinculándola al malinchismo y a la traición a la patria. La mujer burguesa no se asume en el discurso oficial como mujer sujeto de derechos, sino como una mujer que no necesita de las reivindicaciones socialistas, porque las políticas públicas del chavismo para revertir la desigualdad de genero se han limitado en gran medida a políticas asistencialistas.

En ese contexto, el protagonismo que se le permitió a las mujeres durante el período chavista fue principalmente en tres direcciones: por un lado, las mujeres como vanguardia para la organización de base del partido, luego la mujer como fuente de vida y protección de la familia y, por último, la mujer en espacios de representación política.

Dado que el chavismo entiende el feminismo esencialmente como un otorgamiento de prebendas a las mujeres pobres, orientadas principalmente a la perpetuación de los roles de género a partir de la idea patriarcal de la maternidad, esta visión se expresa en los contenidos de sus políticas públicas en materia de género. Se puede evidenciar, por ejemplo, en los enunciados de la propia legislación:  Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad; Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna; Ley Orgánica de los Consejos Comunales que contempla la creación de comités de familia e igualdad de género. Luego están los programas de parto humanizado y lactancia materna que son las principales banderas del gobierno nacional en estos momentos. Incluso las licencias laborales por nacimiento de hijos se delimitan para la mujer, negando la igualdad de género en asuntos de cuidado.

Desde el discurso oficial se construye una idea que la mujer venezolana posee una resiliencia superior a la de los hombres y, a esta, la revolución feminista le otorga mecanismos para resistir de mejor forma las condiciones de desigualdad estructural y de vulnerabilidad, pero no necesariamente para combatirlas.  Es el todoterrenismo de la mujer venezolana, reproducido en el discurso mediático y político, que de algún modo también replica una lógica profundamente capitalista y patriarcal que entiende a las mujeres como depositarias de tipos de producción: producción de hijos y producción de placer. Es la idea de mujer como sostenedora de la nación, de la familia, de la economía, y ahora de la revolución. Una forma de chantaje a partir del cual exacerbar la autoestima de las mujeres en condiciones de pobreza y desigualdad, les genera una valoración propia que influye en la manera como estas enfrentan las penurias y cómo se vinculan con el poder político.

"217 femicidios", el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre 2020. Hubo 217 femicidios en Venezuela en los primeros 10 meses de 2020. (Jessika Ramírez Paz)

YB: Si en Venezuela hay luchas por los derechos de las mujeres, es gracias al movimiento feminista activo al menos desde el siglo XX. ¿Qué relación ha tenido el chavismo con las organizaciones feministas? ¿Qué vínculos concretos han existido entre la reivindicación feminista del socialismo chavista y la obtención de derechos exigidos por las organizaciones feministas?

MB: El chavismo se perpetuó en Venezuela con niveles muy altos de polarización, pero también de popularidad, y esa hegemonía le permitió, a partir de una lógica belicista, gobernar sin necesidad de establecer alianzas en todos los sectores. La hegemonía le permitió asumir que no necesitaba de otros sectores del país para concretar la materialización de sus luchas, además los altos niveles de polarización y de violencia política hicieron que se vieran a mujeres que coincidían en reclamos entre si, como enemigas políticas.

Los avances que se dieron durante el chavismo en cuanto a derechos humanos de las mujeres han sido tibios. En los comienzos del gobierno de Chávez se dieron impulsos hacia la participación política de las mujeres, pero contradictoriamente, los espacios ofrecidos eran principalmente cargos de designación unilateral y de alcance nacional, es decir, designadas por los líderes hombres. Las mujeres que hacen política en espacios locales, rurales y desde las bases de los partidos se encuentran con una muralla de obstáculos, desde violencia política por condición de género, hasta exclusión a partir de quienes utilizan la meritocracia como argumento misógino. Por su lado, las mujeres que se deslindan de la idea psuvista de lo que debe ser o no ser el feminismo son blanco de ataques, acusaciones y criminalización, poniendo así en riesgo la militancia de las organizaciones por los derechos humanos de las mujeres. 

La Ley de Sufragio de 1997 incluía como mandato una cuota de candidaturas de 30%, pero la posterior Constituyente de 1999 desaplicó este principio y dejó a criterio de disposiciones administrativas del Consejo Nacional Electoral (CNE) el principio de cuotas con el argumento de que la paridad atentaba contra la igualdad. No fue sino hasta las elecciones regionales del año 2021 cuando el CNE obligó a los partidos políticos a cumplir con el principio de 30% de candidaturas, pero sólo aplicado al ámbito legislativo. Sin embargo, el chavismo ha sido la fuerza política que ha tenido mayor cantidad de mujeres en su representación, tanto en sus candidaturas, en su gabinete ejecutivo y como cabeza de los poderes públicos. Una contradicción que se entiende solo como el interés de cooptar mujeres alineadas políticamente que respondan en primera instancia a los lineamientos partidistas. Es por eso que la representación política de mujeres no es garantía automática de la aplicación de políticas públicas con enfoque de género.

Esto nos muestra que el momento político para el avance de los derechos de las mujeres solo puede ser construido por las mujeres, sin plegarse a los tiempos electorales, e independientemente de los intereses partidistas que se disputan en el mapa electoral del país.

Una marcha por la despenalización del aborto, Plaza Morelos de Bellas Artes, Caracas, Venezuela, el 28 de septiembre 2021. (Jessika Ramírez Paz)

YB: Uno de los derechos esenciales para las mujeres es el derecho al aborto. En varias ocasiones se han producido movilizaciones pro-aborto en Venezuela, incluyendo la reciente “Ruta verde” en la que organizaciones feministas de distintas sensibilidades políticas se reúnen para exigir “la despenalización legal y social de la interrupción del embarazo”. Dichas movilizaciones han sido incluso recibidas por comisiones parlamentarias en el pasado. Sin embargo, no hemos visto cambios en la ley. Al contrario, continua el trato represivo a militantes que asisten a personas deseando abortar, como fue el caso de Vanesa Rosales, la defensora de los derechos de las mujeres quien fue apresada y juzgada por haber ayudado a una adolescente de 13 años a abortar tras haber sido violada. ¿Cuáles son las trabas al derecho al aborto en Venezuela? ¿Qué rol ha tenido el chavismo en la (de)construcción de esas trabas?

MB: El chavismo es un proceso político en el que confluyen diferentes fuerzas, diferentes corrientes de pensamiento, actores muy diversos y en cada uno de los gobiernos chavistas se han impuesto corrientes internas contrapuestas. Si bien el chavismo tiene en sus orígenes un linaje profundamente conservador que abarca los valores intrínsecos del militarismo, pasando por la impronta de Norberto Ceresole —sociólogo argentino quien fungió como asesor de Hugo Chávez y quienes teorías sobre la tríada ejército, caudillo, pueblo inspiraron la posterior unión cívico-militar enaltecida por el chavismo— hasta el machismo mas evidente que emana de los procesos revolucionarios latinoamericanos de mediados del siglo XX, también convive con mucho eclecticismo que le ha permitido arrastrar una base electoral mas heterogénea.   

Cuando se identifica la naturaleza de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro por separado, cada uno en su dimensión y autonomía, podemos determinar que ambos se dan en contextos internacionales muy disímiles. La ola progresista latinoamericana fue un fenómeno que abarcó gran parte del continente y, a partir del cual, se ejercieron presiones hacia la conquista de demandas sociales mucho más liberales que habían quedado rezagadas o habían sido revertidas durante los períodos en los que ha gobernado la derecha mas conservadora. Hoy el contexto es otro, la rebeldía se ha vuelto de derecha, como indica el periodista argentino Pablo Stefanoni en su más reciente libro. Estamos ante una sociedad con miedo a la incertidumbre, al otro, a lo nuevo y frente a un perfeccionamiento de la gobernanza autoritaria. En este contexto, Venezuela en los últimos años ha tenido mayores acercamientos discursivos hacia el conservadurismo.

Sin embargo, si algo hay que rescatar de los últimos dos años es que en la medida en que se despolariza el país, se han logrado acuerdos conjuntos entre feministas de diferentes sectores. Un ejemplo reciente de esto fue el evento del 28 de septiembre de 2021 durante el Día de Acción Global para el acceso al Aborto Legal y Seguro en el que se llevó a cabo la primera marcha en Venezuela por la despenalización del aborto. Fué una marcha histórica en la que coincidieron en demandas sociales las feministas de diferente signo político.  Así como se está reencontrando la sociedad con nuevos interlocutores que antes se excluían entre sí, se está entendiendo la necesidad de coexistir, y de la misma manera se están reencontrando las feministas de diversas fuerzas. En la medida en que se deshielan los polos políticos, movimientos de distinto signo tienen la capacidad de entender que muchos objetivos son comunes.


Yoletty Bracho es candidata al doctorado en ciencias políticas de la Universidad Lumière Lyon 2. Ha estudiado la relación entre las organizaciones populares y el Estado, y trabaja junto a organizaciones de migrantes venezolanos en Francia.

Marisela Betancourt es politóloga con experiencia en medios de comunicación y diseño de políticas públicas. Militante feminista del movimiento 100% estrógeno, realiza actualmente una maestría en la Universidad de Los Andes.

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