"Ja, que se pudra en la cárcel, y ahí va Pepe Lobo también”, dijó Gabriela jubilosamente. "Y a ver si Mel también va atrás de Pepe Lobo,” añadió riéndose. Le había enviado un mensaje de texto a mi amiga Gabriela al ver la noticia de que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH) fue condenado por narcotráfico y de armas en un tribunal federal de Nueva York el 8 de marzo. JOH será sentenciado el 26 de junio y enfrenta entre 40 años y cadena perpetua. Gabriela es una maestra de escuela primaria hondureña que tiene un segundo empleo para mantener a sus cuatro hijos; ella, como muchos hondureños, celebraron la noticia de que JOH pasaría lo que potencialmente sería el resto de su vida en una celda de una prisión estadounidense. Sin embargo, las consecuencias de los dos mandatos presidenciales de JOH y la rampante narcocorrupción siguen omnipresentes en Honduras. Gabriela es un seudónimo; los hondureños no disfrutan de la misma libertad para hablar abiertamente sobre la narcocorrupción y la violencia en su país como disfruto yo como gringa.
Si bien la felicidad de Gabriela por la noticia de JOH fue contagioso, la hipocresía de Estados Unidos al traer a JOH a la justicia fue difícil de procesar. Después de todo, fue EE.UU. que permitió a JOH ascender y mantener el poder durante dos mandatos. Fue el consumo de drogas en los EE.UU. que financió e impulsó la narcocorrupción en Honduras antes y durante la administración de JOH. Fue los EE.UU. que armó las fuerzas militares de JOH. Además, Gabriela señaló enseguida que el predecesor de JOH, Porfirio "Pepe" Lobo" y el expulsado ex presidente Manuel "Mel" Zelaya podrían ir detrás de él. La actual presidenta, Xiomara Castro, es además la esposa de Zelaya. Está claro que JOH no es más que un ejemplo drástico de un problema mucho más sistemático; un problema sistemático que los EE.UU. creó y sigue exacerbando en Honduras.
De republica bananera a republica de la cocaína
A principios del siglo XX, Honduras fue un campo de pruebas para el imperialismo estadounidense y el arquetípico "República bananera". Las primeras intervenciones de EE.UU. en Honduras para proteger los intereses capitalistas afianzaron la influencia de Washington en el país. Como resultado, el ejército se convirtió en la 'institución política más desarrollada' de Honduras. Cuando Reagan llegó al poder, Honduras ya había ganado el apodo de la “República del Pentágono”.
El narcotráfico en Honduras precede a la Guerra de los Contras y ha estado largamente enredado con la política y las fuerzas armadas del país. Sin embargo, el uso de Honduras por parte de los EE.UU. como un punto de apoyo para sus intervenciones de la Guerra Fría en Centroamérica —especialmente durante la administración Reagan— fortaleció estas alianzas corruptas.
La Guerra de los Contras en Nicaragua, respaldada por EE.UU., trajó un aumento significativo de ayuda y entrenamiento militar estadounidense a Honduras; esta financiación a menudo reforzó directamente el poder de las narcoélites corruptas.
A principios de la década de 1980, el esfuerzo antinarcótico estadounidense se centró en interrumpir rutas de tráfico a través del Caribe hasta Florida. Aumentó enormemente la importancia de Centroamérica como centro de tráfico y corredor de transbordo. Mientras tanto, los esfuerzos de EE.UU. en Honduras se vieron obstaculizados por intereses políticos en el país. Por ejemplo, la oficina de la DEA en Tegucigalpa fue cerrada en 1983, apenas dos años después de su apertura. Oficialmente el cierre se debió a motivos de presupuesto. Sin embargo, la investigación sugiere que la verdadera razón fue que los esfuerzos de la DEA estuvieron en conflicto con prioridades de la CIA de apoyar a los Contras. Como parte de esfuerzos por armar, financiar, y entrenar a los Contras, EE.UU. se asoció directamente con varios narcotraficantes conocidos. Un ejemplo claro de esto es Juan Ramón Matta Ballesteros, a quien se atribuye la vinculación de narcoproveedores colombianos, entre ellos el Cártel de Medellín, con organizaciones traficantes mexicanas, como el Cártel de Guadalajara. Matta Ballesteros también era un contacto cercano de la CIA y su aerolínea, SETCO Air, recibió un contrato del Departamento de Estado de Estados Unidos para llevar ayuda a los contras nicaragüenses. Terminaría en prisión por estar implicado en la tortura y asesinato de 1985 del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. Los lazos corruptos y redes entre narcotraficantes y las políticas, económicas y militares hondureños, que Matta Ballesteros fomentó mientras fue considerado un aliado clave de EE.UU., persistieron después de su arresto.
Con el fin de la Guerra Fría y las guerras civiles centroamericanas, el papel de Centroamérica como centro de trafico y transbordo de cocaína continuó expandiéndose. La política respaldada por EE.UU. se desplaza hacia el neoliberalismo a lo largo de la década de 1990 hizo que los Estados centroamericanos fueran más susceptibles a los mercados ilícitos. Al mismo tiempo las reformas neoliberales facilitaron el flujo de bienes tanto ilícitos como lícitos en toda la región.
El golpe y sus consecuencias
En 2009, el ex presidente hondureño Zelaya fue derrocado mediante un golpe militar. EE.UU. apoyó al menos pasivamente ese golpe y fue clave para legitimar el proceso del nuevo gobierno posterior al golpe. La justificación del golpe por parte del Partido Nacional y del ejército hondureño fue que era necesario para proteger la democracia ya que Zelaya buscaba cambiar la constitución y permanecer en el poder. De hecho, Zelaya simplemente estaba abogando por una votación democrática sobre un referéndum no vinculante para ver si la población hondureña querría considerar enmendar la constitución para permitir la reelección. Además, era el Partido Nacional el que realmente violaría la constitución e impulso a la reelección en Honduras. El presidente Porfirio “Pepe” Lobo y JOH, entonces jefe del Congreso Nacional, llenó la Corte Suprema de partidarios. Unos años más tarde, en 2015, el expresidente Rafael Callejas del Partido Nacional presentó demanda ante el tribunal Supremo de Honduras alegando que los límites del mandato presidencial violaban sus derechos humanos. El tribunal falló a favor de Callejas y el Partido Nacional, lo que permitió la candidatura de JOH a la reelección en 2017.
EE.UU. suspendió brevemente la ayuda militar después del golpe. Sin embargo, el aumento reportado en el narcotráfico que siguió al golpe de Estado llevó a mayores esfuerzos por parte de los EE.UU. para emprender esfuerzos militarizados contra las drogas en Honduras. Los informes estadounidenses sugieren un vacío de poder como causa del aumento de tráfico. Pero en realidad fueron los actores políticos que asumieron el poder y a quienes EE.UU. ayudó a legitimar que provocaron el aumento del flujo de cocaína a través del país.
La violencia se disparó en Honduras, convirtiéndose en el país más violento del mundo en 2013 en términos de homicidios dolosos. Esta violencia y caos de la era posterior al golpe sirvieron de telón de fondo para una nueva ola de reformas neoliberales. Bajo el presidente Lobo, quien declaró “Honduras está abierta al negocio” y bajo su sucesor JOH, las industrias extractivas se expandieron en Honduras y el país privatizó numerosas industrias y servicios sociales nacionales, incluidos los de energía y telecomunicaciones. Las privatizaciones limitaron el acceso de los hondureños pobres a los servicios básicos, mientras que la expansión de los agro negocios y las industrias extractivas aumentó los conflictos violentos por la tierra y exacerbó la narco deforestación. Asociaciones público-privadas en Honduras y contratos gubernamentales para las nuevas industrias privatizadas también resultaron ser medios muy lucrativos para lavar dinero del tráfico de drogas. Previo al golpe se difuminaron las industrias lícitas e ilícitas, a la vez que enriquecía a sus corruptos benefactores políticos.
Aunque el nivel general de violencia aumentó, la violencia selectiva contra miembros de la resistencia al golpe y los izquierdistas aumentó desproporcionadamente. Se hizo letal la resistencia a los intereses políticos y económicos de las narco-élites y de los políticos del Partido Nacional. La ayuda de seguridad estadounidense supuestamente era para combatir el narcotráfico y mejorar las condiciones de seguridad en Honduras (con la esperanza de que eso frenará la migración indocumentada). En realidad apoyó a las fuerzas de seguridad hondureñas que fueron implicadas en repetidas ocasiones en actos de violencia contra comunidades afroindígenas marginadas, miembros de la comunidad LGBTQ, activistas ambientales y de derechos humanos, defensores de la tierra y manifestantes pacíficos en el país.
Armando dos lados del conflicto
Aunque ahora parezca gracioso, EE.UU. promocionó a JOH como uno de sus mayores aliados en la guerra contra el narcotrafico. Donald Trump, ex presidente estadounidense y el principal candidato presidencial republicano, afirmó que JOH estaba trabajando "muy estrechamente" con EE.UU. y "deteniendo las drogas a un nivel que nunca ha sucedido.” John F. Kelly, jefe de SOUTHCOM de 2012 a 2016 y jefe de gabinete de Trump, se refirió a JOH como un “buen amigo” y un “gran tipo”. Durante las dos administraciones de JOH, EE.UU. proporcionó abundantes recursos y fondos a Honduras para la lucha contra el narcotráfico. Este enfoque se justificaba por los informes que citaban que los narcotraficantes se aprovechaban del vacío de poder. Sin embargo, el narcotráfico en Honduras no se produce a pesar del Estado o debido a su ausencia, sino a través de él. Y armar a líderes antidemocráticos involucrados en el narcotráfico no va a lograr interrumpir el flujo de narcóticos. Además de ser contraproducente para desbaratar los flujos de drogas, la seguridad y el apoyo antinarcótico estadounidense exacerban la violencia.
A través de ayuda de seguridad, EE.UU. arma directamente a actores estatales violentos. Por ejemplo, Julián Pacheco Tinoco, ex comandante militar y ministro de Seguridad (2015-2022), fue implicado en testimonio ante un tribunal estadounidense por tráfico de cocaína a través del país en 2016. De nuevo fue implicado en testimonios en 2017 y 2019, y vinculado al encubrimiento del asesinato de Berta Cáceres. Sin embargo, durante toda la administración de JOH, Pacheco siguió siendo el Ministro de Seguridad hasta 2022. Durante ese tiempo, supervisó la policía nacional de Honduras. Como escribió Jake Johnston para Intercept en 2017: “Con cientos de millones de dólares de asistencia estadounidense destinados a las fuerzas de seguridad hondureñas, Pacheco es uno de los actores más importantes en la cooperación del país en seguridad y lucha contra el narcotráfico”. La ayuda de seguridad estadounidense también puede conducir directamente a armas llegan a grupos criminales. En un artículo sobre el tráfico de armas en Centroamérica, Mark Ungar informó en 2022 que en Honduras, “un cuerpo militar de élite especial vendió armas a redes de crimen organizado, mientras que la policía declara como ‘perdidas’ las armas que venden.”
La ayuda en materia de seguridad está lejos de ser la única forma en que EE. UU. arma el conflicto en Honduras. El tráfico ilícito de armas es un problema importante pero también lo son nuestras ventas comerciales legales de armas. Se estima que el 50 por ciento de las armas recuperadas en escenas de crímenes en la región provienen de exportaciones autorizadas de los EE. UU. En el periodo después del golpe militar, EE.UU. autorizó la asombrosa cifra de más de 1.500 millones de dólares de ventas de armas al país.
EE.UU. arma a ambos lados del conflicto a través de ayuda de seguridad y venta de armas comerciales y nuestra incapacidad para detener el flujo ilícito de armas hacia el sur, por no hablar de las armas que quedan de la época de Guerra Fría.
“Meter la droga a los gringos en sus narices”
En una reunión con Geovanny Fuentes Ramírez, JOH supuestamente se jactó diciendo “Les vamos a meter la droga a los gringos en sus narices". Sin embargo, los hondureños no tienen que meterles nada. EE.UU. es el principal consumidor mundial de cocaína y los flujos de narcóticos son consecuencia de la demanda, no de la oferta. En otras palabras, el consumo de cocaína en Norteamérica es la razón por la que la cocaína circula a través de Honduras, y no al revés. Sin demanda no habría motivación para suministrar la droga ilícita. Como varios traficantes que entrevisté durante un trabajo de campo me dijeron: Los gringos pueden arrestar a tantos traficantes como quieran en Centroamérica, pero siempre habrá un suministro constante de cocaína dado el potencial de ganancias creado por los mercados internacionales ilícitos.
Las ganancias del consumo de los gringos a su vez financian la extensa corrupción en Honduras, mientras que las políticas de extradición estadounidense han motivado aún más la narco-inversión en el país. En 2012, bajó presión estadounidense, Honduras promulgó reformas constitucionales para permitir la extradición. Los traficantes invierten en política con la esperanza de tener enclaves de protección. Según algunas estimaciones, el 90 por ciento de los fondos de campaña provienen de fuentes ilícitas. La extensa narco-inversión en política socava la gobernanza efectiva y la democracia.
Deconstruyendo el narcoestado
Si bien es difícil subestimar la hipocresía de que EE.UU. sea quien lleve a Juan Orlando Hernández ante la justicia, ahora habrá una forma de rendición de cuentas. Sin embargo, no hay responsabilidad por el papel estadounidense en el fomento de la narco-política dentro de Honduras, que comenzó antes de JOH y continúa hoy.
En 2021, Xiomara Castro ganó las elecciones presidenciales, poniendo fin a más de 11 años de gobierno continuo del Partido Nacional desde el golpe. Una de sus promesas de campaña fue traer a Honduras una comision internacional contra la impunidad (CICIH), que sería un primer paso crítico para desenredar décadas de narco-corrupción. Una comisión similar en Guatemala (CICIG) logró mejoras significativas en términos de reducción de la violencia (evitando aproximadamente 20.138 asesinatos entre 2008 y 2019) y aumentando la rendición de cuentas, antes de que la política interna y una reducción en el apoyo financiero de EE.UU. (debido a los esfuerzos liderados por el senador republicano Marco Rubio) resultaran en su desaparición. No obstante, la CICIG muestra el potencial de estas comisiones para comenzar a abordar la corrupción arraigada y los ciclos de violencia.
Además de apoyar a la CICIH, EE.UU. también debe considerar su papel en la creación y el mantenimiento de un narcoestado en Honduras. Necesita poner fin a su fallida guerra contra las drogas, que ha costado más de un trillón de dólares. Esta guerra que fracasó por completo en su objetivo declarado de reducir el consumo de drogas y resultó en innumerables vidas perdidas, tanto debido a la creciente violencia al sur de la frontera EE.UU.-México, como a los casos de sobredosis que podrían haberse evitado mediante un enfoque de salud pública. Debería reconsiderar su ayuda de seguridad a Honduras así como las ventas comerciales de armas autorizadas, y tomar medidas para reducir el contrabando de armas. Por último, como mínimo, EE.UU. necesita reconsiderar urgentemente su trato hacia los hondureños que huyen de condiciones violentas y corruptas en cuya creación ha desempeñado un papel vital.
Este artículo fue traducido al español por Mauren Rivera y Ana-Júlia Saccani.
Laura Blume es profesora adjunta de Ciencias Políticas en la Universidad de Nevada – Reno. Su investigación y docencia se centra en la guerra contra las drogas, el crimen organizado, la violencia y la política centroamericana. Sus articulos han sido publicados en las revistas Comparative Political Studies, World Development y Political Geography.
