Después de décadas de intervenciones extranjeras, directas e indirectas, que coincidieron con políticas económicas punitivas que han llevado a un aumento récord de familias migrantes centroamericanas y menores no acompañados detenidos en la frontera de Estados Unidos, un importante acuerdo de inmigración entre Guatemala y Estados Unidos es firmado en un momento crucial.
El domingo 11 de agosto, los guatemaltecos fueron convocados a las urnas en medio de la incertidumbre, la indiferencia y la preocupación por el estado de inmutabilidad entre el liderazgo político aparentemente anacrónico del país. Dos políticos tradicionales compitieron por la presidencia en lo que la prensa internacional calificó irónicamente como un "concurso de impopularidad". Sin embargo, en la mente de los electores estaba el Acuerdo de Tercer País Seguro, no los comicios.
Solo el 42 por ciento de los votantes registrados se presentaron a las urnas, enfatizando la apatía generalizada en la población. Los guatemaltecos eligieron a Alejandro Giammattei, el ex director de presidios que ha cuestionado el pacto. En su discurso de victoria, Giammattei declaró: "Si no podemos atender a nuestra gente, mucho menos a los extranjeros".
El presidente Jimmy Morales, por otro lado, cayó en las manos xenófobas del presidente Trump al aceptar el Acuerdo de Tercer País Seguro, sacrificando así la vida de los centroamericanos dentro del país y en el exterior. La justificación de Morales para firmar el pacto: congraciarse con la Casa Blanca antes de que su inmunidad se disipe el 14 de enero de 2020, cuando Giammattei asumirá el cargo de presidente.
La Inoportuna Incursión de Morales en la Política
Hace cuatro años, Guatemala celebró las elecciones más importantes de su joven historia democrática.
Después de semanas de movilizaciones masivas en todo el país, a escasos días antes de las elecciones generales, un levantamiento ciudadano al deshonrado expresidente Otto Pérez Molina. El movimiento estalló en respuesta a investigaciones que revelaron el papel central de Pérez Molina en una de corrupción que había cooptado al estado a través de un esquema de soborno multimillonario en puertos y aduanas.
Hace cuatro años, Guatemala palpitaba con la esperanza de saber que el país estaba al borde de alcanzar una democracia más representativa, intemperante ante los intereses de las élites incrustadas en el poder desde tiempos coloniales, quienes habían mantenido un fuerte control sobre el poder político desde mucho antes del cambio de siglo.
Entre un campo repleto de candidatos apareció Jimmy Morales, un ex comediante sin experiencia alguna en la administración pública. Los antecedentes apolíticos de Morales aparentemente encarnaban la opción anti-sistema que resonó con los guatemaltecos frustrados, y ganó las elecciones de 2015 contra todos los pronósticos.
Morales participó con FCN-Nación (Frente de Convergencia Nacional) como su vehículo electoral, un partido político fundado por veteranos militares, muchos de los cuales habían sido acusados de cometer crímenes contra la humanidad durante los 36 años de guerra civil del país. Algunos advirtieron que Morales simplemente serviría como "la nueva cara de la vieja guardia militar de Guatemala", pero el alcance de su compromiso de proteger a las élites y el estatus quo aún sería una sorpresa para muchos guatemaltecos que decidieron elegirlo para el cargo.
Legados Perdurables
Cuatro años después de aquella movilización histórica, el país se encuentra una vez más en la encrucijada de un momento político decisivo, donde una crisis constitucional desencadenada por un presidente inexperto y reaccionario coincide con una crisis humanitaria catalizada por el aumento de la pobreza y la corrupción sistémica, cuyas causas quedaron sin ser abordadas por la administración saliente.
Una serie de medidas concertadas por Morales han debilitado sustancialmente las instituciones democráticas de Guatemala, revirtiendo los grandes avances que se habían logrado durante la última década en asuntos judiciales con la ayuda de un organismo anticorrupción respaldado por las Naciones Unidas.
El gobierno de Morales será recordado por desmantelar el mecanismo anticorrupción más importante del país, la Comisión contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala (CICIG), una iniciativa que recibió elogios de todo el mundo. Las investigaciones de la CICIG descubrieron redes de injertos que alcanzaron los niveles más altos del estado guatemalteco, implicando a funcionarios gubernamentales de alto rango del gabinete de Morales, incluidos su propio hermano e hijo.
Para evitar ser responsabilizado por sus fechorías durante su mandato, Morales entabló peleas con miembros de la comunidad internacional que apoyaron los esfuerzos fiscalizadores de la Comisión, declarando en última instancia al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, una persona no grata y una amenaza para la seguridad pública.
Contra la voluntad del pueblo guatemalteco, el gobierno terminó unilateralmente el mandato de la CICIG. La CICIG abandonará el país el próximo mes. Además, el presidente entrante, Alejandro Giammattei, ya ha dicho que no tiene de extender su mandato o crear una nueva iteración del cuerpo judicial, ya que considera que la comisión lanzó campañas negras para su candidatura.
Además de la erosión institucional, la administración de Morales también permitió un retorno más peligroso al pasado.
Los últimos cuatro años han visto el resurgimiento de un vociferante segmento de políticos y figuras públicas de extrema derecha en el ámbito público. Ex miembros del ejército guatemalteco, como el congresista de FCN-Nación, Estuardo Galdámez, han difundido una retórica que recuerda la Guerra Fría.
"La agenda globalista, abortista y comunista promovida por las Naciones Unidas no será aceptada en Guatemala", tuiteó Galdámez en respuesta a la expulsión de la CICIG. Galdámez más tarde se convertiría en el candidato presidencial de FCN-Nación, recibiendo sólo el 4.12 por ciento de los votos, representando la fallida estrategia de reelección del partido oficialista.
Organizaciones de la sociedad civil de extrema derecha, como la Fundación Contra el Terrorismo (Fundaterror) y Guatemala Inmortal se han unido a las articulaciones conspirativas, postulando que Guatemala "podría convertirse en otra Venezuela" dados los recientes esfuerzos anticorrupción. Estos grupos han denunciado que la CICIG practica la "justicia selectiva", ya que sus investigaciones demostraron cómo miembros de las élites empresariales, que eran intocables en el pasado, estaban involucrados en estructuras de poder ilícitas. Fundaterror y Guatemala Inmortal tenían el razonamiento erróneo de que, si los objetivos eran investigar a un segmento acaudalado de empresarios conservadores, entonces la CICIG debía de estar operando con una agenda ideológica.
Los líderes comunitarios han estado en el extremo receptor de esta renovada campaña anticomunista. El estado ha criminalizado sus causas y ha perseguido continuamente sus cuerpos. En 2018, Guatemala se convirtió en el país más mortal del mundo para los activistas ambientales.
Según Jordan Rodas, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, "el mandato de Jimmy Morales en el cargo es quizás la peor administración de la era democrática de Guatemala."
El Descaro Detrás Del Acuerdo de Tercer País Seguro
El legado inmediato de Jimmy Morales será un acuerdo suicida que supuestamente salva el honor del presidente saliente, pero al mismo tiempo sacrifica las instituciones cada vez más débiles del país. Quizás más importantemente, pone en peligro los medios de vida de su gente. Es un acuerdo que compromete severamente a la administración entrante de Giammattei, que ahora se verá obligada a jugar según las reglas de Trump.
En sus últimos meses en el cargo, el “pato rengo” Morales envió al Ministro de Gobernación Enrique Degenhart a Washington para firmar el infame Acuerdo de Tercer País Seguro con la administración Trump. La reunión en la Oficina Oval proporcionó una de las imágenes más emblemáticas de la administración de Morales: Trump vigila sobre el hombro de Degenhart mientras firma el pacto, insinuando la sumisión diplomática de Guatemala. La foto es una extraña recreación del siglo XXI de la "Gloriosa Victoria" de Diego Rivera de 1954.
Aunque el Tribunal Constitucional emitió un amparo que impedía al presidente Morales firmar el acuerdo, Morales acordó alquilar el territorio de Guatemala al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), la agencia encargada de materializar la agenda migratoria de Trump.
Rodas, junto con Manfredo Marroquín, el ex director del capítulo guatemalteco de la ONG global Transparencia Internacional, presentaron una queja ante el Tribunal Constitucional contra la ratificación del acuerdo criticado.
"El pacto solo representa una prioridad para el gobierno de Donald Trump", dijo el Procurador Rodas. “Esto no es parte de la agenda de Guatemala. Lo describí como un acuerdo poco ético, ilegal y opaco, ya que la falta de transparencia de su contenido ha sido asombrosa. Es un trato de perder para el país. Evidentemente, no tenemos la capacidad de acoger a solicitantes de asilo de otros países ".
Las razones para aceptar firmar tal compromiso parecen ser egoístas.
Según Marroquín, "la motivación de Morales para firmar el acuerdo es el interés propio. [El presidente] es objeto de investigaciones penales, supuestamente tiene vínculos con narcotraficantes y quiere evitar una extradición a los Estados Unidos si las acusaciones llegan a un tribunal de justicia."
A principios de este año, Morales se reunió con el ex candidato presidencial Mario Estrada pocos días después de que Estrada llegó a un acuerdo con dos agentes encubiertos de la DEA que se hicieron pasar por miembros del Cartel de Sinaloa. Estrada ha sido arrestado en los Estados Unidos por cargos relacionados al narcotráfico.
“Morales sólo quiere estar en buenos términos con Washington. Pero su reverencia no significa que Washington le corresponderá," advirtió Marroquín.
Incluso antes de las elecciones del 11 de agosto, Guatemala tenía el título de facto de centro de detención del DHS, en donde Estados Unidos intentará acelerar el proceso de deportación de solicitantes de asilo, principalmente salvadoreños y hondureños, enviándolos a la nación centroamericana. La administración Trump obligó al presidente Jimmy Morales y a Guatemala a firmar un controvertido pacto migratorio que servirá como mecanismo de deportación de puerta trasera para Washington.
Un paso hacia adelante, dos hacia atrás
En el contexto de este sensible momento político, que coincidió con una participación históricamente baja de los votantes en la segunda vuelta electoral, los guatemaltecos eligieron a regañadientes al cirujano y ex director de la prisión, Alejandro Giammattei, para convertirse en su próximo presidente. En una victoria abrumadora, Giammattei superó a la ex primera dama Sandra Torres por un margen de 20 puntos.
Después de no obtener la aprobación de los votantes en las elecciones de 2007, 2011 y 2015, cada vez con un partido político diferente, el eterno candidato presidencial finalmente asumirá el cargo en enero de 2020.
Los detractores consideran que Giammattei, un conservador de línea dura, representa una continuación del modelo de Morales: reacio a las críticas, en buenos términos con la poderosa élite empresarial de Guatemala e indiferente a las luchas de las comunidades marginadas.
Giammattei tiene una carrera en política guatemalteca que abarca más de dos décadas. Es más reconocido por presuntamente en las ejecuciones extrajudiciales en la Granja Penal Pavón en las afueras de la Ciudad de Guatemala mientras dirigía el sistema penitenciario nacional. Después de 10 meses en prisión preventiva, un tribunal eximió a Giammattei de los cargos, pero el legado de sus políticas de mano dura ha perdurado durante toda su vida política. Hasta este día, él afirma que el caso fue persecución en su contra.
"Será recordado por llevar a cabo una masacre contra siete reclusos", escribió el autor literario Engler García.
Los periodistas que han seguido a Giammattei lo describen como un hombre tenaz, obsesionado con la idea de gobernar. Sus impulsos a lo largo de la campaña incluyen el uso incesante de lenguaje grosero, gesticulaciones intensas y propuestas de políticas populistas sin ninguna base técnica.
"Ciertamente no inspira confianza," dice Marroquín, quien también participó como candidato presidencial durante estas elecciones.
Las acusaciones contra la credibilidad de su candidatura han generado especulaciones sobre su transparencia como político. La fuente local de noticias Nómada informó que Giammattei podría tener vínculos con narcotraficantes en los departamentos de Petén e Izabal. Además, su partido, el derechista Vamos, incluye a ex miembros del ejército guatemalteco como parte de su equipo de campaña.
En un país como Guatemala, inundado de narco-dinero, esta acusación no es sorprendente. Lo preocupante es darse cuenta de que la incursión de redes clandestinas en el estado guatemalteco, tanto en forma de narcotraficantes como de criminales de guerra, es irreversible y generalizada.
Además, Giammattei emitió una declaración sobre el acuerdo migratorio con los Estados Unidos, criticando los oscuros detalles del acuerdo. Al ser declarado ganador de las elecciones este pasado 11 de agosto, Giammattei dijo que tratará de modificar el acuerdo, planteando preguntas sobre si su estrategia será cumplir con el statu quo o la toma de decisiones volátiles.
La Olla de Presión
Una administración antisistema en Guatemala, impulsada por sentimientos nacionalistas que encontraron resonancia entre los fanáticos de la extrema derecha, exacerbó el éxodo entre las poblaciones rurales al no abordar las causas sistémicas de la desigualdad y la pobreza en Guatemala.
Ahora asumirá una administración recién elegida, en muchos aspectos similar a la anterior. Es supuestamente respaldada por militares y narcotraficantes, tiene un dudoso historial de derechos humanos y se muestra reticente a la rendición de cuentas judicial, llega al poder sin ninguna contrapropuesta tangible al restrictivo acuerdo migratorio.
En Guatemala se necesitará mucho más que un nuevo presidente para cambiar las estructuras de poder. El país requiere un cambio estructural dramático que aún no ha sido implementado por ningún político en el cargo.
Lo que es peor es que, a corto plazo, el futuro de Guatemala ahora representa un campo de batalla electoral para la política electoral de Estados Unidos, cuyos partidos han instrumentalizado al Triángulo del Norte como parte de sus propuestas migratorias para las elecciones de 2020.
"En estas nuevas condiciones, Guatemala se convertirá en una olla a presión", dice Procurador Rodas. "Es cuestión de tiempo para que explote."
Vaclav Masek es investigador y traductor de la Ciudad de Guatemala, cuyo análisis se centra en la política centroamericana y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina después de la Segunda Guerra Mundial.
